Ciudad Juárez.- Amenazados en el interior del Cereso 3, los cinco acusados del asesinato e intento de asesinato de policías estatales solicitaron al juez de Control que ayer los vinculó a proceso pedir a la dirección del penal medidas de protección a su favor e informes de salud semanales para documentar posibles lesiones provocadas por terceros.
En la audiencia destacaron los cambios de la clasificación jurídica realizados por el juez Carlos Jaime Rodríguez García, pero también una multa a César Omar Muñoz Morales, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), por omitir dar respuesta a la solicitud de comparecencia de un policía a su cargo, quien describió la presunta participación de uno de los acusados.
La declaración de Pedro Moroni M. A., reclutado por “La Empresa” desde Cancún, Quintana Roo, fue también clave para la vinculación a proceso y los ajustes a la clasificación y grados de participación en el delito.
La audiencia inició sin pruebas por parte de la defensora pública representante de Pedro Moroni, Cristian Jesús H. L., Gerardo C. A. y Martín Alejandro R. A., y con el reclamo del defensor particular Luis Alejandro Villalobos Frescas –representante de Francisco Miguel F. C.- pues había solicitado la comparecencia de un policía municipal que escuchó a su representado, presuntamente, decir “córrele, güey, o nos van a agarrar” a uno de los otros acusados.
El abogado agregó que en ningún momento su defendido participó en el ataque, por lo que pidió el auto de no vinculación a proceso para él.
Por su parte, la defensora pública pidió la reclasificación jurídica de los hechos, pues M. A. dijo desconocer que atacarían a policías estatales, según una entrevista concedida en sede ministerial antes de su procesamiento.
Además, cuestionó la presunta ventaja señalada por el Ministerio Público de sus representados ante los agentes estatales.
La audiencia inició a las 11:10 de la mañana y para las 11:41 el juez resolvió el auto de vinculación a proceso, pero con ajustes.
El hecho llevado ante juzgado es que el 8 de enero cerca de la 1:00 de la tarde Martín, Pedro, Cristian y Gerardo llegaron a la gasolinera Gazpro de la avenida López Mateos y calle Simona Barba en una camioneta GMC Sierra Denali 2023 negra con placas negras con letras blancas de Colorado, Estados Unidos –con reporte de robo ante el Departamento de Policía de Denver del 7 de marzo de 2025–, conducida por Martín Alejandro R. A., alias “El Charro”, desde la que dispararon contra la camioneta Chevrolet Silverado 2022 blanca con placas EG4553A de Chihuahua, conducida por José Luis C. C. con Javier Eduardo G. R. como copiloto (ambos, detectives de la Subsecretaría de Despliegue Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado), y donde Édgar David Quezada Villa (piloto de drones de la Policía) viajaba en la parte trasera.
Dispararon armas calibre 5.56x45 y 7.62x39 milímetros.
El ataque fue repelido por un solo agente estatal, Javier Eduardo G. R., y no por los dos, como se planteó inicialmente, según valoró el juez. El contraataque fue la razón por la que no cumplieron su objetivo de asesinar a los dos, aunque sí cobraron la vida de Quezada Villa.
Francisco Miguel es señalado como conductor de un Chevrolet Malibu blanco en el que tenían planeado escapar los otros cuatro, por lo que también fue detenido por policías estatales.
El juez Rodríguez García afirmó que no hubo ventaja ni por armas, ni por destreza con las armas ni por superioridad numérica, pero sí se actualizaba la calificativa por los delitos cometidos contra policías en activo.
Francisco Miguel F. C. fue vinculado a proceso sólo por homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, pero en lugar de ser coautor se le señaló como que con posterioridad al delito auxilió por acuerdo anterior.
A Pedro Moroni M. A. se le vinculó a proceso por homicidio simple e intento de homicidio simple. Según su declaración ante Ministerio Público, fue reclutado por el grupo criminal en Cancún, Quintana Roo, y dijo en su declaración ante Ministerio Público que él no sabía que iban contra estatales. También se le vinculó a proceso por portación de armas de fuego y por ser tripulante de un vehículo con reporte de robo.
A Gerardo C. A., Cristian Jesús H. L. y Martín Alejandro R. A. se les vinculó por homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, portación de armas, y a los dos primeros por ser tripulantes, y a Martín Alejandro por conducir el automóvil con reporte de robo.
Por los próximos 24 meses permanecerán en prisión preventiva en el Cereso 3, donde dijeron estar bajo amenazas por parte de otros reos.
El juez fijó en seis meses el plazo de investigación complementaria.