La escapada de Francisco “Paquito” González Arredondo, exjefe de la persecución contra duartistas durante la fracasada gestión de Javier Corral, fue por un túnel oscuro, lodoso y maloliente, el mismo que utilizó para su huida el exgobernador de Chihuahua convertido en senador plurinominal de Morena.

El caso del torturador del corralato -denunciado por cinco exfuncionarios menores del gobierno de César Duarte hasta que la Comisión Nacional de Derechos Humanos determinó la existencia de actos ilegales e inhumanos- no ha concluido con una sentencia condenatoria ni con una absolución, sino que se pretende cerrar por la Fiscalía General de la República (FGR) dejándolo en el aire.

El exfiscal que durante el gobierno de Corral encabezó las investigaciones de la llamada Operación Justicia para Chihuahua -una ficción creada a partir del abuso del marketing político- pasó de perseguir a los operadores del duartismo a convertirse él mismo en imputado por presuntos actos de tortura.

Fue detenido en noviembre de 2022 y vinculado a proceso por hechos que la Fiscalía de Chihuahua, terminada la gestión de Corral, ubicó entre 2017 y 2018.

Hasta ahí, el asunto podía entenderse como una investigación penal más, pero dejó de serlo porque detrás del expediente aparecieron los mismos actores, intereses políticos y disputas institucionales que han acompañado, y anclado al subdesarrollo político, a Chihuahua durante una década.

“Paquito” era uno de los hombres centrales de la estrategia dizque anticorrupción de Javier Corral, el proceso fallido más envuelto en publicidad gubernamental que en actos y resoluciones jurídicas, esas que poco a poco cayeron por su propio peso en los tribunales.

Su caída en prisión fue obra de una investigación por tortura surgida no de una estrategia estatal de justicia sino de una recomendación del órgano nacional de derechos humanos, pese a lo cual Corral logró envolver al morenismo en la trampa de defender a su exfiscal consentido con la ridícula y narcisista fachada de que era un preso político por venganza contra él.

Ahora “Paquito” está libre sin haber sido absuelto ni sentenciado; la justicia quedó comprometida y manchada con el mismo lodo que Corral levantó cuando forzó las atracciones de investigaciones por la Fiscalía General de la República, orientadas a dejar caer los casos en su contra, más que a perseguir los delitos.

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El camino fangoso de la ruta de escape de “Paquito” alcanza a manchar a la titular de la FGR, Ernestina Godoy, gracias a quien fuera hasta hace poco su “renunciado” fiscal de Asuntos Relevantes, Ulises Lara, el protector de Corral.

Sí, ese que le ayudó a librarse de una orden de aprehensión en la Ciudad de México en agosto de 2024 y se prestó a las maquinaciones del expanista para quitarse de cargos y ayudar a sus compinches, como lo hemos visto desde aquel año y hasta la fecha.

La tortura, el delito por el que fue detenido e imputado, terminó siendo lo menos investigado por la FGR, que institucionalmente dejó naufragar el expediente en los tribunales, como acaba de suceder después de años de un litigio simulador patrocinado por Corral Jurado.

Hoy algunos corralistas, como “Lucha” Castro, presumen que la justicia desarmó de forma legítima el caso contra el gran persecutor de la corrupción duartista, pero la realidad, sin matices, es que no hay un triunfo justiciero en ello, es más bien un fracaso.

Un tribunal colegiado determinó hace unas semanas que la acusación no precisaba suficientemente fechas, circunstancias y participación concreta del imputado durante un periodo que abarcaba prácticamente 21 meses.

Esa “indefinición”, concluyeron los magistrados, afectó su derecho a una defensa adecuada, aunque en la carpeta original de la FGE aparecían todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar para sustentar la acusación.

Esa es una resolución judicial que debe respetarse, pero también debe preocupar sobremanera porque una cosa es el debido proceso y otra muy diferente es que las deficiencias de la autoridad terminen por impedir una investigación por tortura, diluida desde que fue reclasificada a “tratos crueles, inhumanos y degradantes”.

La FGR decidió ejercer su facultad de atracción sobre el caso en diciembre de 2022, cuando González Arredondo ya había sido detenido y vinculado a proceso por la autoridad estatal. La Fiscalía de Chihuahua inicialmente se resistió a entregar la carpeta y el conflicto terminó ante tribunales federales.

Es decir, la Federación peleó por quedarse con el caso y lo consiguió, para luego darle la primera vuelta de tuerca hacia atrás con la salida de prisión del imputado para que enfrentara el proceso en libertad. Y ahora, en 2026, otro tribunal federal terminó por anular la vinculación a proceso por deficiencias en la forma en que fue construida la acusación. No porque fuera absuelto, no porque no existiera delito.

¿Qué hizo la FGR durante todo ese tiempo para fortalecer la investigación? Nada, quedó claro que peleó la competencia no para investigar un delito sino para liberar al acusado sin proceso. Luego nos sorprendemos de los altos niveles de impunidad, pero la misma autoridad la propicia, la patrocina, la regala.

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La lógica jurídica apunta a que la FGR atrae casos para fortalecer las investigaciones; la lógica de la protección política, sin embargo, fue la que operó para debilitarlas.

Pero no solo eso: el caso de “Paquito” debería incomodar políticamente a la 4T porque resulta que el exfiscal de Corral labora en tareas de “análisis” para la misma FGR, una posición a la que logró escapar (así como el exgobernador escapó del PAN y se escondió en el fuero de Morena) pese a ser acusado... ¡por la misma FGR!

El dato de que es empleado de la fiscalía federal no se ha corroborado oficialmente porque la dependencia mantiene su directorio bajo reserva, amparada en las normas de acceso a la información de las que tomó la potestad de ocultar todos los nombres de sus empleados, incluso de sus más altos funcionarios. Todos los datos que deberían ser públicos aparecen como reservados.

Pero es conocido en el ambiente político que, gracias a alguna palancota más grande que los palos de golf, ahí en la fiscalía federal tuvo refugio gracias a la complicidad Ulises Lara-Javier Corral.

¿Puede un servidor público de la FGR participar o tener alguna intervención, directa o indirecta, dentro de una institución que al mismo tiempo lleva o llevó una investigación penal en su contra? Como si le faltara suciedad al túnel de escape de “Paquito” y su protector.

Qué peligroso salto a la impunidad con aval de la propia autoridad, independientemente del proceso penal al que fue sometido, y después liberado, un exfiscal acusado de excederse en sus investigaciones, como si la justicia permitiera todo para obtener testimoniales, como si no existieran límites bien marcados en la ley.

En suma, tenemos que la investigación comenzó en Chihuahua, por una recomendación de la CNDH; luego fue detenido y llevado a proceso “Paquito” y la FGR peleó para quitarle el caso a la Fiscalía estatal hasta que un tribunal lo ordenó. Luego, el imputado salió de prisión, la investigación continuó y al final resultó que la imputación no fue fortalecida por la autoridad ministerial federal, fue debilitada.

Ahora no sabemos, por una sentencia de fondo, cuál fue el grado de responsabilidad de “Paquito” en el acreditado delito de tortura o como se haya reclasificado. Sabemos, eso sí, que el manto de impunidad que le tendió la 4T a Corral Jurado alcanzó para tapar a González Arredondo. Al menos todo apunta a ello.

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Técnicamente, la resolución judicial más reciente le permite a la FGR seguir con las investigaciones si subsana las supuestas violaciones al debido proceso señaladas por la justicia. Pero la fiscalía federal no ha de querer si, como asientan algunas versiones, hay hasta una operación para blindar a “Paquito” desde la misma instancia.

Resulta que un agente del Ministerio Público Federal de la Unidad de Investigación de Tortura, identificado únicamente por el apellido Morquecho, ha buscado a las víctimas que denunciaron para ofrecerles dinero a cambio de que no impugnen una eventual resolución final de la FGR que declararía la no existencia de delito.

Imposible ignorar esas versiones, como imposible es ignorar el contexto político que le brinda un escudo al persecutor perseguido por sus excesos del pasado. Estamos, así, ante otro choque todavía soterrado Estado-Federación por la descarada protección a un acusado contra el que la misma CNDH de la 4T pidió actuar.

Otro choque en el que detrás aparece la políticamente lánguida y deplorable figura de Corral, quien no sólo ha aprovechado, ha abusado de la protección brindada por Morena, partido al que eso le ha costado mucho en credibilidad y confianza en Chihuahua, donde el exgobernador es repudiado abiertamente por los panistas de los que huyó y por los morenistas que siguen sin aceptarlo por arribista, por oportunista.

Pero lo peor es que la justicia terminó endeudada con la sociedad, para variar. Ese es el verdadero fracaso después de casi cuatro años entre fiscalías, tribunales, amparos, cambios de competencia y disputas políticas, sin que la sociedad tenga una respuesta elemental de sus instituciones.

Es el verdadero fracaso no porque un tribunal haya protegido el debido proceso, esa es su función, sino porque una acusación por tortura -uno de los delitos más graves que puede cometer un servidor público- haya llegado a esta instancia sin la precisión necesaria para sostenerla. Y no por una debilidad procesal cualquiera, sino por una decisión institucional orientada a darle impunidad a un grupo político.