El alcalde de Delicias, Jesús Valenciano García, señaló a personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de cometer mayores molestias en retenes carreteros que las atribuidas a la Fiscalía General de la República (FGR).

Reconoció que no ha logrado establecer contacto con sus mandos para atender las quejas por presuntas extorsiones, por lo que recurrirá a diputados locales de la región para intervenir ante estos puntos de revisión.

Valenciano García explicó que ya existen pláticas con responsables de la FGR para abordar las inconformidades que han surgido por sus puntos de revisión, pero afirmó que el problema ha aumentado por personal de la SSPC, corporación con cuyos mandos, dijo, no ha conseguido establecer comunicación.

“Hay pláticas con quien está al frente ya de la Fiscalía General de la República para esto, pero debo decirles que no sólo ellos son los que se están poniendo ahí; hay algún tema ahí de Seguridad Pública Ciudadana Nacional que son los que han estado molestando todavía más”, expresó.

El presidente municipal aseguró que no dejará el caso y adelantó que buscará el respaldo de los diputados locales Ismael Pérez Pavía, Roberto Carreón Huitrón y Arturo Zubía Fernández, quienes representan distritos de la región centro-sur, para intervenir ante las autoridades federales por las quejas de usuarios de las carreteras.

Valenciano retomó así una problemática que desde diciembre pasado había denunciado públicamente, cuando habitantes de Delicias y paisanos le hicieron llegar testimonios de presuntos cobros en puntos de revisión atribuidos a la FGR sobre la carretera federal 45, principalmente en los tramos JuárezVilla Ahumada y Saucillo-camargo.

En aquel momento, El Diario documentó denuncias de viajeros que aseguraban que les solicitaban hasta 200 dólares, incluso mediante transferencias bancarias, además de revisiones de equipaje, fotografías de identificaciones y retención de datos personales. La FGR pidió entonces al alcalde proporcionar nombres y datos de las víctimas para iniciar las investigaciones correspondientes.

Las quejas volvieron a cobrar fuerza este mes. La Confederación Nacional de Transportistas de México (Conatram) denunció que operadores de carga enfrentaban cobros de hasta 20 mil pesos en retenes atribuidos a la FGR sobre la carretera Chihuahua-Juárez, algunos instalados con vehículos sin logotipos y personal con el rostro cubierto.

También fue difundido el caso de un conductor que denunció un presunto intento de extorsión por alrededor de 100 mil pesos cerca de Villa Ahumada. A raíz de estos reportes, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) anunció que enviaría unidades para verificar que los puntos de revisión detectados en las carreteras fueran oficiales y que sus elementos estuvieran debidamente identificados.

El asunto llegó además a la Mesa Estatal de Seguridad, donde autoridades estatales plantearon las denuncias ante la FGR. La dependencia federal ofreció revisar las incidencias reportadas y atender los casos que fueran formalmente denunciados por ciudadanos o transportistas.

Sin embargo, el delegado de la Secretaría de Gobernación en Chihuahua, Héctor Aguilera Brenes, sostuvo el 16 de agosto que los retenes federales continuarían mientras respondieran a investigaciones de seguridad y señaló que hasta entonces no tenía conocimiento de denuncias formales, aunque reconoció que conocía los señalamientos difundidos en medios de comunicación y redes sociales.

El nuevo señalamiento de Valenciano ocurre también después de que transportistas fueron informados de la creación de un área federal para recibir directamente denuncias por extorsión, dependencia que estaría bajo la SSPC encabezada por Omar García Harfuch. El alcalde sostuvo que, pese a ello, no ha logrado establecer comunicación con los mandos de esa corporación en torno a los puntos de revisión que operan en Chihuahua.