Cuando los trabajadores de la salud salen a las calles para exigir medicamentos, insumos, personal suficiente y condiciones laborales dignas, el problema ya no puede esconderse detrás de los discursos oficiales.

La institución que durante décadas ha sido el principal respaldo médico de millones de mexicanos necesita escuchar a quienes la sostienen todos los días.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) nació oficialmente el 19 de enero de 1943, durante el gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho, con la misión de garantizar la seguridad social de los trabajadores y sus familias.

Han transcurrido más de ocho décadas desde entonces y el Seguro Social sigue siendo una de las instituciones fundamentales del país. Precisamente por eso, lo que ocurre en su interior debe preocuparnos a todos.

Los trabajadores han llevado sus inconformidades a las calles, y esto representa mucho más que una disputa salarial o un conflicto sindical. Las movilizaciones han expuesto reclamos por falta de medicamentos, insumos, equipo quirúrgico, plazas vacantes y mejores condiciones laborales. Son señales de alarma que las autoridades no deberían minimizar ni confundir con una simple inconformidad pasajera.

Porque detrás de cada medicamento que no llega hay una persona que puede ver agravada su enfermedad. Detrás de cada consulta aplazada hay una familia que vive con incertidumbre. Y detrás de cada quirófano que carece de insumos hay un paciente cuyo bienestar depende de decisiones que no toma y de recursos que no controla.

La salud no admite simulaciones. Una receta no cura si el medicamento no se entrega; una cita no resuelve el problema si se programa para cuando el padecimiento ya se complicó. El derechohabiente no necesita explicaciones interminables sobre procedimientos internos: necesita atención oportuna, diagnósticos adecuados y tratamientos completos.

A ello debe sumarse una planeación financiera sostenible. El instituto necesita calcular con realismo sus necesidades presentes y futuras, invertir en infraestructura, modernizar instalaciones y mantener equipos funcionales sin comprometer su capacidad de atender a las próximas generaciones.

No basta con anunciar nuevas unidades si las existentes carecen de personal o insumos. Tampoco sirve ampliar la cobertura sobre el papel si conseguir una consulta, una cirugía o un tratamiento especializado se convierte en una carrera de obstáculos.

Por eso esta advertencia no debe ignorarse. Las autoridades del Seguro Social tienen frente a sí una responsabilidad enorme. Escuchar a los trabajadores no significa conceder automáticamente todas sus demandas, sino abrir un diálogo serio, verificar los problemas denunciados y establecer compromisos medibles, con plazos y responsables.

También significa proteger a los derechohabientes durante cualquier conflicto, evitando que las diferencias administrativas o sindicales terminen perjudicando a los derechohabientes.

El Seguro Social tiene historia, experiencia y una enorme fuerza humana. Sus trabajadores han demostrado que pueden enfrentar situaciones extraordinarias, como lo hicieron durante el Covid. Ahora corresponde a las autoridades demostrar que saben escucharlos, administrar los recursos y corregir lo que no funciona.

Porque el verdadero prestigio del IMSS no se mide por sus edificios, sus informes ni sus campañas institucionales. Se mide en el medicamento que recibe un enfermo, en la consulta que llega a tiempo, en la cirugía que se realiza sin demoras injustificadas y en el trabajador que puede cumplir su labor con dignidad.

El IMSS necesita atención, pero también necesita atender. Atender a sus empleados, a sus pacientes y a una sociedad que durante décadas ha confiado en él.

La advertencia está sobre la mesa. Ignorarla sería un error que podría pagar el más vulnerable: el mexicano que no tiene otra alternativa que acudir al Seguro Social cuando su salud está en juego. Al tiempo.