¿Ligan a Carvel con el Cártel del Golfo?

La advertencia de Maru a la Suprema Corte

Con razón le truenan con frecuencia los informes policiales homologados al “jefe Salas”, Julio Salas, el director de Seguridad Pública Municipal.

Tiene un área dizque de inteligencia que se la pasa rastreando cámaras de vigilancia para dar “seguimiento” a hechos delictivos, pero sus agentes tienen más porte de malandros que de policías. No generan confianza, asustan. No parece que documenten nada.

Utilizan vehículos sin identificación alguna, hasta sin placas; no piden los videos, los exigen, sin oficio ninguno que confirme por lo menos el número de investigación correspondiente. Algo que haga creíble que se trata de policías haciendo el trabajo que no hace…¡la policía ministerial!

En versión digital tenemos hoy las imágenes de tres elementos con esas características.

Van en Chihuahua 31 homicidios este mes, y de ese grupo “selecto” (por cierto uno de los que aparecen en las fotos bastante pasado de burritos y tortas como para ser de “élite”) no sabemos que hayan esclarecido uno solo de los 31 asesinatos.

¿A dónde van a parar entonces los videos que colectan? La posible respuesta estremece, sabiendo el historial y fama del jefe de “inteligencia” al que ni Salas, ni Bonilla, ni nadie, le puede alzar la voz: Álvaro Chávez.

Ese y otros prietos en el arroz son de los pendientes que enfrenta la administración municipal.

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Ahora, por supuesto que la carga de los homicidios no debe ser echada en exclusiva a la municipal cuya trabajo central debiera ser prevenirlos.

Llama la atención un dato en medio del repunte de violencia que atraviesa la capital y de los cuestionamientos sobre si los operativos han logrado contener las ejecuciones.

Resulta que, de las 76 reuniones de la Mesa de Seguridad Regional realizadas de enero al 28 de septiembre, hay dos ausencias que difícilmente pueden pasar desapercibidas.

Mientras precisamente la Municipal, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Defensa, la Agencia Estatal de Investigación y la Fiscalía estatal acumulan 76 asistencias de 76, la Guardia Nacional solamente registra 18 y la Fiscalía General de la República apenas dos. Sí, dos de 76.

El dato adquiere mayor relevancia porque la FGR prácticamente dejó de acudir desde enero y la Guardia Nacional también se ausentó durante meses.

Hasta este lunes reapareció precisamente la GN, cuando septiembre mantiene un escenario complicado en materia de homicidios.

Y es ahí donde surge la pregunta: si desde la federación se insiste en que el combate a la delincuencia requiere coordinación entre los tres órdenes de gobierno, ¿cómo se explica que dos de sus instituciones hayan mantenido semejante ausencia de las mesas regionales?

Más aún cuando detrás de buena parte de la violencia que hoy preocupa a la capital aparecen fenómenos como la delincuencia organizada, el narcotráfico y el uso de armas de competencia federal.

Lo hemos dicho muchas veces, deben ser fortalecidos municipios y estados en sus órganos de seguridad pero jamás habrá resultados ni medianamente suficientes si la federación no hace su parte.

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No tiene comparación con otros casos la cerrazón y opacidad con la que el Gabinete de Seguridad, en particular la Fiscalía General de la República, ha manejado el caso de la detención del empresario gasolinero, Carlos Alberto Velázquez, y el aseguramiento de sus negocios que giran alrededor de Energética Carvel.

Sin detalle alguno de la intervención ejecutada en Chihuahua entre jueves y viernes pasados, las autoridades federales sólo enviaron un escueto comunicado con información de 19 cateos en Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, con “tres personas detenidas, entre ellas un operador financiero del Cártel del Golfo, vinculado con una red dedicada al contrabando de hidrocarburos”.

Según la información difundida, no aparece el nombre del empresario de Chihuahua, y el presunto operador financiero de la organización criminal es un tal “Bebo”, Juan Manuel N., que no ubica en alguna de las tres entidades involucradas.

El comunicado asienta que en esos estados fueron asegurados 13 inmuebles, dos aeronaves, 50 vehículos, 107 remolques tipo cisterna, 84 tractocamiones, 49 camiones recolectores, 11 bombas despachadoras, cuatro tanques, alrededor de 500 mil litros de combustible, además de metanfetamina, cartuchos, motocicletas y dinero en efectivo.

Así, todo lo ocurrido en esos tres estados durante los últimos días de la semana pasada es echado en un mismo costal, sin precisión alguna ni detalles claros sobre lo relacionado a la empresa de Chihuahua.

Eso sí, la información oficial no deja la cantaleta de que el “Gabinete de Seguridad mantiene una estrategia permanente para combatir el mercado ilícito de hidrocarburos, afectar las fuentes de financiamiento de las organizaciones criminales y detener a quienes se benefician de estas actividades”.

¿Liga la autoridad, de esta manera, a Carvel con el Cártel del Golfo? ¿Y quiénes son los otros detenidos de esta operación a gran escala? ¿Ante qué se encuentra el estado en el caso que involucra al más grande distribuidor regional de combustibles en Chihuahua, después de Pemex?

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La gobernadora Maru Campos emitió ayer temprano un mensaje, que más bien era una advertencia, para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes agendaron para hoy la revisión de cuatro acciones de inconstitucionalidad presentadas por Morena en contra de decisiones del Congreso del Estado.

La mandataria decidió hacer más visible el litigio constitucional sobre la última reforma electoral estatal, focalizándolo en un asunto político de mayor dimensión, el de la causal para anular elecciones cuando intervenga el crimen organizado.

El argumento de Campos Galván sobre esa porción de la reforma es muy claro. Básicamente asienta que si un grupo criminal puede influir en quién compite o quién gana, la elección deja de ser plenamente libre.

Y así puede llegar el estado a la situación de su vecino, Sinaloa, donde el gobernador morenista, Rubén Rocha Moya, de facto acabó destituido luego de que Estados Unidos develara una investigación que lo liga a “Los Chapitos”.

Campos recordó que los legisladores morenistas rechazaron la reforma y posteriormente acudieron a la Corte para impugnarla. Con ello, colocó a la oposición local en una posición incómoda y presentó al gobierno estatal como defensor de una legislación cuyo propósito, sostiene, es impedir que el crimen intervenga en las urnas.

El contraste Morena-Estado, presentado por Maru Campos y construido de cara al proceso electoral, llegó horas antes de la discusión que hoy tenga la Corte, en torno al proyecto de resolución de la ministra Sara Irene Herrerías Guerra, quien lleva la causa y sus acumuladas.

Hasta donde sabemos, el proyecto declara fundados algunos agravios presentados por los morenistas que coordina Cuauhtémoc Estrada; también, pretende obligar al Congreso del Estado, de mayoría PAN-PRI-MC, con aliados a conveniencia del PT y Verde- a corregir entuertos por no legislar en torno a la intervención extranjera; y le da también algo de razón al Legislativo local en sus decisiones de mayoría calificada.

El proyecto de Herrerías Guerra, pues, es bastante equilibrado, y sobre ese tendrán que votar los demás ministros, quienes, suponemos, no se van a poner a determinar quién tiene el mejor discurso político, sino que habrán de revisar si las disposiciones aprobadas por el Congreso estatal son compatibles con la Constitución.

La propia SCJN ha señalado recientemente, en asuntos electorales, la importancia de que las restricciones y sanciones se sustenten en criterios claros, objetivos y verificables. Por eso, el fondo de la discusión puede ser mucho más complejo que el planteamiento político.

También estarán sobre la mesa los límites de la legislación estatal, el derecho a ser votado, la certeza jurídica y las condiciones que deben cumplirse para restringir una candidatura o anular una elección.

En ese marco, políticamente el mensaje de Maru cumplió su cometido de no permitir medias tintas en el máximo tribunal del país.