Dicho diagnóstico evaluó derechos o aspectos como las condiciones de gobernabilidad, integridad personal, estancia digna, atención a grupos vulnerables y reinserción social.
En el comparativo, la cárcel varonil de Juárez obtuvo la calificación más baja entre los centros evaluados; muy cerca estuvo el Cereso 1, de Aquiles Serdán, que obtuvo un 6.8 general.
El penal 4 de Parral alcanzó un puntaje de 8.2; el Cereso 5 de Nuevo Casas Grandes un 8.5; el número 7 de Cuauhtémoc sacó un 7.6 y el Cereso 8 de Guachochi un 7.8.
De los dos centros femeniles, el de la frontera resultó peor calificado que el de Aquiles Serdán, que consiguió un 8.5. Mientras que los centros especiales para adolescentes o Cersais de la capital y Juárez alcanzaron calificaciones de 9.3 y 9, respectivamente.
Del análisis, la CEDH reconoció que ha habido trabajo y disposición institucional para emprender procesos de mejora; también advirtió que existe un marco normativo robusto y adecuado en materia de derechos humanos y ejecución penal, alineado con estándares nacionales e internacionales. Sin embargo, su aplicación o cumplimiento efectivo es deficiente, por lo que instó a las autoridades competentes a orientar todos los esfuerzos hacia el cumplimiento y la ejecución rigurosa de la normativa ya vigente.
CERESO 3, HACINAMIENTO, AUTOGOBIERNO Y CARENCIAS
El documento estable que, durante la visita realizada en julio de 2024, la ocupación en el penal varonil era de cuatro mil 176 personas pese a tener una capacidad total de tres mil 129 personas. Esto representa una sobrepoblación del 33.46 por ciento.
Respecto a la identificación de quienes están en proceso de juicio o sentenciados, la CEDH corroboró que había dos mil 195 personas privadas de la libertad procesadas (o el 52.6 por ciento) y mil 981 sentenciados (47.4 por ciento).
Los principales delitos por los que fueron ingresadas las Personas Privadas de la Libertad (PPL) fueron delitos contra la vida e integridad personas, delitos contra la sociedad, delitos contra el patrimonio, contra la seguridad pública y el estado, contra la libertad y seguridad social y contra la familia.
También quedó asentado que la mayoría de las personas internadas en este centro penitenciario contaban con secundaria, seguidos de quienes concluyeron la primaria, luego el nivel medio superior y en menor proporción el nivel superior.
En cuanto a personas vulnerables la Comisión identificó a 126 personas mayores de 60 años; 15 personas indígenas; 33 personas con discapacidad; 21 personas de la población LGBTTTIQ+; 257 con VIH y otras 257 con tuberculosis o hepatitis.
Respecto al personal técnicoadministrativo con el que cuenta el Cereso fueron contabilizados seis trabajadores asignados al área jurídica; cuatro en psicología; tres a criminología; dos en pedagogía; cinco en trabajo social; siete en medicina y ninguna a psiquiatría.
En cuanto a los rubros evaluados, las condiciones de gobernabilidad tuvieron una marca de 5 en el Cereso 3; la CEDH señaló que el personal de seguridad y custodia resultó insuficiente para la población penitenciaria, además de requerir un mayor equipamiento para su cumplir su función.
Asimismo advirtió la presencia de autogobierno y actividades ilícitas al haber antecedentes de motines con personal asesinado y herido. Finalmente apuntó que los elementos operativos carecen de la capacidad necesaria para prevenir y atender situaciones de tortura y/o tratos crueles, inhumanos o denigrantes.
En la evaluación de la integridad personal, la cárcel sacó un 5.8; entre las observaciones destaca la sobrepoblación que genera hacinamiento, además de la insuficiencia o inexistencia de protocolos para hacer frente a incidentes violentos.
Respecto a la estancia digna, la calificación fue de 5.8 al acreditar el organismo que no hay suficientes dormitorios para alojar a las Personas Privadas de la Libertad (PPL); además de que el área de acceso es insuficiente, el área de personas sancionadas carece de higiene y ventilación y la zona de ingreso también muestra higiene y ventilación deficiente.
Los rubros de atención a grupos en situación de vulnerabilidad y de reinserción social obtuvieron las notas más altas: 8.3 y 7.5, respectivamente.
Sobre el primero, la CEDH apuntó que no existen áreas específicas para personas con discapacidad mental o psicosocial y las áreas para quienes están bajo medidas de protección tampoco están en condiciones adecuadas.
Sobre el segundo, observó que el 20 por ciento de las personas internas tienen un trabajo con remuneración, aunque hay nula separación entre personas procesadas y sentenciadas y destacó la falta de un espacio para las visitas familiares, así como de privacidad en los locutorios.
Como propuestas específicas para mejorar las condiciones del Cereso Varonil número 3, la CEDH hizo hincapié en la necesidad de abatir la sobrepoblación y el hacinamiento e incrementar el personal de seguridad y custodia.
Además es necesario repasar los protocolos de actuación para prevenir y atender situaciones de violencia con los custodios, así como mejorar el área de ingresos, ya que la higiene y ventilación en ese lugar está muy por debajo de la calidad mínima recomendada.
FEMINIL DE JUÁREZ, PEOR EVALUADO QUE EL DE AQUILES SERDÁN
En la vista realizada en julio de 2024, el centro contaba con una capacidad total de 275 personas y una ocupación de 291 personas, lo que representa un excedente del 5.08 por ciento.
Respecto a la situación jurídica de las mujeres internadas, 150 estaban procesadas (51.51 por ciento) y 141 ya contaban con sentencia (48.45 por ciento).
Los delitos más recurrentes por los cuales fueron recluidas las mujeres de este centro fueron delitos contra la vida e integridad personal, delitos contra la libertad y seguridad sexual, delitos contra el patrimonio y delitos contra la familia.
Referente a la educación, la mayoría de la internas concluyó el nivel medio superior, luego fueron más recurrentes las mujeres con secundaria terminada y finalmente con primaria concluida.
Entre los grupos vulnerables destacaron 26 personas de la población LGBTTTIQ+, nueve personas con VIH, nueve con tuberculosis o hepatitis, una mayor de 60 años, una persona indígena y una persona con discapacidad física.
En cuanto al personal técnicoadministrativo asignado al centro había dos personas en jurídico, una en psicología, dos en criminología, una en trabajo social, siete en medicina y no había personal para pedagogía ni psiquiatría.
En cuanto a los derechos o aspectos evaluados, la integridad personal tuvo la peor calificación, un 5.8, al observar la Comisión que la tasa de ocupación supera el 100 por ciento de la capacidad y no hay protocolos suficientes para hacer frente a incidentes violentos.
El rubro de reinserción social obtuvo un 6.6; entre las observaciones estuvieron que un 30 por ciento de las personas internas tenían un trabajo con remuneración, pero no había separación entre procesadas y sentenciadas.
Las condiciones de gobernabilidad y la estancia digna tuvieron una nota de 8.3. Del primero anotó que falta personal de seguridad y custodia y requiere de un mayor equipamiento; del segundo hizo énfasis que el área para personas sancionadas presenta condiciones regulares de higiene y ventilación, mientras que el espacio de ingreso es insuficiente y no hay áreas para personas en calidad de protegidas.
La calificación más alta del Cereso Femenil fue en la atención a grupos vulnerables, donde obtuvo un 9.2; la principal observación fue que falta atención a personas con VIH, hepatitis y/o tuberculosis.
Para este centro, la Comisión recalcó la necesidad de mejorar las condiciones de limpieza en el área de ingreso, capacitar al personal respecto a los protocolos para atender incidentes violentos.
