Una investigación de The Washington Post, realizada en conjunto con otros 25 medios internacionales como parte de un proyecto coordinado por la organización Forbidden Stories, reveló que el gobierno de Donald Trump ha comprometido al menos 410 millones de dólares para persuadir a 31 países —principalmente en África y América Latina— de que acepten recibir a migrantes deportados desde Estados Unidos que no son ciudadanos de esas naciones.
El mecanismo, conocido como deportaciones a "terceros países", ha sido impulsado desde una nueva dependencia del Departamento de Estado llamada Oficina de Remigración, creada el año pasado y dirigida por Christian Ehrhardt, un diplomático de carrera que durante casi dos décadas se dedicó a labores de seguridad en embajadas estadounidenses antes de asumir este cargo.
Documentos internos revisados por el diario muestran que, de los 410 millones de dólares comprometidos, 81 millones corresponden a pagos directos a 13 gobiernos extranjeros. El resto se ha canalizado como donativos a organismos internacionales: 179 millones de dólares a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y 124 millones a la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).
Los fondos son destinados en teoría a proyectos humanitarios en los países receptores, aunque las negociaciones de esos fondos han estado ligadas directamente a los acuerdos de deportación.
Según personas con conocimiento de los contratos, los acuerdos se diseñaron para evadir requisitos legales que normalmente exige el Congreso estadounidense antes de enviar asistencia a gobiernos extranjeros, incluidas salvaguardas de derechos humanos.
Un giro radical en la política de refugiados
La Oficina de Remigración forma parte del Buró de Población, Refugiados y Migración, que históricamente se había enfocado en reasentar a refugiados dentro de Estados Unidos. Bajo la nueva administración, su misión se invirtió por completo: ahora se dedica a expulsar migrantes hacia terceros países.
El propio nombre de la oficina ha generado controversia interna, pues el término "remigración" fue popularizado en Europa por movimientos nacionalistas blancos que promueven la expulsión de minorías raciales. Varios funcionarios de carrera plantearon objeciones internas al respecto, pero la dirección del Departamento de Estado decidió mantener el término.
De acuerdo con el reportaje, detrás de la estrategia están Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca y arquitecto de la política migratoria más dura del gobierno, y Andrew Veprek, diplomático de carrera y aliado cercano de Miller, quien ahora supervisa toda la asistencia exterior y los asuntos humanitarios del Departamento de Estado.
Condiciones dispares y denuncias de abusos
Los acuerdos varían enormemente entre países. Uganda solo acepta ciudadanos africanos, mientras que la República Democrática del Congo impone la condición contraria. Países como República Centroafricana y Esuatini han aceptado recibir a delincuentes violentos, mientras que Ghana y Sierra Leona solo admiten a quienes no tienen antecedentes de esa naturaleza.
La investigación documentó denuncias de maltrato en varios de los países receptores. En Guinea Ecuatorial, migrantes deportados han sido alojados en un hotel reconvertido en centro de detención, donde abogados de derechos humanos aseguran que han sido golpeados por guardias armados y privados de alimentos. En Esuatini, un grupo de abogados demandó al gobierno de ese país por presuntamente saltarse la aprobación parlamentaria y negar el debido proceso a los deportados.
Hasta ahora, Estados Unidos ha enviado a más de 25,000 personas a por lo menos 28 terceros países, aunque la gran mayoría —unas 20,000— han sido deportadas a México, país con el que existe un acuerdo informal.
Fallo judicial en contra
El viernes pasado, una corte federal de apelaciones determinó que la política de deportaciones a terceros países es ilegal, al confirmar una decisión previa que señalaba que a los migrantes no se les había dado suficiente aviso ni la oportunidad de argumentar temores fundados respecto a esos países específicos. Se espera que el gobierno de Trump apele la decisión ante la Suprema Corte.
El Departamento de Estado no respondió de manera directa a las preguntas del consorcio periodístico, aunque en un comunicado afirmó que el gobierno utilizará "todos los medios legales" para expulsar a quienes no tienen derecho a permanecer en el país. Una vocera de la Casa Blanca defendió el uso del término "remigración", argumentando que simplemente describe el retorno de migrantes a sus países de origen conforme a la ley.
Organismos como la OIM y ACNUR han negado participar directamente en las negociaciones de deportación, y sostienen que su función se limita a brindar asistencia humanitaria a los migrantes que así lo soliciten.
