Ven grave vulneración al fuero judicial

Desangelada operación panista

Hace seis meses, el 14 de febrero, apuntamos en GPS que la amistad entre el juez penal de Parral, Manuel Jurado Torres, y el abogado Juan Carlos Payán, defensor de imputados en un par de casos llevados por el juzgador, comenzaba a levantar sospechas de complicidad.

El titular de la Fiscalía Anticorrupción, Abelardo “El Bayo” Valenzuela, la tarde del jueves pasado, le puso nombre a la conducta, basado en el Código Penal del Estado: prevaricación agravada, que le imputa al juzgador y que amenaza también al litigante, aunque la figura no necesariamente implica la connivencia de dos o más personas.

Por eso ahora resulta obligado recuperar las imágenes del archivo (pueden verse en la edición digital) enviadas por litigantes parralenses, que prueban los vínculos de amistad y hasta de posible sociedad profesional en algún despacho, desde antes de que Jurado Torres asumiera como juez en el Distrito Judicial Hidalgo.

Eso en sí mismo debería haber sido un obstáculo, al menos moral, para que el juzgador conociera de causas llevadas por el litigante, pero no fue así.

En un primer caso, en el mes de enero del año 2024, Julio César M.V. fue acusado de violar en un motel de Parral a quien era su novia, además de golpearla salvajemente. Por tales hechos, el 23 de octubre de 2025, recibió prisión preventiva y fue vinculado a proceso por una juzgadora especializada en violencia de género.

Sin embargo, el lunes 22 de diciembre de ese año, mientras la jueza de la causa se encontraba de vacaciones, la defensa, amigo de Jurado, solicitó de manera indebida la revisión de la medida cautelar, siendo atendida dicha audiencia por su amigazo juez de control.

Sospechosamente, Jurado revocó la prisión preventiva, lo que colocó a la víctima en un alto grado de riesgo al liberar a un potencial feminicida. Ello, pese a la existencia de un dictamen que establecía el peligro en el que estaba la mujer y la resolución de una juzgadora especializada.

Un segundo caso fue en febrero de este año, como decíamos, el de Edna Chávez Loya, fallecida en lo que la Fiscalía Especializada en Delitos contra Mujeres (FEM) consideró un feminicidio, pero el mismo juez Jurado, con el mismo defensor Payán del imputado Juan de Dios V.M., reclasificó el delito a homicidio imprudencial.

El vuelco fue gravísimo, en medio de testimonios que apuntaban a actos de violencia previos contra la víctima, incluso un intento de atropellamiento anterior y otras agresiones sufridas por quien ahora, lamentablemente, ya no vive para contar la realidad.

Así, sin más calificativos, dejamos el contexto de una detención y un proceso inédito contra un juzgador, que no puede ni debe parar en un solo acusado.

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Este caso del juez Manuel Jurado Torres generó reacciones muy favorables entre quienes exigen poner freno a los excesos judiciales, pero entre los abogados constitucionalistas provocó indignación por un proceso que, aseguran, puede meter en un gran aprieto a la Fiscalía Anticorrupción.

Expertos constitucionalistas observan en la detención de juzgadores, cuando no alcanza a satisfacerse el debido proceso, un daño terrible a la justicia. Porque para poner fin a las actuaciones ilegales de jueces y disuadir que se repitan actos de prevaricación, no pueden cometerse otros actos inconstitucionales o ilegales que produzcan un daño similar o más grave a la justicia, al generar temor en los juzgadores.

El artículo 179 de la Constitución del Estado da fuero a los juzgadores. No es un privilegio, es una garantía para proteger la función, a efecto de blindar, garantizar y potenciar su imparcialidad en la toma de decisiones jurisdiccionales. Y sin imparcialidad, los jueces no son nada; esa es la nota distintiva de su función.

Además, el artículo 180 de la propia Constitución prevé que la licencia suspende el fuero y demás prerrogativas inherentes al cargo, pero no prevé que la suspensión con fines de investigación de responsabilidades administrativas, decretada por el Tribunal de Disciplina Judicial, tenga los mismos efectos que la licencia.

En ese último supuesto estaba Jurado Torres, suspendido por un proceso administrativo decretado por el órgano encargado de disciplinar a los juzgadores locales.

Entonces, si la licencia como excepción permite proceder contra un juzgador sin tener que desaforarlo previamente para quitarle la inmunidad procesal, ese caso de excepción -conforme a la doctrina y jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación- debe interpretarse restrictivamente y no puede ampliarse al caso de la suspensión con fines de investigación de responsabilidades.

Desde la óptica de los constitucionalistas, que no quieren abrir frentes de batalla con la poderosa Fiscalía Anticorrupción, la actuación ministerial-judicial en marcha es tanto como cometer un fraude a la propia norma constitucional y vulnerar el principio de inmunidad procesal.

El principio general del derecho es: “odiosa sunt restringenda, favorabilia sunt amplianda”, traducido en el sentido de que las normas que establecen excepciones que restringen derechos o garantías son de aplicación estricta y no admiten analogía o mayoría de razón.

Por eso, desde esa óptica, proceder penalmente, girar y cumplimentar orden de aprehensión contra un juez aún suspendido en la vía administrativa disciplinaria, imponerle medida cautelar de prisión preventiva y vincularlo a proceso, son conductas que vulneran el fuero constitucional del que goza el juzgador e inclusive pueden ser conductas delictivas. De ahí que la Fiscalía puede acabar metida en un problema gravísimo.

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Complejo el panorama para el PAN y su aliado el PRI si sigue la falta de convocatoria a quienes habrán de fungir como representantes el día de los comicios el próximo año.

Está semana hubo una reunión del PAN con miras de capacitar a quienes habrán de ser los representantes generales, con asistencia mínima. No hubo más de 10 personas.

Sí así están con los representantes generales, que tendrán a su cargo un mínimo de 10 casillas, cómo estarán con los representantes de casilla, que tendrán que ser mil 234 si tomamos en cuenta los números de la última elección.

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Llamó la atención que en distintos puentes de la ciudad de Chihuahua hayan comenzado a colocarse lonas con el mensaje “Hablar Salva Vidas".

Es la campaña impulsada por el Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS) que busca llegar hasta las personas que atraviesan por una crisis emocional.

Las lonas pueden observarse en puntos estratégicos de la ciudad, principalmente sobre el Periférico de la Juventud, la avenida Cantera y Circuito Universitario, precisamente en zonas donde se han registrado situaciones de personas en crisis emocional que han requerido la intervención de elementos de la Policía Municipal.

En ese sentido, el Alcalde Marco Bonilla no ha quitado el dedo del renglón en materia de prevención del suicidio.

Ha informado la alcaldía que se han impulsado acciones para acercar atención psicológica y herramientas de prevención.

Una de ellas es la Línea de Atención en Crisis *800, donde profesionales de la salud ofrecen escucha activa, orientación, acompañamiento y contención emocional inmediata, incluso ante situaciones en las que existen conductas suicidas.

La estrategia trata de prevenir, detectar y actuar a tiempo, utilizando también los espacios públicos para hacer visible un problema del que durante mucho tiempo se prefirió no hablar.