Las elecciones intermedias del 3 de noviembre podrían modificar el equilibrio político en Washington y abrir un nuevo capítulo en la relación bilateral, y claro la frontera norte de México, particularmente Chihuahua, estará entre las regiones más expuestas a sus consecuencias.
El próximo martes 3 de noviembre, Estados Unidos celebrará una de las jornadas electorales más importantes de la administración de Donald Trump; aunque no estará en juego la Presidencia de la República, las elecciones intermedias representan un referéndum sobre el desempeño del mandatario, su proyecto político y la capacidad de su partido para conservar el control del Congreso.
El resultado tendrá repercusiones que irán mucho más allá de las fronteras estadounidenses: México, por su profunda integración económica, comercial, migratoria y de seguridad con su principal socio, podría convertirse en uno de los países más afectados por la nueva correlación de fuerzas que surja de las urnas.
Para Chihuahua, la importancia es todavía mayor; no solamente comparte una extensa frontera con Texas y Nuevo México, sino que forma parte de una región económica y social cuya estabilidad depende de las decisiones que se toman en Washington, Austin y otras capitales estadounidenses.
La elección no debe interpretarse exclusivamente como una disputa entre republicanos y demócratas, ya que lo que está en juego es la orientación que tendrá la política estadounidense hacia México durante los próximos dos años, precisamente cuando la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la migración, el combate al narcotráfico y las presiones comerciales forman parte de una agenda bilateral particularmente delicada.
Para México, y particularmente para Chihuahua, Texas representa uno de los principales indicadores que deben observarse.
La competencia electoral texana tiene una importancia estratégica porque concentra una de las comunidades hispanas más numerosas de Estados Unidos y porque su economía está profundamente vinculada con México.
Esto refleja una transformación política que merece atención: el electorado latino no necesariamente está abandonando sus preocupaciones sobre seguridad fronteriza, pero tampoco está dispuesto a respaldar indiscriminadamente las políticas de persecución migratoria.
Para México, esta modificación tiene una lectura importante: los gobiernos fronterizos estadounidenses tendrán que equilibrar el discurso de seguridad con las necesidades de sus propias comunidades, que dependen de la relación económica, familiar y comercial con nuestro país.
La región Chihuahua-El Paso-Santa Teresa constituye uno de los corredores económicos más importantes del norte de México, y claro su dinámica industrial, comercial y logística está directamente relacionada con las decisiones estadounidenses.
Por eso, el resultado electoral puede tener repercusiones en cuatro grandes ámbitos.
La revisión del T-MEC representa un punto de enorme sensibilidad para Chihuahua ya que la industria manufacturera, automotriz, electrónica, aeroespacial y de exportación depende de reglas comerciales estables y de una relación aduanera eficiente.
El otro efecto estará relacionado con la política migratoria; donde las redadas, deportaciones, restricciones de asilo y endurecimiento de los controles fronterizos han generado tensiones en distintas comunidades estadounidenses.
En el tema de seguridad y narcotráfico, es sin duda el asunto más delicado y el punto de mayor preocupación para México.
La administración Trump ha colocado el combate al narcotráfico, el fentanilo y las organizaciones criminales mexicanas en el centro de su discurso de seguridad nacional.
El problema es que la cooperación bilateral puede quedar atrapada entre dos posiciones: la exigencia estadounidense de resultados contundentes y la defensa mexicana de su soberanía nacional.
El Congreso tiene facultades para revisar la cooperación de seguridad, aprobar presupuestos, establecer condiciones y exigir informes sobre las acciones del gobierno mexicano.
Para Chihuahua, donde los temas de seguridad, las operaciones contra laboratorios clandestinos y la participación de agencias estadounidenses han generado controversias políticas; además el resultado electoral estadounidense no será un acontecimiento distante ni exclusivamente diplomático.
La economía estatal está vinculada con las decisiones comerciales de Washington y con la dinámica política de Texas y Nuevo México: cualquier modificación en los controles aduaneros, las condiciones de exportación, las políticas migratorias o la cooperación de seguridad tendrá consecuencias directas sobre Ciudad Juárez, Chihuahua capital y los principales corredores industriales.
Así las cosas, el martes 3 de noviembre no se decidirá quién gobernará Estados Unidos, pero sí quién tendrá la capacidad de acompañar, condicionar o confrontar las decisiones de Donald Trump durante los últimos dos años de su administración.
Para nuestro país, el mayor riesgo no está exclusivamente en que gane uno u otro partido, sino en que la relación bilateral se convierta en un instrumento de confrontación política interna en Estados Unidos.
México no puede depender de la alternancia partidista estadounidense para construir una estrategia de defensa de sus intereses. Necesita una política exterior sólida, una estrategia comercial de largo plazo y una coordinación institucional en materia de seguridad que no esté subordinada a los tiempos electorales.
Para Chihuahua, la advertencia es todavía más clara: la frontera no es solamente una línea divisoria entre dos países, sino un espacio económico, social y político compartido, y lo que ocurra en las urnas estadounidenses tendrá repercusiones en nuestras industrias, nuestras familias, nuestra seguridad y nuestro futuro.