“Con base en el curso de las investigaciones internas realizadas hasta ahora, resulta procedente señalar que hubo omisiones tanto en la información como en la gestión institucional respecto de los puntos de contacto con dichas personas. Esa omisión vulneró los mecanismos de control y comunicación que, como titular de la Fiscalía General del Estado, tenía la obligación de asegurar en su funcionamiento eficaz. Reconozco esta responsabilidad política en el ámbito del liderazgo institucional y la necesidad de corregirla”… esas fueron las palabras textuales que leyó el entonces Fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno cuando presento su renuncia al cargo.

Desde ese momento la suerte estaba echada, y lo subsecuente como su declaración por mas de dos horas en la Fiscalía General de la República que el mismo catalogo de “entrevista” o el intenso activismo desarrollado para lograr la candidatura de su partido a la Presidencia Municipal de Chihuahua no pueden dejarse de entender como una consecuencia de ese primer error que el mismo reconoció.

La muerte de dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, junto con dos funcionarios de la Fiscalía de Chihuahua, en la Sierra Tarahumara, dejó de ser una tragedia ocurrida durante una operación antidrogas para convertirse en una crisis política, jurídica y diplomática que compromete la credibilidad de las instituciones y pone a prueba la relación entre Claudia Sheinbaum y Maru Campos.

La captura del exfiscal cambió la naturaleza política del caso: La controversia dejó de girar exclusivamente alrededor de declaraciones contrapuestas y pasó a una etapa en la que las imputaciones deberán sostenerse ante un juez.

La Fiscalía estatal informó que la investigación se relaciona con la presunta participación de agentes extranjeros en el operativo, así como con posibles omisiones en la cadena de mando y en los protocolos aplicables. Entre los delitos señalados contra Jáuregui se encuentran el ejercicio ilegal del servicio público y la coalición de servidores públicos y el el otro presento responsable Guillermo Arturo Zuany Portillo, no ha sido localizado.

El caso irrumpe en un momento políticamente sensible para Chihuahua, donde el PAN y Morena se preparan para disputar el poder estatal en 2027. Por ello, la investigación corre el riesgo de convertirse en munición para una confrontación que trasciende el expediente.

La detención de César Jáuregui, uno de los hombres cercanos al poder estatal hasta estos fatídicos hechos, no demuestra automáticamente que exista persecución política. Del mismo modo, la existencia de una orden judicial no convierte automáticamente en culpable a la persona detenida.

Lo que debe determinarse es si existen elementos suficientes para sostener las imputaciones, si la investigación se realizó conforme a derecho y si los mismos criterios se aplicarían a funcionarios de cualquier partido.

Porque cuando la justicia se convierte en una extensión de la competencia electoral, el daño institucional alcanza a todos, por eso, la obligación de las autoridades es evitar tanto la condena anticipada como el blindaje partidista.

Y claro los reflectores se centran en que si la decisión judicial afectará a los resultados electorales del próximo año, porque esta claro que Chihuahua capital es el centro de la estrategia del PAN para el 2027.

Los 43 años de militancia de César Jáuregui desde luego que arrastran alianzas y compromisos, ya muchos veían en su proyecto la forma de llegar a la Presidencia Municipal de Chihuahua y siempre desecharon la posibilidad de que la ley lo alcanzara.

Será conyuntural lo que suceda en los próximos días, porque falta aún ver si la autoridad federal ejerce alguna atracción por la carpeta de investigación que de igual manera mantiene abierta sobre el asunto del Pinal, municipio de Morelos.

No hay duda de que la gobernadora Maru Campos Galván enfrenta uno de los episodios más delicados de su administración: el problema no consiste únicamente en el costo político de la detención de uno de sus antiguos colaboradores, sino en la obligación de explicar cómo funcionaron los mecanismos de supervisión, comunicación y control dentro de las instituciones estatales.

Como ya se ha dicho, la renuncia de Jáuregui en abril no cerró la controversia, pero con la detención se confirma que la investigación ha avanzado hacia la esfera penal, aunque no determina por sí misma la culpabilidad del exfuncionario ni la responsabilidad de otros integrantes del gobierno.

El gobierno estatal enfrenta un desafío que va más allá de defender su posición frente a la Federación: necesita demostrar que la Fiscalía puede investigar a sus antiguos mandos sin interferencias y que los procedimientos de seguridad no dependen de acuerdos informales ni de decisiones fuera de los cauces institucionales.

Las próximas horas serán cruciales… y sin duda muy alucinantes.