Imagine la escena: el gladiador derrotado, tendido en la arena, mientras miles de espectadores esperan que el emperador o la multitud decidan su destino, que el poder del pulgar determine su futuro.

La escena es poderosa porque resume una idea elemental y peligrosa: convertir la justicia en espectáculo y la decisión sobre la vida, la muerte o el castigo en una expresión colectiva de aprobación o rechazo.

Esa escena se puede trasladar a los últimos hechos en Chihuahua, desde el juicio colectivo que se desarrolló luego de un lamentable accidente donde muere un hombre cuando un joven en supuesto influjo de drogas provoca el choque y trata de escapar desnudo; o del proceso en contra de un juez por supuesto delito de prevaricación, pero que se montó todo un show desde su detención, con rueda de prensa y hasta “fanfarrias” cuando el juzgador decide “renunciar”.

La cereza del pastel en la polémica reciente la coloco el coordinador de los diputados de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada al recordar que jueces y magistrados fueron electos por voto popular, en pocas palabras, que se deben al pueblo y deben consultar al pueblo para decidir.

Si bien la historia real del Coliseo es más compleja, ya que no existe certeza histórica de que los romanos utilizaran exactamente el conocido “pulgar arriba o pulgar abajo” para decidir la suerte de un gladiador, en lo que no hay duda es que la arena era un espacio de poder, propaganda, entretenimiento y representación social; las ejecuciones públicas y los combates formaban parte de ese espectáculo.

Y precisamente por eso la comparación con el nuevo Poder Judicial mexicano resulta incómoda: la justicia no debe convertirse en espectáculo.

La reforma judicial modificó radicalmente la manera de integrar buena parte del Poder Judicial y llevó la elección popular de jueces, magistrados y ministros al centro del nuevo modelo, y a un año de esta polémica decisión no se pueden ocultar los errores y expectativas no cumplidas.

El argumento político fue contundente: acercar la justicia al pueblo, terminar con privilegios, combatir la corrupción y devolver legitimidad democrática a una institución que durante décadas fue cuestionada por su distancia respecto de los ciudadanos.

El problema aparece cuando la legitimidad electoral comienza a confundirse con legitimidad judicial, porque hay que puntualizarlo: un juez no está llamado a preguntar qué quiere la mayoría: está llamado a determinar qué establece la Constitución, qué dice la ley y cuáles son los derechos que deben protegerse, incluso cuando su decisión resulte impopular.

En la arena romana, el espectáculo necesitaba al público, la reacción de la multitud era parte del poder simbólico del acontecimiento; la justicia moderna, en cambio, nació precisamente para sustraer determinadas decisiones fundamentales de la presión inmediata de las mayorías.

A un año de la entrada en funciones del nuevo modelo, ya aparecen problemas que no pueden atribuirse únicamente a la resistencia del antiguo sistema.

La transición ha estado acompañada de problemas administrativos, disputas internas, cuestionamientos presupuestales y dificultades para poner en marcha las nuevas instituciones, además de problemas de transparencia y capacidad operativa.

Queda claro que la justicia no puede estar a expensas de la popularidad de los juzgadores, cuando la justicia comienza a depender demasiado de la reacción de la multitud, existe el peligro de que el acusado deje de ser una persona con derechos para convertirse en un personaje.

Porque es claro que el ciudadano indignado pide castigo, las redes sociales exigen culpables, los políticos demandan resultados, los medios buscan titulares y claro la sociedad, legítimamente cansada de la impunidad, quiere respuestas inmediatas.

¿Podrán jueces y magistrados resistir a la presión política y social?, no me refiero a los recientes hechos en la discusión pública, porque sería un error pensar que si antes los jueces estaban alejados del pueblo, ahora deben depender del pueblo.

Quien debe poner el ejemplo es la nueva Suprema Corte que todavía tiene una oportunidad histórica, puede demostrar que la cercanía con el pueblo no significa justicia populista.

Roma dejó una advertencia que debería ser tomada con seriedad: una sociedad puede acostumbrarse a mirar la justicia como espectáculo, exigir culpables antes de conocer las pruebas, celebrar condenas porque satisfacen la indignación colectiva y hasta puede acostumbrarse a pensar que el castigo es sinónimo de justicia.

En fin, no necesitamos una justicia que pregunte a la multitud hacia dónde debe levantar el pulgar.