Ciudad de México.- Conforme las tasas de natalidad disminuyen y la esperanza de vida aumenta, los sistemas de ingresos de jubilación de todo el mundo enfrentan presiones cada vez mayores, advirtió Marsh, firma global de servicios profesionales, y CFA Institute, la asociación mundial de profesionales de inversión.
Aunque los sistemas de jubilación difieren entre los países, todos enfrentan el mismo desafío a largo plazo: proporcionar ingresos confiables conforme los datos demográficos cambian y los mercados evolucionan.
Marsh advierte que la próxima década es decisiva para Latinoamérica.
La nueva edición del Índice Global de Pensiones de Marsh y CFA Institute publicado el 20 de octubre, que compara 55 sistemas de ingresos de jubilación en todo el mundo, cubriendo 66 por ciento de la población mundial.
Destaca que las edades tradicionales de jubilación de 60 o 65 años están cada vez más desalineadas con las realidades de vidas más largas y saludables.
En Latinoamérica, de los nueve países de la región evaluados (incluido México) obtienen una calificación promedio de 62.6 puntos, significativamente por debajo del promedio global, lo que refleja desafíos estructurales comunes.
México tiene una calificación de 71.2 puntos.
Estos desafíos son informalidad laboral persistente, presión fiscal sobre sistemas de reparto y una brecha creciente entre la capacidad de financiamiento y las obligaciones futuras, detalla el documento.
Es por ello que en AL los gobiernos deben actuar con urgencia en tres frentes: primero integrar al mercado informal laboral para expandir la base de contribuyentes y reducir la presión sobre sistemas no contributivos.
Segundo, introducir flexibilidad en las edades de jubilación y diseño de beneficios que reflejen vidas más largas y transiciones trabajo-retiro menos lineales; y tercero, construir espacios para ahorro complementario mediante sistemas de capitalización privada supervisados, como lo han hecho Chile y Uruguay.
Ramsé Gutiérrez, co-director de Inversiones en Franklin Templeton Investments México, destacó que el País enfrenta presiones distintas por las pensiones institucionales (IMSS, ISSSTE, Pemex, CFE), y las pensiones sociales (como Adultos Mayores, Personas con Discapacidad y Mujeres Bienestar).
Para 2027, el crecimiento previsto de las pensiones sociales es de 3.3 por ciento nominal, cercano a la inflación proyectada.
Aunque es una desaceleración frente a los aumentos de años anteriores (34 por ciento en promedio por año entre 2021 y 2026), moderar el crecimiento no resuelve el desafío.
La base presupuestal ya es muy grande, la población seguirá envejeciendo y reducir estos programas sería políticamente costoso, asegura.
En el caso de las pensiones institucionales, el pasivo pensionario se estima en alrededor de 37 por ciento del PIB, cifra considerable, pero mucho menor al 60 por ciento que se tenía en 2012, contrastó Gutiérrez.
"No es una cuenta que deba pagarse en 2027, pero ilustra la magnitud del compromiso. Cubrirlo por completo hoy mediante deuda implicaría un aumento de endeudamiento adicional de casi el 70 por ciento de toda la deuda mexicana actual", comentó.
México, concluyó el analista, enfrenta una presión doble: obligaciones institucionales que maduran conforme envejece la población y programas sociales que se consolidan como compromisos presupuestarios recurrentes.