En Chihuahua la disputa por la gubernatura del próximo año, ya tiene una batalla que se libra mucho antes de que los ciudadanos lleguen a las urnas: las encuestas. Prácticamente cada semana aparece una nueva medición, con porcentajes distintos, diferencias que se amplían o se reducen y resultados que inmediatamente se convierten en titulares, publicaciones en redes sociales y argumentos de los grupos políticos, aunque en el fondo muchos sabemos que el que “paga manda”.
El problema no es que se hagan encuestas, al contrario, son instrumentos “útiles” para conocer las preferencias ciudadanas, aunque las verdaderas están en los escritorios de los partidos políticos. El problema comienza cuando se presentan como si fueran resultados electorales anticipados o cuando se omiten los datos necesarios para entenderlas.
La competencia interna de Morena en Chihuahua ofrece un ejemplo de lo que está ocurriendo.
La encuesta de GobernArte, levantada del 1 al 4 de septiembre, registró 42.8 por ciento de preferencia para Cruz Pérez Cuéllar y 33.3 por ciento para Andrea Chávez, una diferencia de 9.5 puntos. El estudio se realizó con 500 entrevistas y reportó un margen de error estimado de entre 2.5 y 3.7 puntos porcentuales.
Electoralia publicó el 7 de septiembre otra fotografía: 35 por ciento para Cruz y 28 por ciento para Andrea, con una diferencia de siete puntos, con un 27 por ciento de personas que todavía no había definido su preferencia entre los aspirantes evaluados.
FactoMétrica, en su medición del 14 de septiembre, reportó 34.1 por ciento para Cruz y 24.3 por ciento para Andrea, una separación de 9.8 puntos. Por su parte, MetaMetrics difundió resultados con 40.1 y 33.7 por ciento, respectivamente, una diferencia de 6.4 puntos.
Sin embargo, no todas las mediciones anteriores habían mostrado ese mismo orden. Question Mark, en agosto, registró 33 por ciento para Andrea y 31 por ciento para Cruz, una diferencia de dos puntos que fue presentada como un empate técnico.
Y el 25 de septiembre, CE Research, publicó una nueva medición en la que describió una reducción de la diferencia entre ambos aspirantes.
Estas cifras no deben leerse como si todas fueran respuestas a una misma pregunta formulada a las mismas personas. Hay diferencias en las fechas, el tamaño de las muestras, la forma de entrevistar y el universo de ciudadanos consultados. Compararlas sin revisar esos elementos puede conducir a conclusiones equivocadas.
Hay, además, una medición que ayuda a entender el origen de la versión sobre una ventaja de 16 puntos para Andrea. Rubrum realizó 800 entrevistas telefónicas automatizadas, esto el 14 de septiembre, cuando reportó 58.4 por ciento para la senadora frente a 41.6 por ciento para Cruz, una diferencia de 16.8 puntos entre ambos. La información fue recogida por Juárez Inside.
El contraste es considerable. Mientras algunos estudios muestran diferencias estrechas, otros registran separaciones de siete, nueve o incluso más de dieciséis puntos, pero en sentidos distintos. No es posible determinar cuál refleja con mayor precisión las preferencias actuales solamente por el tamaño de la ventaja publicada.
La metodología tampoco es un asunto menor. Las entrevistas presenciales, las telefónicas y las realizadas por internet, presentan dificultades diferentes para seleccionar participantes y obtener respuestas. Una muestra numerosa no garantiza por sí misma la representatividad, como tampoco un margen de error reducido elimina los posibles sesgos de cobertura o de falta de respuesta.
Por eso, antes de compartir cualquier encuesta, conviene conocer quién la realizó, quién la pagó, cuándo se levantó, a quiénes entrevistó y cuál fue exactamente la pregunta. Si falta esa información, el porcentaje publicado ofrece una visión incompleta.
La discusión tiene otra dimensión: Morena ha establecido un procedimiento interno para seleccionar a sus coordinadores estatales y, mientras no haga públicos sus resultados y la designación correspondiente, las encuestas externas no sustituyen esa decisión. Las mediciones pueden describir las preferencias de sus respectivas muestras, pero no acreditan por sí solas una candidatura.
En medio de esta disputa, las cifras también se han convertido en material de comunicación política. Cada grupo puede destacar el estudio que le resulta favorable, minimizar el que muestra un resultado distinto o presentar una variación de pocos puntos como si fuera un cambio definitivo en las preferencias ciudadanas.
Y ahí aparece la responsabilidad de los medios de comunicación; no basta con reproducir el boletín de una encuestadora o el comunicado de un equipo político, es necesario revisar la ficha técnica, explicar las limitaciones del estudio y evitar que una diferencia estadística se transforme, por obra de un encabezado, en una victoria que todavía no existe.
Chihuahua tendrá una elección de gobernador el siguiente año, el 2027. Antes, vendrán las definiciones partidistas, las alianzas y las campañas. Las preferencias pueden cambiar y los ciudadanos tendrán nuevas oportunidades de conocer a quienes aspiren al cargo.
Las encuestas deben servir para informar sobre ese proceso, no para sustituirlo. Su credibilidad depende tanto de la calidad de los estudios como de la transparencia con que se publican y, de la responsabilidad con que se interpretan.
Al final, más allá de la guerra de las encuestas, será una decisión política de Morena. Una decisión que, según las versiones más recientes, podría darse a conocer a principios de la próxima semana y que terminará con tantos meses de especulaciones, cifras encontradas y disputas internas.
En resumen: por más encuestas que manden realizar los aspirantes, cada uno con los resultados deseados según sea el pago, de nada servirán ante la encuesta final que ya obra en poder de la dirigencia nacional de Morena.
