En plena pandemia (hace seis años) en constantes charlas telefónicas con amigos y colegas, el tema de la corrección política se hizo muy presente derivado del híper consumo de redes sociales que derivó en el crecimiento de plataformas como TikTok. A quien “cancelaban” o “funaban” por comentarios diversos, se convirtió en un deporte de práctica mundial que generaba todo tipo de conversaciones a distancia. En una de esas llamadas, mi buen amigo y periodista Rafael Vargas Pasaye me dijo: está muriendo el humor.

La pandemia pasó. López Obrador dejó Palacio Nacional -no el poder- y Morena ha incrementado su intolerancia en todos sus niveles: desde los municipios, como el caso de Tijuana y su alcalde Ismael Burgeño que persigue a la activista Viridiana Román por haber impugnado su candidatura en 2024; Fernández Noroña sometiendo a quien lo increpa en la calle, el caso en Sonora de “dato protegido” y hoy la propuesta de la “Ley Anti Memes” que ha puesto como para chocolate a la conversación pública.

Lo que parecía una mala broma o una pesadilla sacada de una novela distópica está al borde de convertirse en realidad. Bajo el pretexto de combatir la violencia digital y regular el uso de la inteligencia artificial, legisladores de Morena han puesto sobre la mesa una reforma penal que la oposición y especialistas no han dudarlo en bautizar como la "ley anti memes". Se trata de un zarpazo legislativo que no solo amenaza la libertad de expresión de cualquier ciudadano común en sus redes sociales, sino que pretende clavar un puñal en el corazón de toda expresión crítica.

La propuesta impulsada en el Congreso de la Unión busca castigar con penas de un año a seis años de prisión a quien cree, modifique o difunda imágenes, audios o videos sin consentimiento que "ridiculicen", "alteren la reputación" o "afecten la dignidad" de una persona. Sin embargo, la verdadera trampa autoritaria se esconde en las letras chiquitas: la pena se eleva drásticamente hasta los nueve años de cárcel si la "víctima" es un servidor público.

Las implicaciones en el día a día serían devastadoras. En la cultura popular donde la parodia, el sarcasmo y el humor directo son parte del lenguaje cotidiano para señalar los abusos del poder, esta ley funciona como una amenaza persistente.

La trampa radica en la ambigüedad técnica de la ley. Conceptos jurídicos laxos como "ridiculizar" o "dañar la reputación" no cuentan con una definición objetiva. ¿Quién decide cuándo un meme cruza la línea entre la sátira inocente y el delito? En la práctica, la decisión quedará a criterio de ministerios públicos y jueces, convirtiendo al Código Penal Federal en una herramienta de persecución selectiva donde el poder político decide a quién encarcelar por reírse.

Y además: un Poder Judicial Federal que funciona como brazo extendido de Morena.

Si para el ciudadano común el riesgo es alarmante, para el ejercicio del periodismo crítico y la libertad de prensa en México el impacto es catastrófico.

Esta iniciativa ejecuta una peligrosa regresión de las doctrinas internacionales de derechos humanos. Al penalizar la alteración de imágenes y la sátira bajo el argumento de proteger el "honor" de la clase gobernante, se impone un efecto inhibitorio. Periódicos impresos, portales de noticias, caricaturistas y columnistas se verán forzados a la autocensura previa por el terror a enfrentar juicios penales largos y costos de defensa millonarios. En un año previo a procesos electorales cruciales, sofocar la crítica visual significa aplanar el terreno para que las campañas se desarrollen sin contraste, blindando a los candidatos del oficialismo frente al escrutinio público.

Morena utiliza la técnica punitiva idéntica a la de los regímenes autocráticos de América Latina.

El espejo venezolano: Al igual que la infame Ley contra el Odio promulgada por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela —utilizada por la fiscalía para encarcelar a comediantes, tuiteros y ciudadanos por el simple hecho de satirizar a ministros—, la propuesta de Morena busca criminalizar el descontento popular disfrazado de humor.

El modelo nicaragüense: Se alinea con la Ley de Ciberdelitos de Daniel Ortega en Nicaragua, diseñada en la antesala electoral para castigar cualquier contenido digital que genere "zozobra" o "daño a la imagen estatal", encarcelando a la disidencia.

El blindaje cubano: Guarda similitud directa con el Decreto-Ley 35 en Cuba, que tipifica como incidente de ciberseguridad grave cualquier contenido gráfico que atente contra el "prestigio de las instituciones".

La gran paradoja del caso mexicano es que, mientras gobiernos de la izquierda democrática en Brasil o España han encausado el debate hacia la regulación administrativa de plataformas y la responsabilidad civil, en México se eligió la vía más drástica: el encarcelamiento.

Ante la inminencia de este atropello a las libertades fundamentales, la clase política en Chihuahua ha reaccionado con vehemencia, convirtiendo al estado en uno de los bastiones de resistencia contra la tentación opresora.

El alcalde de la capital, Marco Bonilla, fijó una postura categórica de rechazo, llamando a la ciudadanía a mantenerse unida contra lo que calificó como una flagrante violación a los derechos democráticos. Con un mensaje directo a la clase política que busca protegerse tras las leyes penales, Bonilla sentenció:

"Cuando uno es gobernante tiene que tener la piel gruesa. Los funcionarios públicos debemos aceptar tanto el reconocimiento como la crítica de la gente."

Para el edil capitalino, la sátira gráfica y la burla política no son delitos, sino herramientas democráticas legítimas a las que cualquier persona con vocación pública debe someterse sin complejos ni amenazas de cárcel.

En la misma línea, el bloque político afín a la gobernadora Maru Campos y la bancada del PAN en el Congreso del Estado —liderada por Alfredo Chávez— denunciaron que Morena intenta imponer la censura previa debido a la "piel delgada" de sus funcionarios, a quienes les incomoda profundamente el contraste y la parodia cuando esta pone en evidencia los errores de sus administraciones. La postura del gobierno chihuahuense y su representación legislativa ha sido clara: las leyes penales jamás deben utilizarse como garrote para silenciar la voz del pueblo ni para amedrentar a los medios de comunicación en vísperas de las urnas.

A este rechazo se han sumado voces de alcance nacional como Alito Moreno, quien acusó a Morena de tener un "miedo pavoroso a la crítica ciudadana", y liderazgos de Movimiento Ciudadano como Jorge Álvarez Máynez, quien exhibió la doble moral del oficialismo al intentar prohibir el uso de inteligencia artificial en redes mientras sus propios operadores la utilizan para atacar a la oposición.

A diferencia de las dictaduras de la región, México aún cuenta con barreras de contención. La presión social y de la prensa ha forzado la discusión de reservas para intentar exentar la parodia y el periodismo, pero no debemos de claudicar ni permitir que este proyecto de ley se concrete.

Sin embargo, el simple hecho de que se discuta encarcelar a la ciudadanía por un meme revela la peligrosa deriva autoritaria de la época. Para Chihuahua, una tierra históricamente celosa de sus libertades e indómita frente al centralismo, la "ley anti memes" no es un debate abstracto sobre derecho penal: es la lucha directa por el derecho a reír, a criticar y a exigir cuentas sin el temor de que la Guardia Nacional toque a la puerta.

ESPRESSO COMPOL

El antiguo adalid contra la censura hoy defiende la regulación digital de Morena asegurando que no busca censurar la sátira, sino sancionar la violencia digital y los deepfakes. Esta postura choca directamente con su pasado como histórico defensor de la libertad de expresión y combatiente de la Ley Televisa, consumando un viraje hacia la agenda Morenista y pensando en su venganza contra los medios críticos de Chihuahua.