En medio de un fuerte dispositivo de seguridad y bajo un hermetismo total, un juez federal vinculó este lunes a proceso a Gerardo L. G., alias “El Tokio”, presunto integrante y uno de los operadores de “Los Mexicles”, por posesión de armas y delitos contra la salud, luego de una audiencia que se prolongó durante cerca de cinco horas en el Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Juárez.
La diligencia, presidida por la jueza Marina Guadalupe Hernández Maldonado, se desarrolló con varios recesos y sin acceso para representantes de los medios de comunicación, luego de que la juzgadora determinó que la audiencia se llevara a cabo a puerta cerrada.
Durante toda la jornada, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano permanecieron apostados en el exterior del edificio, donde resguardaron los accesos al Centro de Justicia Penal Federal mientras se desarrollaba la audiencia.
Además de impedir el ingreso a la prensa, personal del lugar informó que existía la instrucción de no proporcionar información sobre el resultado de la audiencia e indicó a los reporteros que cualquier solicitud debía realizarse por escrito.
Fuentes consultadas por El Diario confirmaron que, al término de la diligencia, Gerardo L.G. fue vinculado a proceso y permanecerá interno en el Cereso Estatal número 3. También se dio a conocer que la jueza fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.
Hasta el cierre de esta edición, se desconocía si Jaqueline Guadalupe G. P., quien también enfrenta el proceso federal, fue vinculada a proceso, ya que el juzgado no informó oficialmente el resultado de su situación jurídica.
La audiencia se desarrolló en un contexto de total opacidad, pese a que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece en su artículo 5 que las audiencias son públicas y que los periodistas y medios de comunicación pueden acceder al lugar donde se desarrollan, salvo las excepciones previstas por la propia legislación.
El mismo ordenamiento prevé, en su artículo 64, que un juez puede ordenar de manera excepcional que una audiencia se celebre total o parcialmente a puerta cerrada cuando, entre otros supuestos, pueda afectarse la integridad de alguna de las partes, la seguridad pública o la seguridad nacional, exista riesgo para información reservada, se afecte el interés superior de niñas, niños y adolescentes o en otros casos previstos por la ley. El Código también establece que esa determinación debe estar fundada y motivada, así como quedar asentada en el registro de la audiencia. Sin embargo, dicho artículo no dispone que el resultado de una resolución como la vinculación a proceso deba mantenerse en reserva.