La consigna más exitosa de los últimos años en materia de seguridad pública ha sido también una de las más engañosas: “atacar las causas” del crimen.

La fórmula parecía irreprochable. Después de todo, nadie puede oponerse a combatir las causas de un problema. Sin embargo, detrás de aquella consigna permanecía una pregunta casi siempre ausente del debate público: ¿cuáles causas?

La respuesta dominante fue inequívoca. La pobreza, la exclusión social y la falta de oportunidades fueron presentadas como la explicación fundamental de la criminalidad. De esa premisa surgió la convicción de que becas, subsidios y transferencias económicas terminarían reduciendo el flujo de reclutas hacia las organizaciones criminales.

La hipótesis poseía una virtud política evidente: era sencilla. Y precisamente ahí residía su principal debilidad.

No porque la pobreza sea irrelevante. No lo es. Las carencias materiales pueden aumentar vulnerabilidades y limitar horizontes de expectativa. El problema apareció cuando una variable social importante fue elevada a la categoría de explicación predominante de uno de los fenómenos más complejos de la vida colectiva.

Toda teoría sobre el delito implica una predicción. Si la incorporación a las organizaciones criminales dependiera principalmente de la pobreza, una política sostenida de transferencias económicas debería reflejarse, tarde o temprano, en una reducción apreciable de su capacidad de reclutamiento. No se trata de exigir la desaparición inmediata del fenómeno, sino de observar si la tendencia general evoluciona en la dirección prevista por la hipótesis. Precisamente ahí aparece la principal dificultad para sostener el diagnóstico oficial.

Después de años de expansión de programas sociales, las organizaciones criminales siguen reclutando jóvenes, conservan capacidad de crecimiento y mantienen presencia territorial en amplias regiones del país. Los hechos no demuestran que la pobreza carezca de importancia; demuestran que no constituye la explicación central del fenómeno.

El error consistió en confundir una variable con un sistema.

Toda persona forma parte simultáneamente de diversos sistemas sociales: familia, escuela, comunidad, grupos de amistad, espacios laborales, organizaciones religiosas, actividades económicas e instituciones políticas. Los integrantes del crimen organizado no abandonan esos sistemas. Operan dentro de ellos.

Por esa razón, las organizaciones criminales modernas no reclutan solamente individuos. Reclutan funciones.

Necesitan operadores financieros, abogados, contadores, transportistas, informantes, empresarios, funcionarios corruptos y especialistas en logística. Necesitan personas capaces de conectar actividades ilegales con estructuras legales.

La imagen tradicional del narcotraficante armado resulta insuficiente para comprender esta realidad. El crimen organizado contemporáneo funciona como un sistema complejo que combina actividades legales e ilegales, poder económico, influencia política, control territorial y capacidad de reclutamiento.

Su fortaleza no descansa únicamente en el dinero o la violencia. Descansa en su capacidad para insertarse en comunidades, mercados e instituciones.

Por eso una política social no equivale a una política de seguridad.

Reducir carencias materiales puede mejorar condiciones de vida. Desmontar organizaciones criminales exige fortalecer instituciones, reducir la impunidad, recuperar territorios, desarticular redes de corrupción y debilitar los mecanismos sociales que permiten la reproducción de estas estructuras.

La consigna de “atender las causas” terminó funcionando así, como una gran coartada intelectual. El discurso reconocía la complejidad del fenómeno, pero la acción pública se concentró en una interpretación parcial de sus determinantes. Una variable relevante adquirió el rango de explicación dominante y una porción del sistema causal terminó ocupando el lugar del sistema completo.

El problema de la estrategia oficial no radica en haber combatido una causa real. Radica en haber actuado como si esa causa explicara el conjunto del fenómeno. Confundir una variable con un sistema conduce inevitablemente a intervenciones parciales frente a problemas complejos.

El crimen organizado contemporáneo no es una suma de delincuentes. Es una estructura social capaz de reproducirse, reclutar, adaptarse e infiltrar instituciones. Mientras esa realidad permanezca oscurecida por explicaciones simplificadoras, seguiremos discutiendo las causas del crimen sin comprender plenamente cómo funciona.

Toda política pública depende de la calidad de su diagnóstico. Y cuando un fenómeno sistémico se interpreta mediante una explicación parcial, el resultado suele ser previsible: se modifican algunas condiciones sociales sin alterar significativamente el andamiaje que sostiene el problema.