Parezco disco rayado, pero, como he dicho en repetidas ocasiones, considero que la función del Estado como ente político es atender tres cuestiones fundamentales para la población: seguridad (que es su función primigenia), educación y seguridad social (servicios de salud, pensiones, etc.).

En el caso de la seguridad, hemos visto que México cada vez está peor. Durante años, la minoría que hoy gobierna señaló a Calderón como el causante de la violencia en México. Hoy, catorce años después de que Calderón dejó el poder y a ocho años de vivir en una ineptocracia encabezada por Morena, la culpa sigue siendo de Calderón, según esa feligresía.

En temas de seguridad, el gobierno maquilla números y decide aumentar las cifras de desaparecidos para poder decir que disminuyeron los homicidios. El 70 % del territorio nacional está controlado por el crimen organizado (según datos del Departamento de Estado), pero la Presidenta parece no ver esto. Sinaloa lleva dos años en estado de guerra, Tamaulipas es zona de conflicto y es inseguro viajar por prácticamente cualquier carretera del país.

Los periodistas se quejan de la violencia contra periodistas, y las mujeres, de la violencia contra las mujeres. Sin embargo, la violencia es, desafortunadamente, algo que se ha "socializado" en el país, pues no hay un sector que no sea vulnerable o que no se encuentre en riesgo de sufrir un delito.

En pocas palabras, el Estado mexicano no cumple con su función de brindar seguridad. Las causas de la violencia pueden ser muchas y variadas, pero las razones por las cuales los índices no disminuyen son por todos conocidas: el gobierno está en manos de delincuentes. Y lo digo así, sin tapujos, porque ha quedado claro el vínculo de Rubén Rocha Moya con la delincuencia; ha quedado claro también el vínculo de Adán Augusto López con el crimen en Tabasco, a través de La Barredora. Igualmente, se han publicado los acuerdos que Américo Villarreal (gobernador de Tamaulipas), Marina del Pilar Ávila (gobernadora de Baja California) y Alfonso Durazo (gobernador de Sonora) tienen con el crimen organizado. Incluso se ha señalado en carpetas de investigación la participación de Andrés Manuel López Beltrán en esquemas de huachicol fiscal, entre otros muchos hechos de corrupción.

Precisamente por la violencia, las madres buscadoras deciden buscar los cuerpos de sus hijos desaparecidos, pero el gobierno, en vez de auxiliarlas, decide investigarlas para ver "quién las financia". Esa es una postura oficial enteramente fascista.

Es decir, con todos estos antecedentes, es evidente que el gobierno no puede protegernos del crimen precisamente porque el gobierno es el crimen. Así de simple.

En el caso de los servicios de salud, estos se han deteriorado porque se destinan recursos públicos a los programas sociales que, sin métrica alguna, regalan dinero a millones de mexicanos. Por ello, los hospitales públicos no tienen insumos ni personal suficientes para hacer frente a las carencias en materia de salud, ni mucho menos para atender adecuadamente a los mexicanos. Los padres de los niños con cáncer se quejan continuamente de que no hay quimioterapias. Como respuesta, el gobierno fascista que tenemos señala que dichos padres son agitadores. Es decir, según el gobierno, los padres de los niños "politizan" esa situación.

Basta darse una vuelta por el Seguro Social o por cualquier hospital público para darse cuenta del enorme deterioro del sistema de salud que tenemos. No solo no hay infraestructura suficiente para atender a la población, sino que, además, no hay citas para atención médica ni medicinas en las farmacias de dichos hospitales.

Precisamente ayer veía en televisión el caso de una señora que desde 2024 no ha podido realizarse una resonancia magnética en el IMSS porque le cambian continuamente la cita. Esta señora no puede hacer frente a ese gasto con los seis mil pesos bimestrales que el gobierno le da. Por un lado, le dan dinero y, por otro, le quitan muchos más recursos al no ser atendida en los hospitales públicos.

La cereza del pastel fue el resultado de la prueba PISA, que mide la comprensión lectora y la capacidad de realizar operaciones matemáticas, entre otras habilidades. El informe de dicha prueba lo publica la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

En este caso, México obtuvo el puntaje más bajo en matemáticas y comprensión lectora en veinte años. Pero esto no les interesa a los chairos. Ellos dicen que la culpa es de Calderón y de Peña, porque los niños que hoy son evaluados nacieron en esa época. Como siempre, nunca es culpa de ellos y siempre es culpa del pasado.

Por su parte, la Presidenta atribuye este descenso a la tecnología y a las redes sociales. Sin embargo, nada dice de que la matrícula escolar sea cada vez menor, a pesar de que cada vez hay más niños en México.

Esto es una negligencia criminal por parte del gobierno mexicano. Se está condenando a generaciones enteras de mexicanos a la ignorancia. La reforma educativa impulsada en su momento por el presidente Enrique Peña tenía como propósito poner orden en el sector educativo. López Obrador decidió no aplicarla (con un decreto, no con una derogación o abrogación) para seguir entregándole al sindicato la rectoría educativa de México. El sindicato debe defender a sus afiliados, pero no debe dirigir la política educativa. Sin embargo, para los gobiernos de la 4T la educación simplemente no es una prioridad. Se puede entender que para López Obrador la educación no fuera prioritaria: pasar catorce años en la universidad evidencia que la escuela no era lo suyo. Pero la Presidenta Sheinbaum, quien siempre se ha jactado de haber sido profesora universitaria y a quien sus cercanos llaman "la doctora", debería mostrar un poco más de empatía y decisión en la cuestión educativa en México.

En la década de los cincuenta, cuando termina la guerra de Corea, la brecha de años estudiados entre Corea del Sur y México era de solo 2.4 años. Esa brecha se ha ampliado. En pocas palabras, y según datos oficiales, el nivel educativo en México se encuentra a la par del que tenía Corea del Sur en 1989. Es decir, tenemos casi treinta y siete años de rezago respecto a esa nación asiática.

En dicha prueba PISA, los jóvenes coreanos promediaron 526 puntos en ciencias, 501 en lectura y 522 en matemáticas. En México, los jóvenes promediaron 414 en ciencias, 408 en lectura y 388 en matemáticas, muy por debajo de los promedios de la OCDE. Diría la feligresía que esas son solo cifras neoliberales y que ellos tienen otros datos.

En los años sesenta, Corea del Sur era un país con un desarrollo similar al de México. Hoy no tiene siquiera caso compararlos. Más que compararnos con Corea del Sur, quizá deberíamos compararnos con Corea del Norte. Ahí también ejercen un culto a la personalidad del líder, como pasa en México, y viven en un régimen autoritario como el que tenemos en nuestro país. La diferencia es que los niveles de seguridad en Corea del Norte son muy superiores a los de México, precisamente por ser una dictadura. Aquí tenemos un régimen que controla al poder legislativo, al ejecutivo y, desde el año pasado, al judicial. Con todo eso, no son capaces de pacificar al país. Utilizan todo ese poder para cometer sus fechorías, como el huachicol fiscal o el caso Segalmex, entre otras tropelías.