La presidenta Claudia Sheinbaum calificó ayer de "muy irresponsable" la actuación de César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua, a quien la Fiscalía General de la República (FGR) acusa de traición a la patria. ¿Fue una irresponsabilidad, una violación de la ley o un delito que puede castigarse con hasta 40 años de prisión? La diferencia importa.

En abril, la Fiscalía de Chihuahua realizó un operativo contra un laboratorio clandestino de drogas en El Pinal, municipio de Morelos. Participaron dos estadounidenses que murieron, junto con dos funcionarios mexicanos, en un accidente carretero cuando regresaban de la sierra. Estados Unidos confirmó que trabajaban para su embajada. Reuters informó, con base en fuentes, que eran agentes de la CIA, algo que el gobierno estadounidense no ha confirmado públicamente.

La fiscal general Ernestina Godoy sostiene que Jáuregui organizó el operativo sin tener facultades para hacerlo, permitió la participación de extranjeros en tareas reservadas a las autoridades mexicanas, no abrió previamente una carpeta de investigación y avisó a los estadounidenses antes que a las autoridades federales. Es la versión de la FGR, no una sentencia.

Si se comprueban esas acusaciones, Jáuregui tendrá que responder por sus decisiones. Una fiscalía estatal no puede actuar al margen de las atribuciones que le concede la ley ni permitir que extranjeros ejerzan funciones públicas sin autorización. México necesita colaborar con Estados Unidos contra el narcotráfico, pero esa colaboración tiene límites.

La pregunta es otra: ¿esas posibles violaciones constituyen traición a la patria? El artículo 123 del Código Penal Federal contempla actos contra la soberanía nacional y diversas formas de colaboración con gobiernos extranjeros que perjudican a México. No dice que cualquier cooperación irregular con agentes de otro país sea, por ese solo hecho, traición.

La FGR debe señalar qué parte de ese artículo considera aplicable y explicar cómo encajan allí los actos atribuidos al exfiscal. También debe presentar las pruebas. Que un juez haya autorizado su detención no significa que haya sido declarado culpable.

La presidenta también cuestionó que el operativo se realizara de noche y que los participantes circularan por una carretera peligrosa. La muerte de cuatro personas obliga a revisar lo ocurrido y las decisiones de quienes organizaron la operación. Pero un accidente, por trágico que sea, no demuestra por sí mismo que alguien traicionó a México.

Hay preguntas sin respuesta. ¿Quién solicitó la participación estadounidense? ¿Qué hicieron exactamente los dos extranjeros? ¿Quién autorizó su presencia? ¿Qué sabían las autoridades federales? Sin aclarar estos puntos será difícil establecer qué responsabilidades corresponden a cada funcionario.

Si Jáuregui violó la ley, debe responder por ello. Pero acusarlo de traición a la patria exige demostrar algo más que una actuación irresponsable o una colaboración irregular con agentes estadounidenses. La FGR tendrá que explicar qué hizo el exfiscal para cometer ese delito y presentar las pruebas. No basta con que la fiscal general afirme que atentó contra la soberanía nacional. Una acusación que puede llevar a una persona a pasar hasta 40 años en prisión exige algo más que declaraciones.

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