En varias ocasiones en este mismo espacio he escrito respecto a la fascinación de las autoridades de utilizar la prisión preventiva como un método de tortura. En su momento, Javier Corral lo llegó a decir cuando era gobernador. En la cacería de brujas emprendida contra los funcionarios de su antecesor, Javier Corral llegó a manifestar que la prisión preventiva “doblaba a cualquiera”. Con sus expresiones, Javier Corral dejó ver sus verdaderas intenciones: nunca fue un asunto de justicia, sino un asunto de ‘doblar’ a quien quería doblar.

Desafortunadamente, Javier Corral no ha sido el único que ha utilizado una medida cautelar como la prisión preventiva como una sanción adelantada.

Recordemos una cosa, la prisión preventiva se impone a las personas acusadas de un delito cuando existe el riesgo de que las mismas se fuguen, no comparezcan al proceso penal enderezado en su contra, o puedan contaminar a los testigos o las pruebas. Pero nunca debe ser impuesta como sanción, pues la sanción solamente se impone a partir de que una persona resulta declarada judicialmente como responsable de la comisión de un delito.

La sociedad tampoco ayuda en esto. En ocasiones, las fobias sociales se emiten en el sentido de que cualquier persona acusada no debe de tener libertad por el simple hecho de haber sido acusada. Esto es una postura muy antigua y retrógrada, como la que existía en Salem cuando se acusaba a distintas mujeres de participar en ritos de brujería.

Por irónico que parezca, ahora que Ernesto Ruffo Appel fue detenido en julio pasado, Javier Corral fue el mayor crítico de que se le hubiera impuesto prisión preventiva. En el mismo sentido, Corral fue el que más celebró que Ruffo hubiera sido liberado de dicha medida cautelar. Resulta una postura excesivamente hipócrita, cuando en su nefasto gobierno, Corral se dedicó a pedir prisión preventiva para todos los acusados de su ‘Operación Justicia para Chihuahua’, precisamente para ‘doblarlos’.

Corral es un hipócrita. Siendo el Presidente de la Comisión de Justicia (y prófugo de la misma) en el Senado, fue el principal operador de la reforma judicial que se aprobó en septiembre de 2024. Esa reforma judicial (de la que he hablado bastante en este espacio) vino a destruir el andamiaje institucional que teníamos en México en la impartición de justicia. Hoy, Corral dice que fue un error la reforma judicial porque cerca del 60% de los jueces locales que conocían bien la materia procesal, ya no pudieron seguir.

¡Qué sorpresa! Precisamente eso se vino advirtiendo de manera reiterada cuando se trató de frenar la reforma que él mismo impulsó, operó, y votó a favor. No solo eso. Su hipocresía es tal que incluso en el caso de la magistrada electoral de Chihuahua Adela Jiménez, Corral fue su principal impulsor, no por la vía de los votos electorales, sino por la imposición del Senado.

A estas alturas, a todo mundo le debe quedar claro que Javier Corral es un fariseo.

Pero volviendo al tema que nos ocupa, como refería anteriormente, a Ernesto Ruffo Appel se le dictó prisión preventiva con motivo de su detención. Un hombre de 74 años de edad, con complicaciones de salud, debía de estar en prisión porque a alguien se le ocurrió que Ruffo era un peligro para la sociedad.

Así de flexible y de laxa es la aplicación de justicia en México, donde no hay parámetros claros para la imposición de esta medida. Por fortuna, uno de esos pocos jueces justos que quedan en México después del tsunami judicial determinó concederle a Ruffo una suspensión para que enfrente el proceso penal en su casa, bajo la figura del arresto domiciliario.

En general, la prisión preventiva debe ser la última medida cautelar que se imponga. La misma debe ser dictada cuando no se pueda garantizar que una persona pueda comparecer a juicio. En términos generales, la prisión preventiva es un vestigio barbárico que solamente debe ser utilizado cuando alguien genuinamente representa un riesgo de extraerse de la acción de la justicia. La regla general debería ser la imposición de otra medida cautelar; en el caso de nuestras fiscalías, la solicitan como regla.

Ruffo enfrentará la justicia pero con mayor libertad por el hecho de estar en su casa. La prisión dobla a cualquiera, como diría el propio Corral.

Además, sin conocer los detalles del expediente respectivo, pero dado que la 4T utiliza los instrumentos de procuración de justicia como ariete político, pudiera casi garantizar que no existen elementos para que Ruffo termine condenado. Su detención y reclusión en Almoloya obedecieron a un momento político en donde la 4T no encontraba la salida por las acusaciones de vínculos con el narcotráfico, la impunidad de Rubén Rocha, los señalamientos de ser un narcopartido, y decidieron detener a Ruffo y así enviarle un mensaje a toda la oposición. Además de Vicente Fox, Ruffo representa un referente en el desarrollo democrático de México por haber sido el primer gobernador de oposición en el país. Por ser una figura emblemática del PAN, la 4T decidió detenerlo.

Lo curioso es que Almoloya está lleno de gobernadores de oposición, pero ningún gobernador delincuente de los que tenemos en la actualidad (como Rubén Rocha Moya de Sinaloa, Américo Villarreal de Tamaulipas, Alfonso Durazo de Sonora, o Marina del Pilar Ávila de Baja California) se encuentra ahí recluido. La 4T aplica bien el apotegma juarista de “a los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, justicia a secas”.

Por otro lado, en Campeche también se dio una situación que hace pensar que la justicia todavía se aparece de vez en cuando en México. Hace un mes y medio, Luis Antonio Espinosa Campos, contador del hermano del dirigente nacional del PRI, fue detenido.

En una detención excesivamente arbitraria, Espinosa fue detenido en la Ciudad de México, y trasladado a Campeche porque enfrentaba acusaciones de peculado, entre otras conductas. Desde un principio se supo que lo de Espinosa tenía un enorme tufo político: nunca fue funcionario, no incurrió en actos de corrupción ni nada. Su detención simplemente formó parte de la ofensiva del agónico gobierno de Campeche encabezado por Layda Sansores.

A Espinosa se le dictó prisión preventiva porque desde ahí querían obligarlo a confesar delitos que no había cometido, y querían que inculpara a quien el gobierno de Campeche quiere culpar de su propia incapacidad oficial.

Sansores pensó que de esa forma podía obtener confesiones a modo que le permitieran seguir tratando de golpear a su antecesor. Sin embargo, la justicia prevaleció y a pesar de que los jueces que tiene en Campeche son en su mayoría de consigna, tampoco comen lumbre: saben que cualquier arbitrariedad podrá ser utilizada en su contra y podrían incurrir en responsabilidades penales.

Desafortunadamente, estos asuntos que ocurrieron la semana pasada, son solo la excepción que hay en la regla. En México, cerca del 40% de la población carcelaria está en prisión preventiva, es decir, no ha recibido condena alguna. Algo está muy mal cuando poco menos de la mitad de la población de las cárceles no es gente que haya sido condenada.

Peor todavía, en México un gran porcentaje de estas personas está bajo la modalidad de prisión preventiva oficiosa, es decir, aquellos que independientemente del riesgo de fuga que representan, tienen que estar en prisión por el delito que se les acusa, no por el riesgo de que huyan. Esta medida ya ha sido condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero como siempre, el gobierno de México solo escucha lo que le conviene.