A partir del 1 de octubre y por disposición oficial entró en vigor Registro de Usuarios de Telefonía Móvil, medida que busca vincular datos biométricos de los usuarios de telefonía y vincularlos con sus líneas telefónicas; medida que no fue recomendada por analistas derivado del riesgo de concentrar la información.

Como parte de las disposiciones en la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la medida tiene como finalidad combatir la extorsión, fraudes y otros delitos cometidos mediante el uso de líneas telefónicas.

Un ejercicio realizado por Grupo REFORMA en los principales operadores de telefonía móvil tradicional, Telcel y AT&T México, encontró que por ahora para adquirir un número celular es necesario presentar una identificación oficial donde se incluyen los datos como la Clave Única de Registro de Población (CURP).

"Si, posteriormente vamos a pedir las huellas (dactilares) por disposición oficial. Nosotros desde ahorita ya lo estamos haciendo pero más en las líneas que son en plan tarifario. Es un respaldo que tienen para evitar el robo de identidad" dijo una empleada de Telcel de un Centro de Atención a Clientes ubicado en Av. Universidad, en la Ciudad de México.

En tanto, un empleado de AT&T México fue cuestionado qué tipo de documentación se requiere para poder adquirir una línea nueva con este operador. Sostuvo que al presentar una identificación oficial, como INE o comprobante de domicilio, se le pide a los usuarios sus huellas dactilares.

Cuestionado por el tema, Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), indicó que no hay en ninguna región del mundo un antecedente de esta naturaleza que presente casos de éxito contra el combate a la inseguridad.

"No hay registros que expongan alguna efectividad para reducir la delincuencia, la inseguridad y las extorsiones con la recopilación de datos personales de telefonía móvil", comentó en entrevista en días pasados.

Acusó que la medida del padrón de los usuarios de telefonía móvil de los mexicanos, más que buscar el combate al crimen organizado, parece más un control de la información de la mayoría de los mexicanos que hoy usan una línea telefónica.

"Sí, esos registros están asociados a regímenes autoritarios y sirven más como un control sobre la población, más que una herramienta eficaz contra el crimen. Los agravantes del caso mexicano son que no hay organismo que tutele la privacidad y tampoco Poder Judicial independiente. Los derechos están vulnerables", acusó.

Bravo sostuvo además que los operadores no tienen más remedio que acatar la regulación y no parecen dispuestos a judicializar la medida ante una Suprema Corte de Justicia de la Nación que es favorita de un partido político.

"Llama la atención la urgencia para implementar el programa piloto sin que esté desarrollada la CURP biométrica y sin que esté instalada la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT)", añadió el especialista.