Pega violencia a fiestas patrias, otra vez

Más nómina no ha significado mejor justicia

Tras el caso del juez penal Manuel Jurado Torres, de Parral, detenido por la Fiscalía Anticorrupción, pero con el proceso penal suspendido a cambio de su renuncia que debe concretar esta semana, el personal del Poder Judicial tiene la duda de si la autoridad irá también por peces gordos o se conformará con los primeros charales pescados.

Según el fiscal Abelardo “El Bayo” Valenzuela están vigentes otras carpetas de investigación contra juzgadores, la mayoría de primera instancia, pero también dos magistrados, uno sería del propio Tribunal Superior de Justicia del Estado y otro (otra) del Tribunal de Disciplina Judicial.

Los empleados judiciales apuntan que son públicos y conocidos la mayoría de los casos porque se trata de asuntos que generaron escándalos muy dañinos para la pobre y lastimosa imagen del Poder Judicial, cuyos titulares poco hacen por mejorar la percepción que tiene la ciudadanía del aparato de justicia estatal.

De los jueces, sin dar más detalles para no afectar alguna intervención de la Fiscalía, señalan que son casos de Chihuahua, Juárez y al menos otros dos municipios de diferentes distritos judiciales.

De los magistrados, como es un par bajo investigación, según el anuncio de la autoridad ministerial, es una mera obviedad, porque también hay dos magistrados involucrados en conocidos escándalos de corrupción.

Uno es el caso del titular de la Cuarta Sala Penal, Gerardo Acosta Barrera, acusado de maniobrar por debajo de la mesa varios casos en juzgados y hasta en otros tribunales de segunda instancia, donde no le faltan compañeros magistrados que sí creen que es el poder detrás de la magistrada presidenta, Marcela Herrera Sandoval.

El otro caso evidente es el de Nancy Josefina Escárcega, la magistrada naranja del Tribunal de Disciplina Judicial, cuyo hermano sentenciado por secuestro estuvo a punto de ser semiliberado por un indebido beneficio que le otorgó un juez, Juan Carlos Erives Fuentes, que también debe estar en la lista de la Fiscalía Anticorrupción.

La duda sobre los peces gordos nace porque el caso de Jurado Torres es más reciente, de finales del año pasado y principios del actual, por actuaciones presuntamente ilegales en contubernio con su amigo, socio y compadre, el abogado Juan Carlos Payán.

En tanto, los casos de los magistrados datan de hace un año, septiembre y octubre, pero hasta la fecha no se han visto avances, ni el asomo de una solicitud de desafuero o algo parecido, como debería proceder por tratarse de juzgadores en funciones y no suspendidos.

¿Veremos, entonces, solicitudes de desafuero al Congreso del Estado para procesar no nada más a los charales de la justicia estatal?

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El alcalde de Nonoava, Arturo Salinas, prefirió no exponerse y canceló la celebración del Grito de Independencia, ante un enfrentamiento registrado en ese municipio entre el Ejército y presuntos criminales el pasado lunes.

En otra región del estado, en el seccional de Ricardo Flores Magón, municipio de Buenaventura, la violencia también llevó a la cancelación de las fiestas patrias, pero en este caso en señal de luto por la muerte, la semana pasada, del profesor Antonio Marmolejo Morales, director del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de la comunidad, asesinado a puñaladas en las afueras del poblado.

Son lamentables ambos casos que ejemplifican cómo pega la violencia en el ánimo festivo de la población y cómo interrumpe las actividades culturales en determinadas fechas relevantes, como también ocurre con frecuencia en la dinámica diaria de la población.

Lamentables, pero, dentro de todo, este año fueron menos los incidentes violentos que, en 2025, 2024, 2023 y anteriores, habían llevado a suspensiones en Guadalupe y Calvo, Madera, Gran Morelos, Coyame y otros tantos municipios azotados por el crimen y la falta de gobierno, por incapacidad o complicidad, en sus tres niveles.

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Entre 2021 y 2024, el gasto devengado en Servicios Personales (Capítulo 1000) del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua (TSJ) registró un crecimiento constante cercano al 40 por ciento.

No obstante, este incremento sostenido en el presupuesto asignado al mantenimiento de la plantilla laboral no se tradujo en un beneficio equitativo para la ciudadanía.

La incorporación de más personal y el aumento en el rubro de compensaciones no lograron abatir los retrasos procesales ni acelerar el desahogo de juicios.

Eso dejó al descubierto que la expansión de la estructura burocrática no estuvo acompañada de una mejora sustancial en la calidad de la atención ni en la prontitud de la función jurisdiccional.

Esta desconexión entre el gasto asignado al recurso humano y los resultados percibidos por los usuarios fue, en última instancia, el principal pretexto para impulsar la reciente reforma al Poder Judicial, que hoy nos tiene con jueces y magistrados del acordeón.

La exigencia de la transformación judicial encontró un terreno propicio en el malestar social acumulado frente a un sistema donde el Capítulo 1000 absorbe la abrumadora mayoría del presupuesto institucional, mientras los litigantes y sus clientes, los justiciables, enfrentan una justicia diferida.

La narrativa de la reforma se alimentó de esta ineficiencia operativa, convirtiendo el costo de la plantilla y sus prerrogativas en el argumento central para justificar la reestructuración del marco constitucional del Poder Judicial, aunque hasta el momento haya salido peor el remedio que la enfermedad.

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Ayer hablábamos de los pendientes que el alcalde, Marco Bonilla, quería dejar bien encaminados y ajustados antes de solicitar licencia.

Uno de ellos es el de la seguridad porque, si en su ausencia empieza a decaer, le pegará a su aspiración, por lo tanto tendrá bastante atención.

Julio Salas conoce bien su misión, cuidarle bien las espaldas al alcalde cuando se vaya de licencia, porque sobre él recaerá toda la responsabilidad de la seguridad en el municipio, sobre todo de las zonas prioritarias como el oriente, donde le han estado metiendo toda la fuerza de la ley para erradicar el narcomenudeo,.

Pero también, tuvimos conocimiento que el reforzamiento de seguridad no sólo es en los puntos conflictivos como el oriente.

Al interior en las colonias, sobre todo donde existen gran cantidad de fincas abandonadas, los raterillos de barrio las han ocupado para resguardarse y por la noche salir a cometer sus fechorías.

Ahí en colonias como la Obrera, la Policía Municipal también ha respondido, desde hace un mes durante el programa 24 Horas en tu Barrio.

Los vecinos solicitaron directamente al Salas un reforzamiento de patrullaje, porque el robo de baterías de autos o de pertenencias de cocheras se estaba convirtiendo en un problema.

Desde esa reunión, tanto de día como de noche, es común ver patrullar a las unidades y con el efecto inmediato en una disminución de robos.

Así debería ser en toda la ciudad.