Hay instituciones que no deberían convertirse en campo de batalla para que los gobiernos y los partidos políticos midan fuerzas. El Instituto Mexicano del Seguro Social es una de ellas. Su historia está ligada a la construcción de un sistema de protección de la salud y estabilidad futura para los trabajadores mexicanos y sus familias, por eso preocupa que sus carencias terminen afectando a quienes más necesitan de sus servicios, pero sobre todo, aquí lo grave, que los opositores políticos traten de abanderar esas causas para sus beneficios proselitistas.
No debe olvidarse que el IMSS nació en 1943 y, con el paso de las décadas, se convirtió en uno de los pilares de la seguridad social en México. Para dimensionar su importancia, basta un dato: al cierre de 2024 tenía 62.6 millones de derechohabientes adscritos a sus unidades de medicina familiar. Si se consideran también los beneficiarios con derecho a recibir servicios que no estaban adscritos a una unidad, la población cubierta potencial llegaba a 77.4 millones de personas. No hablamos de una institución secundaria, sino de una de la que dependen millones de familias mexicanas.
Su actividad cotidiana también da una idea de lo que representa. En 2025, el propio instituto reportó 104 millones de consultas de medicina familiar y un millón 780 mil cirugías. Detrás de esas cifras hay personas que acuden a las clínicas para atenderse alguna enfermedad y necesitan seguimiento médico o bien, esperan una intervención. Para ellas el Seguro Social no es un asunto de estadísticas ni de discursos políticos, es el lugar al que recurren cuando su salud está en riesgo. Para muchas, es la única opción que tienen.
Por eso las protestas de trabajadores del IMSS no deberían verse solamente como un conflicto laboral más; sus denuncias son por la falta de medicamentos, de insumos y materiales para atender a los pacientes. Cuando el personal no cuenta con lo necesario para trabajar, los derechohabientes también resienten las carencias.
Las manifestaciones también han encontrado respaldo entre muchos derechohabientes, y es entendible. Los trabajadores reclaman mejores salarios y prestaciones, pero también denuncian la falta de medicamentos, materiales y personal. La propuesta salarial para el periodo 2026-2027 contemplaba un aumento de 2.9 por ciento al salario tabular y de 3.9 por ciento en prestaciones. En Chihuahua, los resultados preliminares de la consulta reportaron 12,879 votos en contra y 645 a favor. El conflicto deja claro que no basta con discutir los salarios, también es necesario atender las condiciones en las que médicos, enfermeras y demás trabajadores, realizan su labor.
Al mismo tiempo, la deuda pública sigue creciendo. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, al cierre de julio de 2026, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, la medida más amplia de la deuda, llegó a 19.22 billones de pesos. Un año antes era de 17.84 billones, lo que representa un aumento nominal de aproximadamente 1.38 billones de pesos. La cifra obliga a discutir las prioridades del gasto público. No significa que todo ese dinero pudiera destinarse directamente al IMSS, pero sí es válido exigir que el Gobierno Federal explique cómo administra los recursos y qué resultados obtiene, mientras trabajadores y pacientes denuncian carencias en una institución esencial para millones de mexicanos.
Y los números confirman que el problema del abasto no puede minimizarse. En 2024 el IMSS reportó 4 millones 681 mil 871 recetas no surtidas, equivalentes al 2.2 por ciento de las 214.5 millones de recetas emitidas durante ese año. Aunque el porcentaje fue menor que en los años más críticos de la pandemia, eso no cambia la realidad de quienes se quedaron sin parte de su tratamiento.
El IMSS arrastra dificultades desde hace años. Pero reconocer que los problemas vienen de atrás, no libera a las autoridades actuales de la obligación de resolverlos. Gobernar también significa hacerse cargo de las instituciones que se reciben, corregir sus deficiencias y evitar que los ciudadanos paguen las consecuencias.
Durante los últimos años se ha hablado de transformar al país y dejar atrás las prácticas del pasado, sin embargo, una transformación no debería significar el descuido de instituciones que han sido fundamentales para la vida de millones de mexicanos. El IMSS fue creado durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho, antes de la fundación formal del PRI, y creció a lo largo de distintas administraciones. Su valor actual no depende de quién lo creó ni de qué partido gobernaba, sino de lo que representa para la población.
Si algo necesitaba cambiar en el Seguro Social, era para mejorarlo, pero las carencias que hoy denuncian trabajadores y pacientes, muestran que todavía hay mucho por resolver. No basta con anunciar inversiones, contratar personal o informar que aumentó el número de consultas cuando al mismo tiempo hay pacientes que no reciben sus medicamentos o trabajadores que denuncian no contar con materiales para atenderlos. Los resultados deben sentirse también en las clínicas y hospitales donde la gente busca una respuesta concreta a sus problemas de salud.
Tampoco tiene sentido enfrentar a los trabajadores con los pacientes. Unos reclaman condiciones adecuadas para cumplir con su labor, otros necesitan recibir la atención por la que han cotizado durante años. Ambos padecen las consecuencias cuando el sistema falla. La responsabilidad de dar respuestas corresponde a quienes administran el instituto y tienen la obligación de garantizar su funcionamiento.
En México, la división política parece haber ocupado cada espacio de la vida pública. Se habla de transformación, de acabar con el pasado y de construir un nuevo país, pero hay asuntos que no deberían quedar atrapados en esa disputa. La salud es uno de ellos. El IMSS no puede convertirse en otra pieza de una confrontación política ni pagar las consecuencias de decisiones que no resuelven sus problemas si el propósito era cambiar lo que no funcionaba, la obligación era mejorar el servicio. Y sí, como dicen las autoridades, se está haciendo; los resultados todavía no son suficientes. No se puede dejar a los derechohabientes esperando sus medicamentos ni a los trabajadores sin los materiales necesarios para atenderlos.