El sector privado rechazó cualquier medida que premie la legalidad como la planteada por el Infonavit que busca facilitar a los invasores de viviendas adquirirlas a bajo costo.

El presidente de Coparmex, Jorge Treviño, consideró que la medida beneficia a personas que están violando los derechos de otras, lo que es un mensaje muy peligroso.

“Se trata de una línea muy delgada, porque entonces cualquier casa que esté en un momento deshabitada, tiene el riesgo que se invada, porque dijeron que se valía. Se supone que son casas del Infonavit, pero es el mensaje que se manda”, lamentó.

Expuso que es un tema muy delicado porque la impunidad no puede prevalecer en la sociedad, tiene que haber consecuencias cuando se infringe la ley, “no puede premiarse la ilegalidad”, dijo.

El presidente de Canacintra, Armando Gutiérrez Cuevas, por su parte, señaló anteriormente que el programa del Infonavit es una invitación grave a la ilegalidad y la informalidad, cuando México debe caminar por el sentido opuesto.

Expuso el líder de los industriales de la transformación que lo que hace crecer al país es la cultura de la legalidad, la meritocracia, el luchar por lo que se desea obtener y si bien hace falta mayor accesibilidad a la vivienda, es un tema que debe mejorar el Infonavit.

En un comunicado, organismos empresariales a nivel nacional expresaron su oposición a la propuesta anunciada sobre la regularización de viviendas invadidas mediante esquemas de arrendamiento con opción a compra, a precios subsidiados.

Esta medida, señalaron, contradice el mandato legal del Instituto y amenaza con institucionalizar la ilegalidad, poniendo en riesgo los ahorros de millones de trabajadores que aportan a este fondo.

El Infonavit, sostuvo el comunicado, fue creado para proteger el patrimonio de los trabajadores, no para avalar ocupaciones irregulares ni convertir en beneficiarios a quienes han tomado inmuebles que no les pertenecen.

De las 168 mil viviendas censadas hasta el momento por la Secretaría del Bienestar, de un universo total de 843 mil —con una inversión de 700 millones de pesos—, el 86 por ciento de éstas, en su mayoría, están habitadas por personas sin ningún vínculo jurídico con el Instituto ni con los legítimos propietarios. Pretender que estos ocupantes puedan adquirir los inmuebles, por debajo de su valor real, representa un grave precedente.

“Rechazamos de forma categórica cualquier iniciativa que premie la toma ilegal de viviendas y exigimos que las autoridades competentes —en especial la Asamblea del Infonavit— detengan cualquier intento por legalizar ocupaciones al margen de la ley. El Instituto no tiene atribuciones legales para otorgar créditos, rentas ni escrituras a personas que no son derechohabientes. Las funciones de atención a población no afiliada corresponden a otras instancias, como la Sedatu o la Conavi”, concluyó el comunicado.