Ciudad Juárez, Chih.- En una jornada calificada como histórica por realizarse por primera vez fuera de la capital del estado, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado de Chihuahua aprobó ayer 13 de agosto su Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2025-2035.

La sesión plenaria extraordinaria pública, celebrada en las instalaciones de la Canaco en Ciudad Juárez, tuvo como punto central la ruta estratégica que guiará a la judicatura chihuahuense durante la próxima década.

Durante la presentación del proyecto, destacaron que el plan busca consolidar una misión de justicia pronta, cercana, humana, incluyente y eficiente con un poder Judicial moderno, innovador, incluyente y de puertas abiertas.

A pesar de la aprobación mayoritaria, la sesión no estuvo exenta de debates intensos; el magistrado Rubén Aguilar manifestó su rechazo al documento, argumentando que persisten problemas estructurales no resueltos, señalando textualmente, “mi voto y por esto que les acabo de decir es en contra y voy a buscar denunciar públicamente y de hacer las denuncias y todos los procedimientos administrativos que se tienen que hacer aquí en contra de éstas”, refiriéndose a lo que denominó como una “red de corrupción que hay en gestión penal” y fallas en los sistemas tecnológicos.

Por su parte, la magistrada Ruiz emitió un voto concurrente, sugiriendo que, aunque el plan es positivo, carece de dimensiones esenciales como la sistematización de precedentes y la carrera judicial, expresando que “estoy a favor del plan, pero sí solicito que incluyan esas dos dimensiones, acciones para un sistema de precedentes judiciales y que obliguen al órgano de administración a desarrollar un tema de carrera judicial y carrera administrativa”.

En contraste, voces como la de la magistrada Mariela Salvador respaldaron la propuesta al considerar que adapta la justicia a la realidad actual y a las reformas vigentes.

Salvador subrayó que el documento “establece la ruta a 10 años que va a llevar el poder Judicial, lo cual considero que adapta la impartición de justicia en Chihuahua ahora con esta nueva o con la reforma judicial que estamos, pues, ya viviendo”.

Tras el desahogo de los comentarios, el secretario general informó que contaron con una votación mayoritaria a favor del punto de acuerdo, quedando formalmente autorizado el plan institucional.

Además de los temas de planeación a largo plazo, el Pleno resolvió asuntos jurisdiccionales y administrativos de relevancia inmediata; en primer lugar, declarararon infundada una recusación promovida contra una magistrada de la Primera Sala Penal en el expediente 22/2026, señalando el fallo que declaran infundada la recusación promovida en contra de una magistrada por el representante legal de la persona que aparece como víctima en la causa penal 123/2025.

Posteriormente, analizaron el recurso de revisión administrativa 24/26, donde el Pleno decidió modificar los efectos económicos de una sanción de suspensión de 30 días impuesta a una servidora pública para proteger su derecho al mínimo vital.

El proyecto aprobado determinó confirmar la sanción disciplinaria impuesta, pero modifica sus efectos económicos para garantizar el mínimo vital y la protección de los derechos fundamentales de la servidora pública y sus dependientes económicos, ordenando el pago del 30% de su ingreso real durante el periodo de suspensión.

La sesión concluyó con un reconocimiento general a la importancia de sesionar fuera de la capital del estado; la magistrada Angélica Mendoza destacó la relevancia del encuentro en la frontera al afirmar: “Tengo entendido que es la primera vez en la historia del poder Judicial que sesiona en Ciudad Juárez. Creo que esto es un símbolo y un signo de gratitud hasta nuestro hacia nuestro distrito”.

Con el cierre de la jornada, el Poder Judicial de Chihuahua reafirmaron su compromiso con la modernización institucional y la transparencia ante la ciudadanía, marcando el inicio formal de su estrategia decenal hacia el año 2035.