El 26 de septiembre, integrantes de la Guardia Costera de Estados Unidos que realizaban un

operativo cerca de Garceno, Texas, a orillas del río Bravo y a unos kilómetros de Ciudad

Camargo, Tamaulipas, reportaron haber recibido disparos desde México y respondieron al

fuego. No hubo heridos ni daños.

El domingo pasado, el embajador de EEUU en México, Ronald Johnson, informó que la

embajada ayudaba a coordinar con las fuerzas mexicanas desplegadas en la zona donde

ocurrieron los supuestos ataques contra la Guardia Costera. Ese día, México envió a 500

soldados y guardias nacionales, dos helicópteros, drones y equipos antidrones a cinco

municipios fronterizos de Tamaulipas para realizar una operación espejo coordinada con

EEUU.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló ayer que México no tiene evidencia de que los

disparos hayan salido de su territorio. Ningún elemento del Ejército, Marina o Guardia

Nacional los detectó. Su gobierno pidió a EEUU las pruebas y, mientras las recibe, aceptó

mantener la coordinación preventiva en la frontera.

La petición es razonable. Una acusación no se convierte en hecho comprobado porque

provenga del gobierno estadounidense. Si sus agentes recibieron disparos desde México,

EEUU debe compartir con las autoridades mexicanas la información que permita

acreditarlo y determinar quién disparó.

Además, las balas han cruzado antes la frontera en sentido contrario. En junio de 2010, el

agente de la Patrulla Fronteriza Jesús Mesa disparó desde El Paso y mató en Ciudad Juárez

a Sergio Adrián Hernández, de 15 años. El Departamento de Justicia investigó y decidió no

presentar cargos.

En enero de 2011, otro agente disparó desde Arizona y mató en Nogales, Sonora, a Ramsés

Barrón Torres, de 17 años. EEUU investigó y cerró el caso sin cargos. En octubre de 2012,

el agente Lonnie Swartz disparó desde Arizona contra José Antonio Elena Rodríguez, de 16

años, que estaba en Sonora. Fue procesado, pero no condenado. Estos casos muestran que

los disparos transfronterizos no comenzaron con el incidente denunciado ahora por EEUU.

Desde septiembre de 2025, el gobierno de Donald Trump ha destruido embarcaciones en el

Caribe y el Pacífico que asegura estaban dedicadas al narcotráfico. Hasta el domingo, la

agencia noticiosa Associated Press contabilizaba al menos 70 ataques y 235 muertos.

EEUU sostiene que cuenta con inteligencia que demuestra la actividad criminal de esas

embarcaciones, pero no ha hecho públicas pruebas que permitan verificar sus afirmaciones.

La relación entre México y EEUU cambió desde que Trump regresó a la Casa Blanca en

enero de 2025. México desplegó 10 mil guardias nacionales en su frontera norte, aumentó

el intercambio de inteligencia y profundizó la coordinación entre las fuerzas de seguridad

de ambos países. También aumentó la presión estadounidense para que México actúe

contra los cárteles y controle mejor su frontera.