Cd. de México.- Mariah Carey cerró el año con un triunfo legal luego de que un tribunal ordenara el pago de más de 92 mil dólares en honorarios de abogados a su favor, tras desestimar la demanda por presunta violación de derechos de autor relacionada con su icónico tema navideño "All I Want for Christmas Is You".
De acuerdo con documentos judiciales revisados por Rolling Stone, el monto deberá ser cubierto por el equipo legal de Andy Stone, músico country conocido artísticamente como Vince Vance, quien en noviembre de 2023 demandó a Carey alegando que la cantante plagió una canción homónima lanzada en 1988 por su banda Vince Vance & the Valiants.
En su reclamación, Stone exigía una indemnización de 20 millones de dólares.
La demanda fue desestimada en marzo pasado, cuando la jueza federal Mónica Ramírez Almadani determinó que Stone y su coautor Troy Powers no lograron presentar pruebas suficientes que demostraran una infracción de derechos de autor.
En su resolución, la magistrada fue particularmente dura con la conducta del demandante y de sus abogados, Gerard Fox y Douglas M. Schmidt, calificando el conjunto de irregularidades como "escandaloso" y merecedor de sanciones severas.
El tribunal concluyó que Carey, junto con los coacusados Sony Music, Kobalt Publishing y el productor Walter Afanasieff, incurrieron en gastos innecesarios al responder a argumentos legales frívolos y alegaciones sin sustento presentadas por la parte demandante.
En total, las sanciones económicas ascienden a 109 mil 983 dólares: 92 mil 300 para Carey, más de 14 mil para Sony, y cantidades adicionales para Kobalt y Afanasieff.
En documentos más recientes, la jueza también cuestionó el manejo del caso por parte de los abogados de Stone, al señalar que sus escritos omitían referencias al codemandante Troy Powers.
Fox afirmó ante el tribunal que ya no mantenía contacto con Powers, una situación que, según Almadani, no los exime de su obligación ética de representarlo adecuadamente mientras no se autorice formalmente su retiro del caso.
Fox y Schmidt tienen hasta el próximo 5 de enero para explicar por qué su presunto incumplimiento de las Normas de Conducta Profesional de California y de las normas locales no debería derivar en medidas disciplinarias.
De no responder, podrían enfrentarse a sanciones adicionales.
