Tres largos meses de hostilidades, en público y en privado, entre la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, no podrían dispensarse con una breve plática. Al menos ya pudieron intercambiar palabras cordiales; eso sí, sigue latente el conflicto y la advertencia: “En caso de que haya habido una violación a alguna ley, se tiene que proceder”.

Sin duda, ese fue el mensaje central de esta reunión entre la presidenta y la gobernadora, que, de paso, sirvió para que propios y extraños tengan claro que sí hay institucionalidad en ambas mandatarias, pero eso no significa que se archiven las investigaciones en torno a la presencia de agentes de la CIA en el operativo en el cual fue descubierto uno de los laboratorios más grandes para fabricar metanfetaminas.

Y para nosotros, los gobernados, lo que nos debe interesar es que los tres órdenes de gobierno —federal, estatal y municipal— trabajen de manera coordinada, dejen de lado las fobias partidistas y atiendan las necesidades de una sociedad muy lastimada.

Ahora bien, hay que analizar que la relación entre Claudia Sheinbaum y María Eugenia Campos puede leerse como una relación política que pasó de la coexistencia institucional entre dos mujeres gobernantes a una relación federal-estatal mucho más tensa, como ha quedado claro desde la presencia de elementos extranjeros en suelo chihuahuense.

Antes de este suceso, la relación entre la presidenta y la gobernadora había tenido momentos de cooperación, acercamiento público y acuerdos concretos, pero también episodios de diferencias partidistas.

Si bien ambas tienen una historia de buenos momentos, como cuando convivieron al mismo nivel —Claudia Sheinbaum como jefa de Gobierno de la Ciudad de México y Maru Campos como gobernadora de Chihuahua—, nunca han pertenecido al mismo espacio político.

Así que la relación se debe entender como lo que es: institucionalmente son presidenta y gobernadora; políticamente representan proyectos diferentes.

Pero la relación no puede limitarse a la amistad política ni a la coincidencia ideológica. Hay una obligación constitucional de coordinación y, al mismo tiempo, existe una competencia política inevitable.

Queda claro que no siempre han estado confrontadas, como muestra la gira de 2024 por la Sierra Tarahumara, donde Sheinbaum y Campos aparecieron juntas en un acto para la firma de decretos relacionados con el reconocimiento de la propiedad comunal tradicional de tierras rarámuri.

Y, en el mismo año, durante el Consejo Nacional de Seguridad Pública, Campos señaló que coincidía con Sheinbaum en la necesidad de “no politizar la seguridad” y destacó la coordinación entre las instituciones estatales y federales. Pero eso duró poco.

Quedan grabadas las palabras de la presidenta, unos meses atrás, al hablar de la seguridad: “Sabemos que podemos tener posiciones políticas distintas, venimos de partidos diferentes, pero cuando se trata de gobernar Chihuahua, las dos gobernamos Chihuahua”.

Debe quedar claro que el conflicto por la CIA, sin duda, fue el punto de quiebre y no debe analizarse solamente como una disputa personal. El conflicto tiene una dimensión mucho más profunda.

Como se dijo al inicio, no puede pensarse que con un saludo y una breve charla todo quede olvidado. Hay agravios con los cuales se tendrá que trabajar más arduamente, como la ausencia de Maru Campos al segundo informe presidencial, a principios de mes.

Y es que la propia gobernadora justificó su decisión de no asistir después de las acusaciones y de lo que consideró una ofensiva política en su contra. Agregó que, pese a mantener su disposición a colaborar con la Federación, consideró que su presencia no habría sido apropiada dadas las circunstancias.

Lo importante es que parece haber una luz al final del túnel, porque Claudia Sheinbaum necesita coordinación con María Eugenia Campos debido a que las necesidades de seguridad, carreteras, agua, migración y buena parte de la política económica de Chihuahua dependen de la Federación.

Ninguna de las dos puede darse el lujo de convertir la relación institucional en una guerra política permanente y, si la confrontación se profundiza antes de 2027, cada decisión gubernamental puede ser interpretada bajo el prisma electoral.

Ojalá que podamos ser testigos de una evolución en la relación entre dos proyectos políticos diferentes que, durante un periodo, consiguieron mantener una convivencia institucional y que, a partir de 2026, entraron en una zona de confrontación mucho más compleja.

La clave es que se ha perdido la confianza, esa esperanza, seguridad o creencia de que una persona actuará de manera adecuada. Pero cuando la confianza desaparece entre dos niveles de gobierno, la coordinación comienza a depender exclusivamente de procedimientos formales.

El desafío para Claudia Sheinbaum será evitar que la defensa de las facultades federales y de la soberanía termine convirtiéndose, en la percepción pública, en una confrontación partidista con una gobernadora de oposición.

El desafío para Maru Campos será demostrar que su defensa de la cooperación con Estados Unidos puede desarrollarse dentro de las facultades constitucionales mexicanas y con plena transparencia hacia el Gobierno federal.

Y el desafío de fondo para ambas será impedir que Chihuahua, en 2027, convierta la relación presidencial-gubernatura en un pleito electoral anticipado.