¿Por qué sigue Komaba en el PAN y en la SSPE?

Muy saludado Bonilla en el aeropuerto

Al reincidente juez penal Juan Pablo Campos parece perseguirlo siempre el problema de sus resoluciones. La tarde del pasado miércoles dictó una no vinculación a proceso de un sujeto que la Fiscalía General del Estado acababa de presentar como presunto asesino, sumándole puntos de sospecha a los expedientes que le tocan. Sospechas con s de símbolo de pesos.

No es algo nuevo. En octubre de del año pasado presentamos en GPS el video de una audiencia en la que dictó una vinculación sin desarrollar los argumentos jurídicos de su decisión y sin precisar siquiera el delito por el que sometía al imputado a proceso.

Casi un año después, en septiembre pasado, el juzgador volvió a la discusión pública por el caso de Luis Fernando E. I., imputado por el choque ocurrido frente al Hospital Ángeles, en el que murió un adulto mayor, debido a que el conductor iba alcoholizado y drogado.

Campos dictó la prisión preventiva que nunca fue materializada porque el imputado fue privilegiado con el internamiento hospitalario de lujo; luego modificó la prisión preventiva por el acogedor resguardo domiciliario, brazalete electrónico y otras restricciones, para generar un escándalo social y judicial.

Ahora, apenas el pasado 13 de octubre, Campos López dictó la no vinculación a proceso de Lorenzo Rafael P. M., detenido con la debida orden de aprehensión por su presunta participación en el asesinato de un conductor de transporte, cometido en abril dentro de un camión en la colonia Jardines de Oriente.

De acuerdo con los antecedentes del caso expuestos en la audiencia, el juez reconoció la existencia del hecho delictivo, pero descartó la declaración ministerial del imputado porque el defensor que lo asistió proporcionó incorrectamente su número de cédula profesional. Sí, un tecnicismo sobre la misión fundamental de la justicia.

Otros datos de investigación, entre ellos el testimonio de una persona que describía la mecánica de los hechos y elementos relacionados con un vehículo, también fueron excluidos de la valoración judicial, sin explicación suficiente sobre la determinación de echar a la basura ese trabajo ministerial.

Si la defensa del imputado presentaba una irregularidad, correspondía al juez explicar sus alcances jurídicos y fundamentar por qué afectaba la validez de esa declaración. Pero otra cuestión sería determinar por qué esa circunstancia invalidaría, por sí misma, datos de prueba distintos e independientes.

Un caso sospechoso por mes, como lleva el juzgador -exregidor capitalino del PAN, favorecido en los acordeones judiciales del año pasado- ya es demasiado.

Obviamente, nadie que respete la ley puede exigir que un juez vincule a proceso a toda persona imputada ni sea cuestionada su integridad cuando resuelve en contra de la Fiscalía; obviamente, también, la vinculación no es una condena y la no vinculación tampoco equivale al cierre definitivo de una investigación, aunque el imputado de un asesinato sea liberado tras ejecutarle la orden de aprehensión obsequiada previamente.

Pero las decisiones de los jueces deben estar debidamente fundadas, motivadas y explicadas, de la misma forma, a profundidad, que deben ser valorados los datos de prueba.

¿Las resoluciones de Campos están suficientemente fundamentadas? ¿Tienen garantía sus decisiones de que respetan plenamente derechos de los imputados y de las víctimas? En estos últimos dos casos, al menos, las víctimas han sido invisibilizadas.

A ver, otro caso, el enésimo, para el magistrado “Paco” Acosta…o para “El Bayo” Valenzuela. Que le revise las bolsas a su señoría.

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Ayer estaba agendada una rueda de prensa en Palacio de Gobierno, con la participación de Luis Corral de Protección Civil y el subsecretario de Movilidad de la Secretaría de Seguridad Pública, César Komaba, pero nomás el primero llegó para anunciar medidas preventivas por el temporal frío y lluvioso que se avecina.

Komaba Quezada no acudió, así de simple. Tal vez se le hizo tarde cambiándose la cachucha panista por la de funcionario estatal, aunque más tarde algunos oficiosos justificaron su inasistencia porque se le empalmó una supuesta reunión con mandos de la Policía Vial y el secretario de Seguridad, Luis Ángel Aguirre.

El caso es que el martes por la tarde, al dirigente Komaba se le fue de las manos una reunión informativa en el PAN Municipal, ese que también está a su cargo, por más cuestionable que resulte la doble chamba, como si no tuviera el partido más gente capaz de tomar sus riendas en la ciudad, de tiempo completo y no a medias.

Ese día, desde temprano, estaba anunciada la asistencia de panistas inconformes a la junta que, en un principio, era para discutir la posibilidad de alianzas electorales, pero terminó convertida en una asamblea en la que decenas de militantes exigieron la convocatoria para elegir candidato a presidente municipal, ante la sospecha de que viene un “dedazo” a favor del secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña. Eso dijeron y gritaron ¡en público, no en privado!

Si tienen razón los panistas rebeldes -que apoyan los proyectos de César Jáuregui, Manque Granados o Rafael Loera, principalmente- o la tienen quienes piden unidad a favor de “Chago”, es lo de menos. La señal de fractura ahí está, como ha estado presente desde hace meses.

Pero la incapacidad operativa del PAN Municipal es la realidad de fondo. Está muy clara con un dirigente que tiene en sí mismo a su peor enemigo, cuando habla él mismo de “dedazos” y evidencia el desorden interno de un partido que dice tener unidad, al tiempo que dinamita desde adentro su principal bastión, el de la capital.

¿Por qué sigue Komaba con ese doble papel, si no da el ancho en ninguno de los dos cargos que mantiene con cargo al erario? Imposible no reconocer el símil entre el PAN y la ciudad carente de líneas viales en las calles, buenos semáforos, pasos peatonales adecuados y una circulación vehicular colapsada.

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A donde quiera que llega, Marco Bonilla es abordado por los ciudadanos que aprovechan su presencia para tomarse fotos, subirlas a redes sociales y mostrarle su apoyo.

Ayer ocurrió en el aeropuerto de Chihuahua, a donde llegó para abordar el vuelo que lo llevó directo a la Ciudad de México.

Desde la entrada hasta la sala de abordaje no pararon las fotos. Lo interesante fue el destino final de su viaje, las oficinas corporativas de un medio de televisión nacional donde, según supimos, se entrevistaría con altos ejecutivos de la empresa.

Desde que pidió licencia, no ha dejado Bonilla de tener reuniones con empresarios, estructura partidista y ahora medios de comunicación, sobre todo porque no existe campaña exitosa sin los canales de comunicación con la ciudadanía. Eso dice su equipo.

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La inquietud generada por los lineamientos del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México en materia impositiva y territorial no constituye un debate aislado en la capital del país, como ha pretendido mostrarse.

Aunque la postura oficial encuadra estas iniciativas dentro de la planeación urbana y la armonización catastral, terminará por elevar la recaudación impositiva por el simple hecho de equiparar los valores catastrales a los comerciales.

Pero no es todo, el economista y exsubgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, ya delineó de manera informal una reforma estructural para elevar la recaudación del predial del 0.3% al 1.5% del Producto Interno Bruto.

La estrategia planteada implica retirar a los municipios la organización y mantenimiento de sus catastros para transferirlos a los estados, además de concentrar la cobranza directamente en la federación a través del recibo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Este esquema impacta directamente al artículo 115 constitucional, el cual otorga a los ayuntamientos la facultad de administrar libremente su hacienda y percibir las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

Al ser el predial el único impuesto directo de competencia municipal, transferir su cobranza o supeditar la valuación a la federación y el estado reduce la capacidad de gestión del municipio y termina por convertirlos en entidades totalmente dependientes.

Ni hablar del impacto en las finanzas de las personas que deberán pagar en algunos casos hasta cinco veces el predial por actualización al valor comercial, idea que no pasó por la mente de Esquivel, pero que hoy está en la palestra.