Claudia pasó por encima de Adán Augusto

Palazo de la Corte al blindaje electoral

La designación del juarense Cruz Pérez Cuéllar como candidato a gobernador por Morena -aunque lo hayan denominado “coordinador estatal de la defensa de la transformación y la soberanía” para disfrazarlo- es también el balazo de salida de la contienda por Chihuahua de 2027.

La situación interna de la 4T, que veremos más adelante, es todo un reto para el alcalde de Juárez, pero la verdadera batalla viene ahora con quien es ya candidato a gobernador por el PAN, el presidente municipal Marco Bonilla, cuyo nombramiento también ha sido disfrazado en aras de bordear las normas electorales.

Así, no es difícil predecir la tónica de la campaña, a la luz de los sucesos recientes y la confrontación entre el gobierno de Maru Campos y la administración de Claudia Sheinbaum.

En el PAN, hasta hace unos días, tenían cierta esperanza en que la elegida por Morena fuera la senadora con licencia, Andrea Chávez, ante quien visualizaban una campaña más favorable en la apuesta de retener el estado, debido a que ella no tuvo jamás la estructura que ha construido Pérez Cuéllar.

A Cruz lo veían con más recelo tanto por esa fortaleza de estructura y territorio como por su pasado panista, que le da un plus de conocimiento sobre sus rivales en la entidad.

Sabían los panistas que, una vez designado un candidato del morenismo y la 4T, comenzaría de nuevo la lucha por las preferencias electorales, tras el leve reposicionamiento albiazul; y ahora, los temores en Acción Nacional están centrados en la capacidad de operación del juarense para hacerles boquetes guindas por todo Chihuahua.

Viene entonces la batalla real en la que Pérez Cuéllar tiene el reto de aglutinar las facciones morenistas, petistas y verdes en torno a su proyecto estatal, mientras Bonilla, si se lo permiten, debe apretar las tuercas que faltan en el PAN y aliados, para ser competitivo ante una previsible maquinaria federal que habrá de volcarse al estado.

El juarense deberá emprender la operación cicatriz especialmente con el grupo de Chávez Treviño, la dirigencia estatal de Brighitte Granados que se apostó con la senadora y la gente de la izquierda tradicional que, no es un secreto, no quedó contenta con su designación.

El panista de Chihuahua, por su parte, debe poner especial atención a la selección de candidato a alcalde de la capital, que sigue siendo la principal amenaza de fractura en el PAN, y cuidar la plaza de Juárez, donde el crucismo puede convertirse en un huracán que jale al lado de Morena los pocos activos azules que le quedan.

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En las lecturas internas del morenismo sobre la nominación de Cruz Pérez Cuéllar, lo que sobresale del proceso es que siempre fue él quien tuvo las de ganar, ante una posición retadora y desafiante del senador Adán Augusto López contra al grupo de la presidenta, Claudia Sheinbaum.

Siempre fue Cruz, según las mismas visiones morenistas, porque el tabasqueño se creyó heredero absoluto del obradorismo, con el Partido del Trabajo como ariete, y era de lo más previsible la señal de autoridad que, en particular en los últimos estados definidos, envió Sheinbaum Pardo.

En la definición de Chihuahua, pues, la presidenta le pasó por encima a López Hernández, en una apuesta cuyas consecuencias deberá enfrentar Pérez Cuéllar con cabeza fría, porque le dejó la mesa puesta para estrechar la coalición con el Partido Verde, pero quedó en posición complicada para negociar con el PT, que sigue regateándole al juarense su victoria dentro de Morena.

Según algunas suposiciones, no le queda más al senador por Tabasco que conformarse con algunos triunfos medianos en las definiciones de apenas un tercio de las entidades... y posiblemente entrarle a la apuesta para la alcaldía de Juárez, supuesta posibilidad que ahora se le abriría a Andrea Chávez.

Sin embargo, por las posturas iniciales del PT -tanto del dirigente nacional, Reginaldo Sandoval, como de la diputada federal Lilia Aguilar, cabeza real del partido en el estado-, apuntan a que seguirán estirando la liga no tanto para debilitar a Pérez Cuéllar, sino para buscar alguna ganancia marginal ya perdida la candidatura a la gubernatura.

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El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó casi toda la reforma electoral de Chihuahua, dándole un palazo al Congreso del Estado y al supuesto intento de blindaje de las elecciones para evitar la injerencia del crimen organizado, aprobado por las bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, con algunos paleros de los aliados a conveniencia de Morena.

Básicamente, la resolución del máximo tribunal del país estableció que el Legislativo debió partir, primero que nada, con la armonización de las normas locales con el artículo 41 de la Constitución Política Federal, que establece la injerencia o intervención extranjera como una nueva causal de nulidad de elecciones.

O sea, los legisladores sólo tenían que armonizar la Constitución del Estado con la máxima norma del país, lo que no hicieron, antes de proceder a cualquier otra ocurrencia, como la de convertir a los órganos electorales en una especie de policías sin armas, a pelear contra el crimen organizado.

En suma, la Corte pondrá a trabajar horas extra a los diputados locales para que legislen no como se les ocurra, sino como marca la Constitución, en pleno arranque del proceso electoral 2027, que en el estado está programado para mañana jueves.

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No ocurrió una tragedia porque Dios es grande, como coloquialmente se dice, pero estaban dadas todas las condiciones debido a la cantidad de agua que cayó, tanto al mediodía como en la tarde noche de ayer.

De acuerdo a los datos oficiales fueron cerca de 20 milímetros -y casi los mismos al mediodía- los que cayeron en cerca de 40 minutos por la tarde, que fue cuando arreció, por lo que en poco tiempo las calles fueron convertidas en verdaderos ríos.

Cierto es que los oficiales de Vialidad no se dieron abasto, pero hubo omisión en los sitios que históricamente ha detectado protección civil, donde hay acumulación o corrientes de agua auténticamente peligrosas.

Por ejemplo, Independencia y Jorge Muñoz, en la colonia Desarrollo Urbano; Nueva España y Calle 20, en la Misael Núñez; Avenida Equus y Boulevard Juan Pablo II, en Punta Oriente; Avenida Fuerza Aérea y Palestina, en Tabalaopa, y cinco más, que son puntos de riesgo difundidos incluso ayer por protección civil.

No hay señalamientos en los lugares ni mucho menos presencia de cuerpo policial vial en la mayoría de los puntos, mínimo con código de luces para realizar advertencias.

Será la falta de coordinación entre Protección Civil y la subsecretaría de Vialidad, que dirige César Komaba, o la simple irresponsabilidad del momento, sin planeación alguna ni plan de acción, pero ambas situaciones son lamentables e inadmisibles.

Los videos y fotos de carros arrastrados por el agua están ahí circulando en redes sociales, como prueba de lo delicado que resultó la lluvia del lunes.

Si no sirve Protección Civil para anticipar con precisión las precipitaciones pluviales, pero tampoco para coordinar las acciones de respuesta ante contingencias, pues entonces estamos ante un problema de fondo.

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La toma de instalaciones administrativas por parte de docentes jubilados y personal retirado de la educación media superior de los centros de bachillerato agropecuarios, evidencia la falta de respuestas oportunas en las vías de gestión ordinarias, que no dejan otro camino que levantar la voz. Insensibilidad pura a nivel central.

Tras varios años de espera para el cobro de gratificaciones por jubilación y prestaciones pendientes —como los conceptos 063 y 068—, los inconformes debieron recurrir a protestas públicas tempraneras -con toma a las siete de la mañana- para visibilizar un derecho adquirido tras décadas de servicio en el sector público educativo, por medio de la toma de instalaciones aquí en la ciudad, en el Cetis 86.

La acción de protesta generó fricción y discusión que no llegó a mayores, -por ahí tenemos video del encuentro con el coordinador de la DGTI, Jesús Gerardo Arroyo Gutiérrez- pero que no tendría razón de ser; entienden los jubilados que la decisión no está a nivel local, sino nacional, pero es su única forma de presionar.

Mientras los coordinadores e instancias regionales carecen de suficiencia financiera para resolver las demandas de fondo, a nivel central la Secretaría de Educación Pública postergó la atención hasta que las acciones de protesta derivaron en afectaciones a terceros y a la operatividad administrativa.

El mismo lunes por la tarde hubo firma de minuta, aceptando el adeudo y estableciendo un calendario de pagos del acumulado de cinco años. Nada les costaba haber resuelto antes.