La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) lamentó que en Ciudad Juárez se presenten situaciones en las que personal de guarderías se aproveche para vulnerar a los menores.
“Es una situación atroz que se tiene que castigar conforme a derecho, por las vías idóneas”, dijo la visitadora Zulay Abbud Esparza.
Asimismo, afirmó que la autoridad es la encargada de verificar que las estancias cumplan con la reglamentación, y en caso de no hacerlo cerrar los centros de cuidado infantil.
“Cuando una familia deja su menor, por irse a trabajar, en un espacio que se supone que es el idóneo y cuenta con personal capacitado, presumes que tienen toda la infraestructura, también garante de esa integridad en su conjunto, que no se les vulnere ni física ni psicológicamente. La guardería, el centro, tiene que cumplir con toda una reglamentación, y la autoridad tiene la obligación de verificar que cabalmente estén cumpliendo con ella y si no cerrar los espacios”, expuso Abbud Esparza.
Esto, después de que el pasado viernes la madre de un menor usuario de la guardería Gussi, subrogada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), denunció que hay una investigación ante la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito y por Razones de Género y a la Familia por el delito de índole sexual contra 11 menores.
La visitadora recalcó que es obligación del Estado garantizar que los menores afectados reciban la atención integral necesaria; además, señaló la falta de más supervisión en estos espacios.
Recomendó a las familias que hacen uso de las estancias infantiles verificar que cuenten con la reglamentación, cámaras de seguridad, protocolos, y que el personal sea el apropiado.
“Tiene que tener un perfil específico, no podemos contratar a cualquier persona, tienen que tener una preparación idónea para trabajar con nuestros menores y nuestras menores, y en este sentido creo que es lo que nos está faltando”, comentó.
Agregó que “el proceso para la imputación de un delito conlleva todo un trabajo especializado de las instituciones, y en este sentido no podemos culpar a todo mundo, y resulta que nadie fue culpable, sino dar un seguimiento puntual, siempre apegado a derecho, tratando de no vulnerar propiamente el derecho de las personas menores que sobre todo, son las que resultan más afectadas”. (Verónica Domínguez / El Diario)
