El presidente de Coparmex, Jorge Treviño, manifestó su preocupación por la aprobación de la reforma a la Ley de Amparo al debilitar la defensa de las empresas ante posibles abusos y poner en riesgo la inversión.

Con los cambios, dijo, si una empresa es demandada por motivos fiscales, por poner un ejemplo, en ese momento quedan congeladas sus cuentas lo que frena su operación, sin tener certeza de ser culpable o no, con lo que queda fuera de jugada. Consideró que esto se presta para ser una herramienta legal política.

En voz de su presidente nacional, Juan José Sierra, la Coparmex dio su posicionamiento en relación a la reforma de la Ley de Amparo que, al ser aprobada por la Cámara de Diputados, mantiene un dictamen que modifica más de 30 artículos que, sostuvo, lejos de fortalecer el marco jurídico, debilita uno de los pilares históricos más importantes del Estado de Derecho que es el juicio de amparo.

Durante más de un siglo, expuso el presidente de la cúpula patronal, el amparo ha sido el instrumento más valioso para proteger a los ciudadanos frente a los abusos de poder.

Se trata, señaló, del mayor legado del constitucionalismo mexicano al mundo, una herramienta que garantiza que ninguna autoridad esté por encima de la ley, que los derechos humanos sean efectivos y que la justicia no depende de la voluntad política, sino de la Constitución.

Modificar ese equilibrio sin tomar en cuenta la opinión de juristas, expertos y sin haber realizado un análisis técnico profundo, como tampoco una deliberación amplia, señaló, conlleva un riesgo institucional de gran magnitud.

Expuso que la versión aprobada en la Cámara de Diputados vuelve a poner el foco en la cláusula retroactiva que se había ya señalado como una amenaza directa a los juicios en curso, mantiene restricciones que reducen el acceso a la justicia, limita el control judicial sobre los actos de autoridad y vulnera la seguridad jurídica de las personas y las empresas.

Entre las disposiciones más delicadas, mencionó, restringe la suspensión del acto reclamado, incluso en materia fiscal, lo que significa que una empresa podría enfrentar embargos, cancelaciones de sellos digitales o bloqueos de cuenta antes de que un juez resuelva si la autoridad actuó conforme al derecho.

En la práctica, agregó, elimina la posibilidad de proteger a los contribuyentes frente a actos arbitrarios o desproporcionados afectando la liquidez y continuidad de las operaciones de miles de empresas.