Cd. de México.- Cuatro proyectos eléctricos por más de 800 millones de dólares han sido cancelados este año debido a que las comunidades donde se ubicarían no dieron su consentimiento.

Se trata de los proyectos fotovoltaicos Tecozautla, Ticul 1 y Ticul 2, así como el eólico Gunaa Sicarú, que contemplaban una capacidad de generación conjunta de 800 megawatts en Hidalgo, Yucatán y Oaxaca, respectivamente.

La central fotovoltaica Tecozautla fue la última en cancelarse, luego de que 63.1 por ciento de la población de cuatro comunidades votara en contra del proyecto en una consulta, ante el temor de que pusiera en riesgo sus recursos naturales y derechos territoriales.

El proyecto contemplaba una extensión de alrededor de 588.51 hectáreas, de las cuales 70.3 serían destinadas a la instalación de 204 mil 300 paneles solares y tres hectáreas a un sistema de almacenamiento de baterías, además de caminos internos.

La extensión del proyecto equivaldría a unas nueve veces el Estadio Azteca, incluyendo su estacionamiento, explanada y estructura.

Green Park Energy, filial de la española Cox, desistió de realizar el proyecto luego de que las comunidades emitieran actas de rechazo.

Los otros tres proyectos enfrentaron una situación similar: el rechazo de las comunidades.

Especialistas entrevistados consideraron que históricamente muchos desarrolladores han minimizado el aspecto social, al limitarse a negociar con los propietarios o arrendatarios de la tierra sin considerar el entorno comunitario ni la relación espiritual y cultural que otras comunidades tienen con ese territorio.

Por esta razón, agregaron, estos no serían los únicos proyectos que podrían ser rechazados en consultas.

"Hay algunas zonas donde el riesgo de rechazo de proyectos es mayor que en otros, como Oaxaca, Yucatán y Chiapas, por su alta presencia de comunidades catalogadas como indígenas o afromexicanas.

"Algunas zonas con alto potencial energético eólico y solar suelen coincidir directamente con los territorios, tierras de uso tradicional, lugares sagrados o rutas de procesión de las comunidades", aseguró Héctor Garza Cervera, socio fundador del Centro de Investigaciones Interculturales, Jurídicas y Ambientales (CIIJA).

Gabriel Espejel, socio de Caral Abogados, consultora especializada en consulta previa a comunidades indígenas y afromexicanas, aseguró que regiones como Oaxaca, Yucatán e Hidalgo ya cuentan con experiencia en proyectos energéticos y están organizadas para defender sus derechos.

"El recurso del viento lo encuentras sobre todo en Oaxaca, en el Istmo, en Zacatecas, Tamaulipas, y en cada uno de estos estados la posibilidad de una consulta es más alta, pero también hay comunidades organizadas que están en contra de los proyectos porque desafortunadamente no hubo o no ha habido un proceso de sensibilización o comunicación con ellos".

Espejel señaló que la falta de comunicación también puede generar percepciones equivocadas sobre los efectos de este tipo de infraestructura.

"Hay gente que todavía cree que los parques eólicos pueden hacer volar sus vacas o que los proyectos solares bombardean las nubes para que deje de llover. Entonces, el gran problema es la desinformación para todo el tipo de proyectos", explicó.

Ambos entrevistados coincidieron en que los desarrolladores suelen ver los procesos de consulta como un trámite burocrático, en lugar de realizar un trabajo de campo profundo y temprano durante la Manifestación de Impacto Social (MISE).

Por ejemplo, Garza Cervera señaló que tradicionalmente se ha utilizado un modelo empresarial asistencialista que, a su juicio, atenta contra la dignidad de los pueblos.

La falta de transición hacia un modelo en el que las comunidades reciban por derecho un beneficio justo, equitativo y transparente por el uso de sus tierras genera tensiones y rechazo hacia los desarrollos, agregó.