En Chihuahua hay madres que llevan años buscando a sus hijos con una pala en la mano. Hay familias que ven dormir su carpeta de investigación en un escritorio. Hay agentes del Ministerio Público que trabajan con cargas imposibles y peritos sin insumos. Todos ellos deberían estar mirando lo que ocurre en el Congreso del Estado estos días. Ahí se decide quién será el primer titular de la Fiscalía General Autónoma, cómo se le elegirá y bajo qué reglas. Eso no les es ajeno: es su acceso a la justicia en los próximos ocho años.

La reforma ya pasó por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y está a un paso del Pleno. El modelo prevé que el Ejecutivo envíe una terna, que el Congreso la evalúe y que la persona designada dure ocho años. En la comisión se desechó la petición de parlamento abierto. Dicho sin rodeos: se está diseñando la institución más delicada del Estado a puerta entornada, y con prisa.

Hay que reconocer el avance. Hoy la Fiscalía depende del Ejecutivo, y darle autonomía es una deuda vieja. Pero conviene recordar algo que los abogados sabemos bien: una fiscalía autónoma y una dependencia con otro nombre pueden verse idénticas en el papel. La diferencia está en dos lugares que casi nadie lee: el procedimiento de designación y los artículos transitorios.

El orden de los factores sí altera el producto

Si el Ejecutivo elige primero tres nombres y el escrutinio llega después, ese escrutinio nace mutilado. Solo se podrá opinar sobre lo que ya le pusieron enfrente, no sobre todas las personas capaces que hay en Chihuahua. Es como abrir un concurso cuando el jurado ya conoce a los finalistas.

El orden correcto es el inverso. Primero, convocatoria pública con registro abierto. Segundo, reglas de evaluación publicadas de antemano y que no puedan cambiarse a la mitad del partido. Tercero, expedientes públicos de cada aspirante y un periodo para que la ciudadanía, las víctimas y los colegios aporten información. Después, examen técnico, comparecencias transmitidas en vivo y un dictamen con puntajes por aspirante y razones. Y solo entonces, la terna. Una terna así no le quita facultades a la Gobernadora. Al contrario: la legitima.

Propongo una prueba que cualquier lector puede aplicar cuando se publique el texto final. La pregunta no es si el perfil cumple los requisitos. La pregunta es cuántas personas en Chihuahua los cumplen. Si son muchas, estamos ante una reforma institucional. Si es una sola, estamos ante un nombramiento disfrazado de reforma.

No es opinión gremial: es la Constitución

Nadie diga que esto es un capricho de abogados. El artículo 116, fracción IX, de la Constitución federal ordena que la procuración de justicia se rija por la autonomía, la imparcialidad, la objetividad, el profesionalismo y el respeto a los derechos humanos. Las Directrices de Naciones Unidas sobre la Función de los Fiscales (La Habana, 1990) exigen que quienes ocupan el cargo sean personas probas e idóneas. La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, en su artículo 11, obliga a reforzar la integridad del ministerio público. Y la Comisión Interamericana ha dicho que los procesos de selección deben ser públicos, transparentes y basados en el mérito. Un procedimiento que no respete esos parámetros tiene un problema de legalidad, no de estilo.

Por eso la Federación Estatal Chihuahuense de Colegios de Abogados y el Colegio de Juristas planteamos reglas que no dependan de la buena fe de nadie:

• Requisitos negativos de integridad. Nada de condenas, inhabilitaciones ni recomendaciones firmes por violaciones graves a derechos humanos, como tortura, desaparición forzada o ejecución extrajudicial.

• Distancia real del poder. Nadie que haya sido secretario de gabinete en los últimos tres años, ni candidato o parte de un cuarto de guerra en los dos últimos procesos electorales.

• Nada de despacho privado. Separación total y pública de cualquier despacho, y obligación de excusarse en los asuntos de sus antiguos socios.

• Experiencia comprobada. Carpetas judicializadas y sentencias firmes, no currículums adornados.

• Un plan de política criminal por escrito y público. Con metas medibles en homicidio, desaparición, feminicidio, extorsión y corrupción, para evaluar después al fiscal contra su propia palabra.

Los transitorios: donde se gana o se pierde todo

Tres exigencias mínimas. Primero, que no haya pase automático: quien ocupe hoy el cargo, si aspira, que se registre y compita como cualquiera. Segundo, un piso presupuestal que no pueda reducirse en términos reales, porque una fiscalía autónoma sin dinero es una dependencia con membrete nuevo. Tercero, remoción solo por causas graves y con votación calificada, además de un servicio profesional de carrera con salarios dignos para ministerios públicos, peritos y policías de investigación. La autonomía que no llega a quien integra la carpeta a las tres de la mañana es pura retórica.

El elefante en la sala

No se puede hablar de esta Fiscalía sin mencionar abril. La presunta participación de agentes extranjeros en un operativo en territorio chihuahuense, sin autorización federal, terminó en investigaciones de la FGR, en la renuncia del fiscal y en una crisis de alcance nacional. La nueva institución nacerá con esa cicatriz.

El Acuerdo 043/2026 del Ejecutivo regula hoy esas colaboraciones. Pero tiene un detalle: rige a la administración estatal, y una fiscalía autónoma ya no estará sujeta a él. Si la prohibición no se escribe en la Constitución local o en la Ley Orgánica, la autonomía podría convertirse en la puerta de salida de ese control. El artículo 40 de la Constitución federal prohíbe la intervención extranjera en la investigación de delitos sin autorización del Estado mexicano. El 117 impide a los estados pactar con potencias extranjeras. Autonomía estatal no significa política exterior propia. Que quede escrito, y que cada aspirante firme una carta compromiso pública.

Señoras y señores diputados

Ustedes tienen los votos. Lo que está en juego es si también tendrán la razón y la legitimidad. Hay que definir el procedimiento ahora, antes de votar, porque después ya no habrá nada que corregir. Y ocho años son demasiados para un error de diseño.

La abogacía organizada no busca cargos ni reflectores. Conformaremos un comité de seguimiento que evaluará públicamente a cada aspirante con estas reglas y rendirá cuentas a la sociedad del resultado. No pedimos que nos crean. Pedimos un proceso que aguante el escrutinio.

Chihuahua no necesita un fiscal con nombre y apellido. Necesita un fiscal para todos. Si esta Fiscalía nace bien, ganamos la institución que nos hacía falta. Si nace etiquetada, habremos cambiado el letrero y conservado el problema.

*Abogado Litigante, Presidente del Colegio de Juristas ("Lic. Jorge Higinio Mazpulez Pérez"), vocero de la FECHCA y miembro de la AECHIH