Sale Maru al control de daños que deja el exfiscal
La necesaria evaluación a juecesLa intensa jornada político-judicial del fin de semana se extendió a la de ayer lunes, con el exfiscal general, César Jáuregui, enviado a los juzgados federales con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, para ser puesto a disposición de una jueza de control que lo requiere por el delito de traición a la patria.
Ni de lejos es lo mismo una audiencia judicial abierta del fuero común en Chihuahua que una diligencia federal en una instalación de máxima seguridad, de ahí que el caso quedó bajo riguroso y secreto control de la Fiscalía General de la República (FGR), sin más información al detalle que la brindada por la defensa de Jáuregui Moreno, tomada por el penalista Héctor Villasana Ramírez. Sin embargo, el proceso estrictamente jurídico y técnico resulta insuficiente para comprender y explicar el caso del exfiscal. En este terreno son muy obvias las conclusiones de lo que le espera en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) del Altiplano; salir de ahí es misión imposible para cualquiera. La prisión preventiva oficiosa aplica en casos de delitos graves que atenten contra la seguridad nacional. El Código de Procedimientos Penales clasifica la traición a la patria bajo este supuesto de gravedad constitucional, pese al carácter decimonónico del delito imputado, sin un solo antecedente reciente contra un civil. Pero esa es la letra de la ley y, además, en el caso abonaría a la necesidad de una cautelar como la prisión preventiva el criterio de riesgo de sustracción de la justicia, pues al imputársele un delito con alta penalidad, (hasta 40 años de cárcel), existe un incentivo elevado de fuga; además, la gravedad que alega la FGR es por el despliegue no autorizado de armas y agentes extranjeros vinculados a una agencia extranjera. Ante ello, Villasana tiene un reto enorme enfrente para lograr que su representado enfrente el proceso en libertad, aún en el supuesto de que Jáuregui ofrezca algo superior a cambio porque, para colmo y según lo que reveló la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera, la FGR investiga al exfiscal por otras causas. Con esa losa jurídica encima, el panista está más cerca de quedarse en Almoloya que en su casa o en el penal de Aquiles Serdán... y mucho más lejos de la candidatura por la que peleaba contra la corriente oficialista estatal.***
Ahora bien, el trasfondo político de traiciones, acuerdos secretos, confrontaciones y pactos turbios explica de mejor manera el caso de César Jáuregui, a partir de las consecuencias que tiene su detención.
Con casi toda la cúpula del panismo escondida para evitar fijar una postura sobre su compañero, de forma insólita serán la FGR y la 4T las que decidan quién será el candidato o candidata a la Presidencia Municipal de Chihuahua, de entre los que queden con vida una vez que sea totalmente desactivado el exfiscal estatal. Es decir, las consecuencias políticas del caso se reducen a eso en el PAN, más allá de la tragedia personal que vive Jáuregui Moreno, quien habrá de conocer las condiciones reales de un penal federal de máxima seguridad donde, incluso, es posible que tenga enemigos peligrosos, no simples rivales políticos como los que tenía afuera.***
En medio del caso Jáuregui, la gobernadora Maru Campos salió ayer pasado el mediodía con un video en redes sociales, para fijar una postura institucional sobre lo ocurrido el sábado, lo que reforzó el mensaje que previamente había dado la presidenta Sheinbaum en la mañanera sobre las investigaciones federales que siguen su curso en la Fiscalía General de la República.
Explicó la mandataria la situación en la esfera de su competencia, la estatal, para establecer con claridad cómo había sido procesado el exfiscal por parte de la Fiscalía General tras la creación de la unidad especial de investigación y cómo la justicia había procedido. El mensaje, clarísimo, fue que nadie de su administración que haya incurrido en irregularidades será protegido. Y también, a la vez, que nadie iba a ser perseguido por otra razón distinta a la que corresponde al aparato de justicia. "Aquí no se protege ni se persigue a nadie", fue, en suma, la parte toral del control de daños encabezado por la mandataria. Eso llegó a reforzar, decíamos, el mensaje presidencial que no se limitó al delito de traición a la patria, sino a más investigaciones contra Jáuregui Moreno por otros posibles delitos.***
Es tema tabú entre los panistas, pero irremediablemente en voz baja ya comienzan a hablar, dentro del mismo equipo del exfiscal, qué sigue después de la penosa situación que habrá de enfrentar César Jáuregui, descarrilado así de la contienda interna del PAN por la candidatura a la Presidencia Municipal.
Tal vez por ese juego futurista, ayer surgió misteriosamente una invitación para una rueda de prensa del equipo de Jáuregui, donde estarían Luis Villegas, Guillermo Luján, el exalcalde Juan Blanco y los regidores Félix Martínez e Isaac Díaz, pero nadie apareció en el hotel Quallity Inn, supuestamente apartado para tal fin. El caso es que entre los panistas presumen que el grupo alrededor del exfiscal tenía a su favor entre un 25 y un 30 por ciento de apoyo en el Consejo Estatal del PAN, así como un piso mínimo de dos mil militantes de Acción Nacional amarrados en su proyecto, mientras que el resto del padrón estaría fragmentado entre el montón de aspirantes de la capital, que casi suma una decena. Si esos números son reales y el grupo de Jáuregui decide participar en contra de quien resulte electo candidato o simplemente actuar de brazos caídos, con el exfiscal también se habría hundido el proyecto del secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, resulte o no ungido como candidato a alcalde, de acuerdo con las estimaciones que en voz baja hacen los panistas indignados.***
A un año y seis semanas de que más de 300 jueces y magistrados surgidos de la inédita elección popular de junio de 2025 tomaran protesta e iniciaran sus funciones el primero de septiembre de 2025, el sistema de justicia se encuentra ante la rendición de cuentas.
Conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, la Unidad de Evaluación de Desempeño Judicial del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial tiene la responsabilidad legal de aplicar una evaluación ordinaria a cada persona juzgadora tras sus primeros 90 días y antes de que se cumpliera su primer año de mandato. ¿Cómo salieron evaluados en este periodo de prueba? No lo sabemos. La lógica indica que las métricas no deben limitarse a la productividad de expedientes tramitados, sino evaluar los conocimientos técnicos, el dictado oportuno de resoluciones, la satisfacción ciudadana y el comportamiento ético. En el terreno práctico las omisiones se vuelven evidentes, con juzgadores que evaden la esencia de la oralidad para refugiarse en el viejo modelo burocrático basado en el papel. Otros incurren en pifias evidentes durante el desarrollo de las audiencias por falta de pericia procesal, y otros más cuyos fallos han derivado en la liberación de presuntos delincuentes debido a vicios de procedimiento. Estas deficiencias demuestran que el voto directo y las recomendaciones de cúpula no sustituyen la solidez de la carrera judicial ni garantizan la excelencia técnica. El marco legal faculta al Tribunal de Disciplina Judicial para imponer desde medidas correctivas y capacitaciones obligatorias hasta suspensiones de un año e incluso la destitución definitiva de quienes no acrediten la idoneidad exigida. Por eso la relevancia de la evaluación que ya debe estar practicada.***
Por las redes sociales del mismo Marco Bonilla y de otros actores políticos, nos enteramos que el viernes pasado estuvo en Guachochi como invitado del diputado, Arturo Medina, quien presentó su informe de actividades legislativas.
No es la primera vez de Bonilla en la sierra, por lo menos contabilizamos otras tres visitas anteriores a esa y ayer volvió al corazón de la Sierra Tarahumara, pero esta vez por invitación de Mario Mata Carrasco. Marco va entendiendo que cada región tiene necesidades diferentes. Ahí aprovechó para platicar con los habitantes sobre temas relevantes para la zona. En ese caso se trata de apostar al turismo en coordinación entre municipio y estado, que aunque son de colores distintos están trabajando unidos para cambiar la calidad de vida de las personas. A Bonilla eso le han solicitado, trabajo coordinado aunque no sean del mismo partido, no sólo en Guachochi, también en otras partes del estado, como Nuevo Casas Grandes.