-Jáuregui, con amparo desde que dejó la FGE

-Opta por esconderse el delegado del IMSS

La ejecución de Omar Ricardo González Mendoza, alias “El Ricky”, en el estacionamiento de Fashion Mall, el 7 de octubre pasado, fue de tan alto perfil que ahora se ha convertido en una señal de alerta sobre los alcances territoriales de la disputa criminal en Chihuahua.

Una semana después, dos hombres fueron asesinados en Creel y sus familiares denunciaron que fueron víctimas de una confusión. Entre ambos episodios, las investigaciones condujeron hasta Ciudad Juárez.

“El Ricky” no era, según información de inteligencia de las áreas de seguridad estatales, un operador cualquiera. Era considerado jefe de plaza en Creel y mano derecha de Eddy Zafiro Ibarra, alias “El Zafiro”, identificado como líder del Cártel de Sinaloa en gran parte de la zona serrana.

Como tal, al también piloto aviador se le atribuían funciones de coordinación de sicarios, distribución de droga y traslado de integrantes de esa estructura criminal y de Los Salazar, con operaciones en la región serrana y Sonora.

Su asesinato ocurrió en uno de los centros comerciales más concurridos de la capital. Los primeros reportes describieron a dos hombres en motocicletas (marca especial de La Línea-La Empresa, del Cártel de Juárez) que esperaron a su objetivo y lo persiguieron a balazos cuando lo ubicaron.

La primera pista pública relevante llegó con la detención en la colonia Diego Lucero de Brian Enrique S. M., de 29 años, a quien las autoridades relacionaron con el caso. Terminó acusado únicamente de “halconeo”, no de homicidio, aunque inicialmente fue presentado como presunto asesino, en esas ya clásicas mentiras difundidas en comunicados oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

Pero el rastro no terminó en la capital. El 14 de octubre, elementos de Agencia Estatal de Investigación detuvieron en la colonia Tierra y Libertad, en Ciudad Juárez, a Carlos Alberto M. R., de 25 años, y Francisco Javier M. M., de 34.

Los agentes llegaron hasta ellos después de dar seguimiento a una camioneta relacionada con las indagatorias, cuyo desplazamiento apuntaba hacia Juárez. Al revisar el vehículo, detectaron que tenía reporte de robo en Denver, Colorado, Estados Unidos.

El dato relevante es la ruta: una ejecución en Chihuahua, un primer detenido presuntamente relacionado con La Empresa y otros dos hombres localizados en Juárez mediante el seguimiento de un vehículo bajo investigación. La conexión entre estas piezas deberá establecerse judicialmente, pero el caso vuelve a poner en evidencia la dimensión de las operaciones criminales.

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Pero esta disputa por la que cayó “El Ricky” no puede analizarse al margen de los antecedentes. La rivalidad entre las estructuras asociadas al Cártel de Sinaloa y las vinculadas el Cártel de Juárez ha marcado distintas regiones de Chihuahua.

La ejecución de un operador de alto nivel generalmente llega a modificar equilibrios, provocar ajustes internos o detonar nuevas agresiones. Y prueba de eso es la noticia que llegó de Creel.

El 14 de octubre, Jesús Abel Soto Caraveo, de 58 años, y su hijo Jesús Abel Soto Machado, de 29, fueron asesinados a balazos en el barrio La Terminal. La Fiscalía de Distrito Zona Occidente reconoció que investigaba una posible relación con el homicidio de “El Ricky”; ahora sabemos que fue una represalia y, posiblemente, una terrible confusión de los criminales.

Élida Araceli Soto Machado denunció públicamente que la familia teme nuevas agresiones. Según su testimonio, otro de sus hermanos se llama Enrique Soto Machado y pudo haber sido confundido con Brian Enrique S. M., uno de los detenidos por el caso Fashion Mall.

La denuncia es demasiado grave para quedar reducida a una declaración familiar: dos personas inocentes fueron asesinadas y sus parientes aseguran que hubo una confusión de identidad, ante lo cual tienen miedo de que los poderosos criminales insistan en sus ataques que, por cierto, han sido causa de varios desplazamientos forzados de pobladores de la sierra a otras ciudades del estado.

Así, queda en evidencia la conexión Fashion Mall-Juárez-Creel, tres regiones muy distantes entre sí, que dan cuenta del poderío criminal, sus ramificaciones, implicaciones y nivel de organización.

El reto de la Fiscalía del Estado va más allá de esclarecer ahora la ejecución de “El Ricky”. No puede dejar impunes otras dos ejecuciones de inocentes ni permitir que esa familia esté en riesgo, pero de ese caso no ha mostrado un solo avance, lamentablemente.

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Al exfiscal César Jáuregui le negaron, el pasado jueves, la suspensión definitiva dentro de un juicio de amparo que tramitó desde que dejó la Fiscalía General del Estado, en contra de actos privativos de la libertad y otras actuaciones de las autoridades de cualquier nivel.

El juicio de garantías sigue su curso y es muy posible -dado que es abogado- que tenga otras demandas presentadas ante la justicia federal, en vista de que la tensión sigue al alza por la mezcla del caso del narcolaboratorio del municipio de Morelos y sus aspiraciones políticas, en abierto choque con el Palacio de Gobierno.

El exfuncionario debe estar confiado en el alcance de los amparos, porque ha mantenido su aspiración "hasta donde tope". Con esa protección, entonces con la suspensión provisional en la bolsa, acudió a declarar a la Fiscalía General de la República en Ciudad Juárez, cuando fue requerido, el pasado mes de mayo, pero aquellos tiempos eran un día de campo en comparación con el vendaval que enfrenta ahora.

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En la agenda oficial del Palacio de Gobierno, ayer aparecía destacado el Congreso Estatal de Farmacovigilancia 2026, a cargo del titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Luis Carlos Tarín Villamar, para realizarse en el viejo Palacio Federal, la Casa Chihuahua.

Estaba prevista la participación federal de, entre otros, el representante del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Marcelo Alberto Ramírez Flores y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Julio Mercado Castruita, pero éste último hizo el desaire.

En medio de la crisis del IMSS, que cumple más de una semana de protestas de los trabajadores -en contra de la dirigencia sindical de Jorge Arturo Herrera y la gestión de la parte patronal, representada en Chihuahua por Mercado Castruita- el funcionario hizo lo que mejor le sale, esconderse y no dar la cara. La cobardía al 100 por ciento; no qué va, al mil.

Supuestamente, el médico responsable del IMSS en el estado no pudo atender el compromiso porque estaba muy ocupado atendiendo a la base trabajadora en medio de esta crisis laboral y sindical, pero eso sí, muy alejado de los medios para no tener que enfrentar preguntas incómodas.

El desaire al foro estatal hizo que le pusieran una tacha a su nombre, una más, mientras el organismo federal sigue sin respuestas a los reclamos salariales y de insumos de trabajo que ahora vienen desde adentro, no nada más de los derechohabientes.