Durante tres décadas, San Juanita Guerra cruzó a México para surtir sus recetas médicas sin un solo contratiempo al volver a Estados Unidos. Hasta el pasado marzo, cuando agentes en un puerto de entrada del Sur de Texas detuvieron a la residente permanente entonces de 74 años porque, al tomarle las huellas dactilares, apareció una condena de hace 30 años por un delito menor relacionado con un arma.

Guerra no tenía antecedentes desde entonces y esa falta no le había impedido renovar su estatus en tres ocasiones, ni había surgido en las cientos de veces que ingresó al país tras viajar a México, según su abogada, Wendoli Rodríguez, citada por The Washington Post.

Su caso ilustra un cambio que, de acuerdo con el diario estadounidense, enfrentan hoy los residentes permanentes legales, es decir, inmigrantes con derecho a vivir y trabajar de manera indefinida en Estados Unidos: su estatus ya no es tan seguro como muchos creían.

Abogados consultados por el Post aseguran que sus clientes son señalados en cruces fronterizos y aeropuertos por oficiales que revisan documentos de identidad y listas de pasajeros.

En algunos casos, las autoridades los detienen por cargos de hace décadas que no salieron a relucir cuando solicitaron o renovaron la ‘tarjeta verde’ y que antes habrían derivado en una citación, no en un intento de retirarles la residencia.

Las detenciones representan un giro en el trato que la administración del presidente Donald Trump da a un grupo de inmigrantes que ya fue sometido a revisión y que, en muchos casos, ha vivido largo tiempo en el país.

Algunos, como Guerra, son acusados de no haber declarado esos cargos en sus trámites. Abogados y familiares de varios residentes de larga data detenidos recientemente afirman que, en ciertos casos, los cargos habían sido borrados del expediente o desestimados, y que la omisión fue un error y no un intento de fraude.

“Les digo a todos mis clientes que, si tienen la ‘tarjeta verde’, se queden en casa. No viajen, no es buen momento”, dijo Jodi Goodwin, abogada de inmigración en Texas. “Usarán cualquier cosa para detener a alguien”.

La ley obliga a los residentes permanentes a revelar todo su historial penal al solicitar la ‘tarjeta verde’, incluso si el cargo fue desestimado, además de otra información, como sus registros financieros.

Una muerte bajo custodia

Uno de los casos más graves es el de Emiliano Andrade Covarrubias, quien murió bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en octubre, tras ser detenido en un puerto de entrada cuando regresaba de México.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lo acusó de haber obtenido la ‘tarjeta verde’ sin informar a los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) que años antes había enfrentado cargos por robo.

Andrade Covarrubias, de 56 años y residente de largo plazo en Dallas, obtuvo su residencia en 2019 y tenía un negocio de contratación y pintura con su hijo. Había sido acusado de robo en 2004; su hija, Estefani Andrade, explicó que se llevó una escalera después de que un cliente no le pagó.

Registros del Condado de Dallas indican que el padre de tres hijos se declaró sin oposición (no contest) al cargo menor y recibió una adjudicación diferida, es decir, no quedó como condena en su historial. Cumplió libertad condicional y tenía la opción de borrar el cargo.

Monica Yoas, vocera de ICE, indicó en un comunicado que el hombre intentaba ingresar por Laredo, Texas, el 26 de junio, cuando los agentes determinaron que había “obtenido su estatus por medios fraudulentos al no revelar su arresto previo durante el proceso de revisión”. Añadió que “estaba recibiendo el debido proceso”.

Andrade Covarrubias pasó meses peleando su caso mientras su salud se deterioraba. Fue hallado sin respuesta el 17 de octubre en su cama del centro de detención y minutos después se le declaró muerto.

ICE aseguró que recibía atención adecuada y que tenía un “historial médico documentado de diabetes, hipertensión y ansiedad”. Su hija sostiene que el deterioro de su padre evidenciaba que no recibía atención suficiente ni sus medicamentos con regularidad.

“Siempre hemos sentido que las circunstancias de su caso y la forma en que lo trataron merecían ser escuchadas”, dijo Andrade, quien de adolescente ayudó a su padre con el papeleo de la ‘tarjeta verde’. “No queremos que lo que le pasó se olvide”.

Datos estatales y vigilancia con IA

Estados que colaboran con DHS, como Florida y Texas, le han dado acceso a bases de datos con información sobre antecedentes penales, registros de votantes y más. Según el Post, los oficiales emplean herramientas de vigilancia, análisis forense digital y minería de datos con inteligencia artificial para identificar información que pueda derivar en un arresto o en la terminación de un estatus permanente.

Otras agencias federales, como la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), también comparten datos que permiten detectar violaciones que podrían llevar a la revocación de una ‘tarjeta verde’, como evasión fiscal o permanecer fuera de Estados Unidos más de seis meses.

DHS no respondió a la solicitud de comentarios sobre cuántos residentes permanentes ha detenido. La agencia ha argumentado que las revisiones son esenciales para proteger al país y que ningún no ciudadano debe sentir que su estancia es incondicional.

Funcionarios de puertos de entrada en Texas dijeron que siempre han realizado estas verificaciones y negaron seguir directrices específicas o cuotas de arresto de la Administración Trump.

Información incompleta

Varios abogados advirtieron que los datos que usan los agentes pueden ofrecer una imagen incompleta del pasado de una persona.

John Gihon, ex abogado de ICE que ahora ejerce en Florida, relató el caso de un cliente, residente permanente por décadas, que se registró para votar por accidente tras recibir los formularios por correo. Al viajar de regreso a Estados Unidos, ICE lo detuvo en el aeropuerto. En la Corte, Gihon demostró que su cliente no se había declarado falsamente ciudadano en los formularios, y el supervisor local de Elecciones envió una carta disculpándose por haber procesado el registro por error.

“No era el crimen del siglo”, dijo Gihon. “Ganamos su caso y conservó la ‘tarjeta verde’. Pero no merecía dormir semanas sobre un colchón con olor a orines en detención. Eso es innecesario”.

El abogado fronterizo texano Jaime Diez afirmó que ha atendido al menos 100 casos en los últimos 18 meses de residentes permanentes detenidos, y que en varios los oficiales actuaron con datos incorrectos. Mencionó a una mujer de 65 años que viajó a México a un retiro de su iglesia y, al volver, fue cuestionada sobre si se había registrado para votar en 1995. Tenía su ‘tarjeta verde’ desde 1987, estuvo detenida 10 días y el caso fue desestimado porque los agentes no pudieron probar el registro.

“Se enfocan en encontrar cosas que te hagan inelegible para quedarte aquí”, dijo Diez. “Y lo hacen sin consecuencia alguna”.

Abogados y activistas señalan que muchos residentes impugnan con éxito su detención ante un tribunal de inmigración y conservan su ‘tarjeta verde’, pero pasar semanas o meses detenidos es un golpe duro para la persona y su familia.

El caso de Guerra

El cargo contra Guerra, de septiembre de 1994, nació de una crisis familiar y de un error, según su hija Carla Gómez. Uno de los hijos adolescentes de Guerra atravesaba pensamientos suicidas y consiguió un arma. La madre soltera la tomó y la guardó en su bolso, relató. Dos días después fue al Aeropuerto Internacional de McAllen, en el Valle del Río Grande, a recoger a su hermana. Seguridad detectó la pistola descargada y la acusó de portar un arma de forma ilegal, según registros judiciales del Condado de Hidalgo.

Guerra dijo que su abogado de entonces le aconsejó declararse culpable del delito menor. Pagó una multa, estuvo brevemente en libertad condicional y el caso fue desestimado. Había obtenido su ‘tarjeta verde’ una década antes del incidente y las autoridades no le retiraron el estatus por ese cargo. Ella creyó por error que el antecedente había sido borrado, y un notario público le dijo, erróneamente, que no tenía que declararlo en trámites posteriores.

El 2 de marzo, funcionarios del puerto de entrada de Progreso, cruce muy usado por turistas médicos y compradores, le tomaron las huellas porque olvidó su ‘tarjeta verde’ en casa. Una de sus hijas llevó los documentos a la oficina del puerto y esperaban que todo se aclarara, pero la base de datos biométrica arrojó la condena de hace 30 años.

“Yo cumplí con todo… se lo expliqué”, recordó Guerra que le dijo al oficial. “Ya terminé con eso”.

Agentes de ICE la esposaron. Pasó 22 días detenida; según sus familiares, no dormía ni comía bien. Otras detenidas, más jóvenes, le consiguieron colchonetas extra para aliviar su cadera lastimada, pero la mujer terminó severamente desorientada y débil.

Gómez contó que otras reclusas le avisaron que, si no la sacaba pronto, su madre moriría ahí. La familia reunió apoyo comunitario, un abogado solicitó de inmediato una audiencia de fianza y un juez de inmigración la concedió.

“Tuve que moverme rápido porque se deterioraba rápidamente en detención”, dijo Rodríguez, su abogada.

A Guerra le colocaron un brazalete electrónico, que luego le retiraron tras alegar problemas de salud. Su familia aún intenta pagar los 15 mil dólares que pidió prestados para su liberación. Tiene una audiencia programada para este mes.

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