Dos presuntos militares estadounidenses habrían intentado ingresar armados a territorio mexicano por el Puente Internacional Córdova-Américas, donde fueron detenidos por elementos de la Guardia Nacional.
Sin embargo, tras permanecer durante varias horas en las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), fueron liberados luego de la intervención de autoridades de ambos países, en un caso manejado con total hermetismo, pese al reciente discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la defensa de la soberanía nacional.
Los dos hombres fueron interceptados la mañana del viernes cuando pretendían ingresar a México portando armas de fuego, informaron fuentes anónimas.
Permanecieron bajo resguardo de la FGR mientras se realizaban diversas diligencias y, durante ese lapso, fue observada la llegada a las instalaciones federales del administrador de la Aduana de Ciudad Juárez, Fernando Martínez García, así como de personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y posteriormente de funcionarios del Consulado de Estados Unidos.
Poco antes de las 2:40 de la tarde, ambos abandonaron las instalaciones a bordo de una camioneta Toyota gris con placas diplomáticas, propiedad de la SRE y asignada a la representación consular estadounidense, para dirigirse de regreso al vecino país.
Consultado por El Diario, personal de la SRE señaló, bajo reserva de la identidad, que el incidente obedeció a un “cruce involuntario” y que, una vez notificada la situación, México y Estados Unidos “siguieron el proceso establecido que ambos siguen en este tipo de casos”.
No obstante, la dependencia no precisó en qué consiste dicho procedimiento ni explicó el fundamento jurídico por el cual los estadounidenses recuperaron su libertad horas después de su detención.
El caso ocurre en un contexto en el que la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado en diversas ocasiones que la relación con Estados Unidos debe sustentarse en el respeto irrestricto a la soberanía nacional y que no permitirá actos que vulneren la jurisdicción mexicana.
Pese a ello, hasta el cierre de esta edición ninguna autoridad federal había emitido un posicionamiento oficial sobre el ingreso de los presuntos militares armados, las armas que portaban o las actuaciones ministeriales realizadas tras su detención.
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