La designación de Gilberto Loya Chávez como encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua no generó sorpresa; por el contrario, el movimiento vino a confirmar la rumorología persistente al respecto.

El exsecretario de Seguridad Pública fue perfilado en la víspera para asumir las riendas de la procuración de justicia, jugada que cobró fuerza en el momento en que el Congreso aprobó el dictamen para dotar dicha dependencia de autonomía constitucional, con vigencia transexenal, y eliminó requisitos que lo afectaban directamente.

Imposible no ligar que el movimiento se produjo tras la salida del exfiscal, César Jáuregui Moreno, un actor político de peso que, tras reaparición en escenario público, se ha convertido en incómoda piedra en el zapato dentro del tambaleante proceso de definición interna del PAN por el ayuntamiento.

Es, el nombramiento interino de Loya y la creación de la Fiscalía, apuesta en el tramo final de la administración estatal, jugando el todo por el todo en un estado acorralado por la violencia, en el umbral de elecciones gubernamentales altamente disputadas.

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La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales aprobó el 29 de septiembre pasado, el proyecto de dictamen emanado de los coordinadores parlamentarios del PAN, Alfredo Chávez, y de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez.

La propuesta central desvincula a la Fiscalía General del Estado de la estructura orgánica del Poder Ejecutivo, transformándola en un órgano público autónomo dotado de personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica, presupuestal y de gestión.

El punto neurálgico de la reforma -en cuanto a Loya se refiere- radica en los requisitos de elegibilidad para ocupar la titularidad del organismo, que echan abajo el marco constitucional vigente, exige sólo contar con título de Licenciado en Derecho registrado y acreditar al menos cinco años de ejercicio profesional.

La iniciativa del PAN y Movimiento Ciudadano sustituye la conjunción copulativa "y" por la disyuntiva "o", con lo cual la reforma planteó exigir título profesional de licenciatura en derecho o cinco años cuando menos de ejercicio profesional en materias relacionadas con la seguridad, procuración de justicia o investigación de delitos.

La redacción elimina la exigencia estricta de contar con una antigüedad mínima de cinco años en la cédula profesional de abogado, con lo que se permite que la trayectoria acumulada en mandos de seguridad pública sustituya el tiempo de ejercicio litigioso.

Gilberto Loya Chávez es Ingeniero Electromecánico por el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, con cédula profesional del 2018; sus estudios jurídicos son recientes: su cédula profesional de Licenciado en Derecho como la de Maestro en Derecho Penal y de Amparo fueron expedidas el mismo día, el tres de julio de 2026.

Sin la reforma al texto constitucional, la falta de los cinco años de ejercicio con cédula de abogado habría representado un impedimento legal insalvable para su perfilación al frente de la Fiscalía, ya no como encargado, sino como titular en la nueva institución que se está cocinando.

El proyecto definitivo está listo para ser llevado al pleno, con la eliminación de la reelección y echando abajo las propuestas que -en proyecto por separado- trató de impulsar Morena como el mecanismo de selección del próximo fiscal autónomo basado en un concurso de oposición, el sistema de desempate de votos legislativos por insaculación, fiscalías autónomas para pueblos originarios y discapacitados, etc.

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Pero, aunque éste listo, el dictamen enfrenta un obstáculo mayúsculo.

Al tratarse de una modificación a la Constitución Política del Estado, la aprobación requiere de manera ineludible la mayoría calificada de las dos terceras partes de los votos en el Congreso local.

En el actual escenario de fuerzas políticas, la suma de las bancadas del PAN y Movimiento Ciudadano -promoventes de la reforma- resulta insuficiente para alcanzar dicha cifra.

Aún si el bloque oficialista logra sumar el respaldo de los diputados independientes y de la representación del Partido Verde Ecologista de México, los números continúan sin alcanzar el umbral exigido.

Para materializar la reforma, el oficialismo se ve forzado a tejer alianzas complejas y requerirá necesariamente el voto del Partido del Trabajo o quebrar la unidad al interior de Morena.

Esta estrechez aritmética convierte el trámite legislativo en una negociación de altísimo costo político, con voto disputado al milímetro.

Hay área de oportunidad por quiebre interno PT-Morena, por designación de candidato a gobernador, y al interior del PT local la pugna ha dejado dolientes. Hay resquebrajaduras.

Tendría que ir PAN-MC, por los votos de América Aguilar y Rosana Diaz, independientes (exPT y exMorena respectivamente), más forzosamente el de Octavio Borunda (PVEM) y el de Irlanda Dominique Márquez (PT-Lilia).

Enfrente tendrán un coordinador guinda para la defensa de la transformación, Cruz Pérez Cuéllar, que abrió fuego permanente contra Loya-Torre Centinela. No será fácil.

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El nombramiento de Loya Chávez como encargado del despacho y virtual aspirante a la titularidad autónoma está sostenida sobre la narrativa de los resultados obtenidos durante sus 59 meses al frente de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y la implementación de la Plataforma Centinela.

De acuerdo con cifras de la propia corporación, la entidad registra una disminución de entre el 18 y el 20 por ciento en homicidios dolosos, con indicadores de que Ciudad Juárez concluyó 2025 con 927 casos, ubicándose por primera vez desde 2017 por debajo del umbral de los mil homicidios anuales.

Sin embargo, detrás de las reducciones porcentuales en homicidios, narcomenudeo y delitos patrimoniales, la realidad muestra una severa descomposición.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía contabilizaron dos mil 106 homicidios en Chihuahua durante 2025, lo que mantiene al estado entre las demarcaciones más violentas del país.

A la par, delitos atribuibles a las estructuras del crimen organizado continúan lastimando a la población: la desaparición forzada de personas, el desplazamiento interno de familias en las comunidades serranas y el constante tráfico de personas y migrantes en la franja fronteriza.

Ficosec ha advertido que la cifra negra en la entidad se mantiene en un alarmante 88 por ciento, evidencia del profundo distanciamiento entre la sociedad y las instituciones de procuración de justicia.

En este contexto, perfil y diseño de Fiscalía adquieren relevancia.

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La reestructuración del órgano persecutor y el ascenso de Loya Chávez no pueden entenderse de manera aislada al proceso de sucesión gubernamental de 2027.

Con un escenario político marcadamente polarizado, la administración estatal busca garantizar la continuidad de su proyecto y el control de la procuración de justicia más allá de la conclusión del actual mandato en la gubernatura.

El panorama electoral se perfila altamente disputado. Massive Caller, Emotegia y México Elige ubican al alcalde de Chihuahua capital, Marco Bonilla Mendoza, al frente de las preferencias en careos directos contra el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar.

GobernArte, Arias Consultores, Mitofsky y C&E Research asignan a Morena y a Pérez Cuéllar una ventaja considerable en la intención de voto por partido y en careos de posicionamiento.

Frente a un margen de victoria tan estrecho y una alta volatilidad en las encuestas, blindar la Fiscalía General del Estado mediante un esquema de autonomía de ocho años bajo un mando de absoluta confianza representa una jugada clave.

Si la reforma logra superar el laberinto de la mayoría calificada, el Ejecutivo habrá instalado un pilar institucional transexenal, aún con sus asegunes.