De nueva cuenta, los afectados por el caso Aras Investment Business Group tomaron las calles del Centro de la ciudad para exigir el cumplimiento de la sentencia que ordena la reparación del daño, acusando a la Fiscalía General del Estado de dilatar el proceso y de ocultar información sobre los bienes asegurados.
Desde las 9:00 horas, cerraron el cruce de Aldama y Vicente Guerrero con carteles en los que pedían a la gobernadora María Eugenia Campos su intervención y que la Fiscalía “no sea un obstáculo”. Posteriormente, bloquearon también las calles Juárez y Venustiano Carranza, además de la puerta principal del Palacio de Gobierno por la calle Libertad.
En el mitin, encabezado por los abogados Felipe Acosta y Mariano Cordero, se informó que a casi tres meses de que retiraron el amparo que —según la propia Fiscalía— detenía el procedimiento, no ha habido avances y persiste la falta de transparencia. Señalaron que en la mesa de trabajo de bienes sólo les han presentado 33 de 70 propiedades aseguradas, mientras que la autoridad insiste en recurrir a la figura de extinción de dominio.
Cordero explicó que hace dos semanas se publicó en el Periódico Oficial un edicto para notificar a todas las víctimas sobre el procedimiento, lo que abre un plazo para contestar la demanda. “La sentencia ya ordena pagar y define quién debe hacerlo; el problema es que la Fiscalía le está apostando a alargar todo”, acusó.
Durante la protesta, los manifestantes confrontaron al secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, quien se encontraba en la estación Bowí “Fuentes Danzarinas”. El funcionario aseguró que ha hecho lo que está en sus atribuciones y que ahora el caso está en manos del Poder Judicial y la Fiscalía. Cordero le pidió intervenir con el fiscal César Jáuregui para agilizar el pago.
Más tarde, De la Peña señaló que ha habido diálogo directo con este grupo de víctimas y que incluso, en ocasiones en las que él mismo los atendió, se adquirieron compromisos que se cumplieron a cabalidad. Explicó que ahora el asunto es estrictamente jurídico y sujeto a la autoridad judicial, aunque reiteró que gestionará un encuentro con el fiscal. Subrayó que los inconformes representan sólo a una parte de las miles de víctimas en la entidad y que el Gobierno debe actuar con apego a derecho y sentido de justicia, sin favorecer a un solo grupo.
En el uso de la palabra, víctimas y representantes legales advirtieron que de no haber respuesta, intensificarán la resistencia civil pacífica, con posibles huelgas de hambre, toma de dependencias y casetas, aunque analizarán no bloquear calles para no afectar a terceros. Reprocharon que en cuatro años la gobernadora no los ha recibido y que, mientras tanto, personas de la tercera edad y enfermos siguen esperando recuperar sus ahorros.
Entre los testimonios, María Elena González, de 62 años, mostró públicamente los problemas de salud que ha desarrollado desde que perdió su patrimonio, incluidos infartos cerebrales, incontinencia y el uso de andador, responsabilizando al estrés derivado de la falta de solución. “Ya nos estafó Aras y ahora el Estado también”, dijo, mientras reclamaba a las autoridades “compasión” hacia los afectados, muchos de los cuales han fallecido en la espera.
Finalmente, acusaron que las autoridades han intentado canalizar a los afectados a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para “controlarlos” y evitar que se movilicen, y reiteraron que no se retirarán de las calles hasta que haya un compromiso real para cumplir la sentencia.
