¿Qué ocurre realmente cuando un médico tiene enfrente a un paciente que necesita atención, pero no cuenta con los medicamentos o materiales para proporcionárselos? O bien, ¿qué sucede cuando el derechohabiente acude a la farmacia del Seguro Social y sale con una receta que tendrá que surtir con su propio dinero? Y es que lo que debería ser una garantía de seguridad se convierte, para muchos pacientes, en una preocupación más.
Las recientes protestas de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua, evidencian que el problema va más allá de los bloqueos y las demandas laborales. Hay denuncias por falta de insumos, medicamentos y personal, mientras los pacientes siguen esperando respuestas de una institución de la que dependen millones de mexicanos.
Los testimonios recogidos en Chihuahua hablan por sí mismos. Una mujer que pidió el anonimato por temor, reconoce que recibió buena atención, pero cuenta que cada mes debe comprar las gotas que necesita para los ojos. También denuncia que no encuentra medicamentos para la diabetes, la hipertensión y la tiroides. No culpa a médicos ni enfermeras, porque considera que hacen su trabajo, sino su reclamo es otro, y quizá más grave: la atienden, pero no recibe todo lo que necesita para su recuperación.
Basta con darse una vuelta por los hospitales para ver la dimensión del problema. Otra persona asegura que lleva mucho tiempo sin recibir insulina y afirma que les proporcionan pastillas, pero considera que no sustituyen el tratamiento que necesita. Un tercer derechohabiente reconoce que hay faltantes y señala que algunos medicamentos no llegan a tiempo del almacén a la farmacia; confía en que la siguiente semana se regularice el suministro. Son experiencias distintas, pero todas plantean la misma pregunta: ¿de qué sirve tener derecho a la atención médica si no se cuenta oportunamente con los medicamentos prescritos?
Incluso entre los pacientes hay quienes comprenden la protesta de los trabajadores y consideran que estos no son responsables de las decisiones tomadas en las instancias superiores. El conflicto, por tanto, no debería reducirse a trabajadores contra derechohabientes. Unos necesitan condiciones para atender y otros requieren atención efectiva. Al final ambos terminan pagando las consecuencias cuando el sistema falla.
Y no se trata de un problema nuevo. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el desabasto de medicamentos se agravó en medio de dificultades en los procesos de compra y distribución. De acuerdo con el colectivo Cero Desabasto, las recetas no surtidas efectivamente en el IMSS, pasaron de 1.47 millones en 2018 a 5.04 millones en 2019. En 2020 alcanzaron 15.86 millones y en 2021 llegaron a 22.06 millones, aunque disminuyeron a 12.54 millones en 2022, el problema persistió. Para 2024, con información proporcionada por el propio Instituto a “El Universal”, reportó 4.53 millones de recetas sin surtir.
Detrás de esas cifras hay personas que no recibieron completa y oportunamente los medicamentos prescritos. No son números abstractos para un paciente con diabetes, hipertensión o una enfermedad cardiaca. Son tratamientos pendientes, gastos imprevistos y familias obligadas a buscar alternativas. La pandemia agravó las dificultades, pero no puede servir como explicación única ni borrar la responsabilidad por las decisiones administrativas que contribuyeron al problema.
Las autoridades actuales tienen la obligación de demostrar que la situación mejora. No basta con anunciar compras o presumir porcentajes generales de abasto. Hay que explicar qué medicamentos faltan, dónde están los problemas de distribución, cuánto tardan en resolverse y cuántos pacientes deben pagar de su bolsillo aquello que deberían recibir en la institución.
En Chihuahua, los trabajadores han denunciado carencias de insumos y materiales para desempeñar sus funciones. Las protestas también han afectado consultas externas en algunas unidades, aunque se ha informado que los servicios de urgencias continuaron operando. Es comprensible la inconformidad del personal, pero también lo es la preocupación de quienes esperan una consulta o el seguimiento de una enfermedad. La solución no puede consistir en enfrentar a unos contra otros, sino en exigir respuestas a quienes administran los recursos y tienen la responsabilidad de garantizar el servicio.
Se olvidan de que el IMSS fue creado para proteger a los trabajadores y sus familias frente a la enfermedad, no para trasladarles la carga de resolver por su cuenta las carencias de la institución. Cuando una paciente tiene que comprar cada mes sus gotas, otra persona denuncia que no recibe insulina y los trabajadores afirman que carecen de materiales para atender, queda claro quiénes terminan pagando las consecuencias. Al final, los más perjudicados son los pacientes que necesitan atención y medicamentos, pero muchas veces deben conseguirlos fuera del Seguro Social.
Más allá de cuánto duren las protestas o de los acuerdos a los que lleguen trabajadores y autoridades, lo importante es que el Seguro Social garantice el abasto de medicamentos y la atención que necesitan sus derechohabientes. No basta con llegar a acuerdos si al final, los pacientes siguen sin recibir sus tratamientos y tienen que comprarlos con su propio dinero.
Ahora enfermarse implica preocuparse, no sólo porque te atiendan, sino también por conseguir el tratamiento, pagar de más o esperar sin certeza; todo esto refleja que algo está fallando. Ya no basta con reconocerlo ni con prometer que se corregirá. Las autoridades deben demostrarlo con medicamentos disponibles, atención oportuna y resultados verificables.
Al final da tristeza ver que tanto los trabajadores como los pacientes del IMSS, terminan padeciendo las carencias de una institución que debería protegerlos. Unos no tienen siempre lo necesario para atender y otros no reciben todos los medicamentos que necesitan, y mientras las cosas sigan así, los más afectados seguirán siendo quienes menos responsabilidad tienen en el problema.