Chihuahua.- La presidenta Claudia Sheinbaum visitó hoy la comunidad de Baborigame, ubicada en Guadalupe y Calvo, el municipio con mayor número de despojo forzado por violencia en el estado, según denunció el activista Gabino Gómez Escárcega, representante de cinco organizaciones civiles que asistieron al Encuentro de Personas Desplazadas.

De acuerdo con el derecho humanista, no existen cifras oficiales ni un padrón confiable de víctimas, pero estiman que miles de personas han sido obligadas a abandonar sus hogares por la presencia de grupos del crimen organizado en distintas zonas de la Sierra Tarahumara. “Se van a donde pueden, con familiares o a donde hay trabajo temporal, como campos agrícolas”, explicó.

Uno de los casos más graves ocurrió en junio de 2023 en la comunidad de La Sierrita, también en Guadalupe y Calvo. Ocho familias —unas 80 personas— fueron forzadas a salir tras recibir amenazas directas de muerte por parte de un grupo armado. “Un señor se negó a irse y lo asesinaron ahí mismo”, relató el activista.

Desde entonces, las familias han pasado por varios puntos del estado sin poder establecerse de manera digna. Actualmente están en Delicias, en condiciones precarias, sin acceso pleno a salud, vivienda ni educación indígena. En este grupo hay al menos 30 niños en edad escolar, además de varios menores más pequeños.

Gómez señaló que del 2 al 4 de mayo, hicieron un encuentro en la capital, donde participaron personas desplazadas de Guadalupe y Calvo, Valle de Zaragoza, Delicias, Parral y Cuauhtémoc. Durante el evento, las familias elaboraron un escrito dirigido al Gobierno del Estado para exigir una reunión con funcionarios de primer nivel que permita atender su situación de forma integral.

“El desplazamiento forzado no está reconocido legalmente como delito. La gente no quiere denunciar por temor a represalias, y sin denuncia, la ley no los considera víctimas”, explicó. Por ello, urgió la creación de una ley general que reconozca el fenómeno del desplazamiento interno forzado en México.

Lamentó que, pese a la visita de la presidenta de la República a Baborigame, no haya condiciones para que las personas desplazadas puedan acercarse a exponer su caso. “Nos hubiera gustado ir a plantearlo, pero no hubo forma de organizarnos por la lejanía y lo repentino del anuncio”, dijo.

Para Gabino Gómez, lo mínimo que debería garantizar el Estado es que, si no existen condiciones para que las familias regresen a sus comunidades, les aseguren una vida digna donde actualmente están residiendo.