El Gobierno federal debe analizar la creación de un régimen fiscal especial si decide impulsar la explotación de gas natural en yacimientos no convencionales, aseguró Alfonso Reyes Pimentel, integrante del Comité de Regulación y Acceso de la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi).

Pemex no tiene capacidad económica para invertir en el fracking, por lo que debe haber participación privada ante el elevado nivel de recursos económicos que requiere, agregó durante su participación en el foro "Una aproximación multidisciplinaria hacia el fracturamiento hidráulico".

"El régimen debería ser escalonado, es decir, empezar siendo menos agresivo y paulatinamente aumentar los requisitos de fiscalización", aseguró el experto durante su participación en el foro "Una aproximación multidisciplinaria hacia el fracturamiento hidráulico".

Expuso que el régimen fiscal actual establece impuestos como ISR, Derecho del Bienestar Petrolero y la recuperación de la inversión topada a 30 por ciento cuando hay flujo de recursos diferido en varios años.

Adicionalmente, Pemex se queda al menos con 40 por ciento de los recursos que se obtienen de las utilidades, pero hay contratos que llegan a superar ese porcentaje, explicó el especialista en el foro que organizó el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar.

"Hicimos un ejercicio de ver cómo se comporta un proyecto bajo desarrollo de no convencionales y contrato mixto. Lo que observamos es que no es económicamente viable para promover inversiones, debido a las restricciones o límites de participación de la empresa y recuperación de costos.

"En otros países se ha aplicado un régimen escalonado, con menos requerimientos fiscales, que empiecen con una carga de 8 por ciento sobre los requerimientos financieros para los costos de los pozos, y conforme el proyecto avanza y se hace más rentable, aumenta la carga fiscal", dijo en entrevista tras el evento.

Existen diversas medidas para llevar a cabo este escalonamiento, como un ajuste en el Derecho Petrolero del Bienestar, un ajuste en la participación de Pemex para abajo, que Pemex participe con recursos o que haya un financiamiento por parte de la empresa y que después se lo pague Pemex con porcentaje de los ingresos de la producción, deducción acelerada de ISR, entre otras medidas, afirmó.

En su oportunidad, Ramsés Pech, especialista y socio de Caravia y Asociados, expuso que se deberían flexibilizar los contratos mixtos para atraer a los inversionistas, pues se tiene una elevada dependencia del gas importado.

"Se debe elevar el tope y escalonarlo según la intensidad de capital real de cada pozo, en lugar de un 30 por ciento fijo. Además, debe haber certeza jurídica blindada, con cláusulas de habilidad, arbitraje internacional y protección frente a cambios de ley.

"Se requiere vincular el porcentaje de reparto del Flujo Remanente de Efectivo al precio y a la rentabilidad y tener un régimen fiscal comparable a Vaca Muerta o La Pérmica, con incentivos por líquidos y por contenido nacional", señaló Pech.

Sin embargo, Lorena Caballero López, directora técnica del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe, aseguró que la implementación de un régimen fiscal diferente pondría mayor presión a las finanzas públicas, pues se sacrificarían recursos públicos en favor de proyectos de empresas privadas.

Añadió que el Gobierno ha destinado 250 mil millones de dólares a subsidiar proyectos fósiles sin que se tenga claro a dónde van esos recursos, por lo que se desconoce si se han aplicado en las áreas correctas.
"Si se decide avanzar en el fracking, debe haber una transparencia en el uso de los recursos públicos, pues se corre el riesgo de que no haya claridad", dijo.