Un juez federal determinó esta semana que la administración Trump actuó de manera ilegal al condicionar el financiamiento antiterrorismo de varios gobiernos locales, entre ellos el condado de El Paso, a que estos modificaran sus propios procesos electorales antes de las elecciones intermedias del 3 de noviembre.
El fallo, emitido el martes 29 de septiembre por el juez Amir H. Ali, de la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, pone fin —al menos por ahora— a un pleito que el condado de El Paso había iniciado el 17 de agosto, luego de que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) amenazara con suspender los fondos del Programa de Subvenciones de Seguridad Nacional a las ciudades y condados que no cumplieran con las políticas electorales ordenadas por el gobierno de Donald Trump.
Según explicó en un comunicado la procuradora del condado de El Paso, Christina Sánchez, los cambios electorales exigidos por la administración Trump incluían abandonar el uso de máquinas de votación, realizar una auditoría manual del 5% de las boletas en papel, y utilizar el sistema del Departamento de Seguridad Nacional conocido como SAVE (Verificación Sistemática de Extranjeros para Beneficios), al que la propia funcionaria calificó de "lleno de errores".
De no cumplirse esas condiciones, el condado de El Paso tenía en riesgo 1.75 millones de dólares en fondos para cuerpos de seguridad y más de 170,000 dólares en financiamiento para personal de primera respuesta, señaló Sánchez en agosto.
"El condado de El Paso ha organizado elecciones de manera responsable durante décadas", dijo Sánchez en un comunicado. "Condicionar nuestro financiamiento antiterrorismo a un sistema de verificación de ciudadanía no probado fue una temeridad, y el fallo de hoy detiene en seco este grave abuso de poder".
‘FEMA no tiene autoridad para hacerlo’
En su resolución, el juez Ali concedió un fallo sumario a favor de los gobiernos demandantes y determinó que tanto el Departamento de Seguridad Nacional como FEMA actuaron de manera ilegal al intentar retener los fondos del Programa de Subvenciones de Seguridad Nacional como forma de presión para lograr los cambios electorales solicitados.
"La ley le da a FEMA la autoridad para financiar proyectos propuestos por los estados y las áreas urbanas de alto riesgo; no le da a FEMA la autoridad de usar la posibilidad de esas subvenciones para inducir a los estados o a las áreas urbanas de alto riesgo a llevar a cabo, a su propia costa, los proyectos que prefiere el gobierno federal", escribió Ali en su resolución.
El juez agregó que el gobierno de Estados Unidos no logró demostrar de qué manera los cambios electorales exigidos estaban relacionados con la prevención del terrorismo.
De acuerdo con el comunicado de los gobiernos demandantes, el fallo les permite seguir accediendo a fondos esenciales de seguridad pública —usados para capacitar a personal de primera respuesta y reforzar los esfuerzos antiterrorismo— sin verse obligados a modificar elecciones que ya eran seguras ni a adoptar políticas que la administración ha intentado, sin éxito, imponer mediante órdenes ejecutivas y proyectos de ley estancados en el Congreso.
Hasta el momento, ni el presidente Trump, ni el Departamento de Seguridad Nacional, ni FEMA se han pronunciado públicamente sobre la decisión judicial.
Coalición demanda y gana
El Programa de Subvenciones de Seguridad Nacional fue creado tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, con el objetivo de ayudar a los gobiernos locales a prevenir y responder a actos de terrorismo.
Además del condado de El Paso, la demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional, su secretario, Markwayne Mullin; FEMA y su administrador, Cameron Hamilton, fue presentada también por el condado de Harris, en Houston; el condado de Travis, en Austin; la ciudad de Columbus, en Ohio, y las autoridades de Nashville y el condado de Davidson, en Tennessee.
Los funcionarios de esos gobiernos locales habían advertido que los nuevos mandatos federales serían costosos, poco prácticos e ilegales. "Esta decisión confirma lo que los demandantes ya sabían: el poder sobre las elecciones les pertenece a los estados y al Congreso, no a una agencia federal que usa fondos de seguridad pública como palanca de presión", señala el comunicado conjunto de los gobiernos demandantes.
El fallo llega apenas semanas antes de las elecciones intermedias generales del 3 de noviembre. Los funcionarios locales sostuvieron que el intento de la administración Trump de retener como rehenes los fondos del Programa de Subvenciones de Seguridad Nacional representó la táctica más reciente dentro de un esfuerzo coordinado del gobierno federal para ganar influencia sobre las elecciones que administran los estados.
