Un residente legal permanente de El Paso se declaró culpable en un tribunal federal por su participación en una red de tráfico de personas que introdujo ilegalmente a niños drogados desde Ciudad Juárez hacia Estados Unidos.

Manuel Valenzuela, de 35 años, admitió haber participado en una conspiración que utilizaba caramelos con THC —el componente psicoactivo de la mariguana— para sedar a menores de entre cinco y 13 años durante los cruces fronterizos, según documentos judiciales.

De acuerdo con la Fiscalía del Distrito Oeste de Texas, los niños eran llevados a la frontera por miembros de una organización de contrabando de personas. Los conductores y sus cómplices presentaban documentos estadounidenses falsos en los puntos de inspección, afirmando que eran los padres de los menores. Una vez dentro del país, los niños eran trasladados a El Paso.

Durante uno de estos eventos, uno de los niños tuvo que ser hospitalizado y fue diagnosticado con intoxicación por THC, según las autoridades.

Valenzuela, quien residía en El Paso con estatus legal permanente, recogía a los menores una vez que lograban ingresar a Estados Unidos y entregaba el pago a los conductores, de acuerdo con los fiscales. Fue arrestado el 30 de agosto junto con su coacusada, Dianne Guadian, ciudadana estadounidense. Ambos, junto con los mexicanos Susana y Daniel Guadian, fueron acusados formalmente el 24 de septiembre en una acusación de cinco cargos.

El 6 de noviembre, Valenzuela se declaró culpable de cuatro de esos cargos: uno de conspiración para transportar personas indocumentadas y tres por ayudar e instigar el contrabando de personas con fines de lucro. Enfrenta una pena mínima obligatoria de 11 años de prisión. La sentencia será determinada por un juez federal después de revisar las directrices de sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.

El anuncio fue hecho por el fiscal federal Justin R. Simmons, quien señaló que la investigación fue liderada por Homeland Security Investigations (HSI) en El Paso y la Patrulla Fronteriza, con el apoyo del Human Smuggling Unit en Washington, D.C., y del National Targeting Center International Interdiction Task Force de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

Los fiscales Adam Hines, de la Fiscalía del Distrito Oeste de Texas, y Bethany Allen, de la División de Derechos Humanos y Procesamientos Especiales del Departamento de Justicia, están a cargo del caso.

La investigación formó parte del trabajo de la Joint Task Force Alpha (JTFA), una iniciativa creada para combatir redes de tráfico y trata de personas que operan desde México y Centroamérica. Desde su creación, la JTFA ha resultado en más de 410 arrestos nacionales e internacionales, 355 condenas y más de 300 sentencias significativas de prisión, además de decomisos de bienes y activos.

El caso también se enmarca en Operation Take Back America, una estrategia nacional del Departamento de Justicia que busca frenar la inmigración ilegal, desmantelar organizaciones criminales transnacionales y reducir los delitos violentos en las comunidades fronterizas.

Hasta el momento, las autoridades no han divulgado información sobre la situación actual de los niños víctimas del tráfico ni si se ha identificado a los responsables principales de la red.