Chihuahua, Chih.- De ser encontrado culpable del delito de concusión, el presidente municipal de Hidalgo del Parral, Salvador Calderón Aguirre, podría enfrentar penas que van desde uno hasta diez años de prisión, multas de 100 a mil días de salario, así como la destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Calderón Aguirre enfrenta una investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua, luego de que denunciaron una presunta exigencia indebida de pagos a la empresa Telcel y la clausura de sus antenas, lo que derivó en afectaciones a miles de usuarios en el sur del estado.

En Chihuahua, el delito de concusión se configura cuando un servidor público exige, a título de impuesto o contribución, un pago que sabe no es debido, o mayor al legalmente establecido. Esta conducta está tipificada en el artículo 271 del Código Penal del Estado y busca sancionar actos de abuso de poder que minan la confianza ciudadana en las instituciones.

La compañía de telecomunicaciones Telcel acusó al Ayuntamiento de Parral de haber cortado arbitrariamente el suministro eléctrico en al menos ocho antenas de su red local, situación que afectó la conectividad en Parral, Baborigame, Guadalupe y Calvo, así como en zonas cercanas a las minas San Julián.

Aunque el alcalde negó haber ordenado el corte de electricidad, y precisó que esa es una atribución exclusiva de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), confirmaron que personal de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología colocó sellos de clausura y desconectó cuchillas en los postes dentro de los terrenos de las antenas.

Tras varios días sin servicio en algunos sectores, el jueves pasado el

Ayuntamiento restableció la electricidad, lo que permitió la operación de Telcel en la zona.

Yahaira Jurado, directora de Comunicación Social del municipio de Parral, explicó que tomaron esta medida debido a que una de las antenas tenía un “switch” dañado que ponía en riesgo la infraestructura.

Aclaró que los sellos fueron retirados de forma temporal para facilitar las reparaciones, pero que la exigencia de pago por el uso de suelo sigue vigente.

El alcalde Salvador Calderón sostuvo que la empresa América Móvil, operadora de Telcel, tiene un adeudo de aproximadamente dos millones de pesos por concepto de permisos municipales, y que la clausura original fue realizada conforme a derecho.

Sin embargo, Telcel rechazó esa versión y denunció ante la Fiscalía

General de la República (FGR) y la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua la posible comisión de delitos por parte de funcionarios municipales.

La empresa de telecomunicaciones denunció que recibió presiones de un presunto funcionario del Ayuntamiento, identificado como Martín Chaparro, quien habría solicitado a la compañía que no informara públicamente sobre el conflicto a cambio de restablecer el servicio, lo cual fue documentado en su denuncia.

La Fiscalía Anticorrupción informó que el caso está en fase de análisis de los hechos y ha instruido la revisión de documentos en el municipio para definir si configuran el delito de concusión o abuso de atribuciones.