Ciudad de México— La controversia binacional por el agua escaló a una dimensión económica sin precedentes. Lo que comenzó como una revisión técnica del Tratado de Aguas de 1944 se convirtió en un capítulo más de presión comercial entre México y Estados Unidos, con consecuencias directas para los estados exportadores del norte y, en especial, para la zona metropolitana Juárez–el Paso.

México participó en una reunión clave encabezada por Conagua, Relaciones Exteriores y Agricultura, junto con el comité técnico estadounidense, para revisar la disponibilidad, los volúmenes entregados y el déficit que, según Washington, justifica medidas comerciales punitivas. El Gobierno estadounidense demanda la entrega inmediata de 200 mil acre-pie adicionales y condiciona su cumplimiento a evitar un arancel del 5% a todas las exportaciones mexicanas.

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que México ha adelantado transferencias este año, pero no puede entregar el volumen solicitado debido a limitaciones estructurales.