Washington— La congresista demócrata por El Paso, Veronica Escobar, anunció que planea replantear y volver a presentar en 2027 la iniciativa de la Ley Dignidad (Dignity Act), e invitó a sus críticos de ambos partidos a negociar una reforma migratoria que aspira a llevar al escritorio del presidente.
Al hablar el miércoles en el Capitolio, durante el Día de los Veteranos, la legisladora también pidió el regreso de veteranos militares deportados y renovó sus críticas contra Camp East Montana, el centro de detención migratoria ubicado en su distrito.
"Estoy profundamente comprometida a asegurar que la Dignity Act sea presentada nuevamente en 2027", dijo Escobar.
La congresista compareció junto a otros demócratas, la American Business Immigration Coalition Action y la South Texas Builders Association para hablar del futuro de la reforma migratoria.
Escobar, coautora de la propuesta, afirmó que ella y la republicana María Elvira Salazar, de Florida, siguen comprometidas con el esfuerzo que iniciaron juntas en 2023. Dijo que Salazar no pudo asistir porque acababa de ganar su elección. Una versión actualizada de la propuesta fue presentada en julio de 2025.
Invitación a reescribir el compromiso
Escobar dijo que busca ampliar el respaldo bipartidista a la iniciativa, sacarla de la Cámara de Representantes y avanzarla en el Senado. Señaló que en el Congreso pasado el esfuerzo contó con 20 republicanos y 20 demócratas, y que ya tiene a un dúo bipartidista de senadores muy interesado en la propuesta. No identificó a los senadores ni anunció una fecha para presentarla en el Senado.
"Vamos a replantearla en las próximas semanas", dijo, dirigiéndose a los legisladores de ambos partidos a quienes no les gustó la propuesta por no cumplir con sus objetivos. "Damos la bienvenida a sus ideas. Damos la bienvenida a su iniciativa. Los queremos en la mesa".
La congresista no precisó qué disposiciones cambiarían ni dio a conocer un texto legislativo revisado. Su meta es alcanzar un acuerdo que pueda convertirse en ley en 2027, seguido de legislación migratoria adicional en 2028.
La necesidad del apoyo republicano
Escobar recordó que, cuando la propuesta se presentó en 2023, recibió críticas por su carácter bipartidista. Se describió como una demócrata progresista con aspiraciones ambiciosas en materia migratoria, pero también como una "pragmática".
"Soy una demócrata progresista. Tengo sueños y esperanzas muy aspiracionales para la reforma migratoria. Pero también soy pragmática", afirmó.
Con Donald Trump en la Casa Blanca y sin una supermayoría en el Senado, explicó, el respaldo republicano será indispensable. "Así que cualquier reforma migratoria integral debe ser bipartidista", dijo.
Entre sus primeras frases, la legisladora afirmó: "Pintamos la frontera de azul, y tenemos un mandato del pueblo estadounidense". Se trata de su interpretación de los resultados electorales, y no presentó un desglose por distrito.
Qué proponía la versión anterior
La versión de 2025, presentada como H.R. 4393, combinaba medidas de seguridad fronteriza, cambios al asilo y a la migración legal, y un programa que permitiría a ciertos inmigrantes sin estatus legal con muchos años en el país obtener autorización para vivir y trabajar en Estados Unidos.
Según las descripciones de sus patrocinadores, el Programa Dignidad, con duración de siete años, exigiría a los participantes cumplir requisitos como antecedentes penales limpios, pago de impuestos, incluidos los atrasados, y 7 mil dólares en restitución, además de reportarse periódicamente ante el DHS. Quienes cumplieran los requisitos podrían renovar su estatus al término del programa. La propuesta incluía también disposiciones separadas, similares a DACA, para quienes llegaron al país siendo niños.
Esas disposiciones corresponden a la propuesta anterior y no a un proyecto definitivo para 2027. El anuncio de Escobar deja sus requisitos y alcance futuros sujetos a negociación. Su reintroducción daría inicio a un nuevo proceso legislativo y no pondría en vigor ninguna de sus medidas.
Llamado por veteranos deportados
Escobar aprovechó el acto para llamar la atención sobre exmilitares estadounidenses que han sido deportados. Dijo que cientos de veteranos han sido deportados bajo la actual y las anteriores administraciones, aunque no ofreció fuente ni periodo para esa cifra.
"Necesitamos traerlos a casa y necesitamos atender el sistema roto que ha sacado a héroes estadounidenses de suelo estadounidense", dijo. "Es increíblemente injusto".
Sus comentarios no precisaron un mecanismo para su regreso ni si el texto revisado de la Ley Dignidad incluiría disposiciones sobre veteranos deportados.
Críticas a Camp East Montana
Escobar vinculó su impulso a la reforma con la separación de familias y la operación de centros de detención. "Sé que ninguno de nosotros quiere volver a ver a una familia separada nunca más", dijo.
Se refirió a Camp East Montana como una prisión privada y un negocio lucrativo que "se alimenta de ganancias a costa de la miseria humana". La legisladora lo describió como una instalación de 1,240 millones de dólares. En una carta previa al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), identificó esa cifra como el monto adjudicado a Acquisition Logistics LLC para su construcción y administración. No se trata de una nueva asignación presupuestal ni de un recuento actualizado del gasto del contrato. La prensa, incluida The Associated Press, ha reportado que el contrato fue de 1,300 millones de dólares. Posteriormente, ICE sustituyó al contratista a cargo del centro.
Un informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO), publicado el 9 de junio de 2026, concluyó que la apertura acelerada del centro derivó en problemas con los estándares de detención y en gasto indebido. El contrato obligaba a pagar comidas y servicios para 5 mil personas aun cuando la población detenida bajó a unas 1,600. De acuerdo con reportes, el DHS y el Departamento de Defensa aceptaron las cuatro recomendaciones del informe.
Escobar no anunció una disposición legislativa específica para cerrar el centro. Presentó las prácticas de detención como parte del sistema migratorio más amplio que quiere que el Congreso cambie.
"Necesitamos devolver la cordura al sistema migratorio", dijo. "Podemos hacerlo. Lo haremos".