Ciudad Juárez.- El Instituto Tesla continuará con sus operaciones mientras se resuelve la apelación presentada contra la sentencia que lo condenó a pagar más de 21 millones de pesos a un exalumno, aseguró ayer la directora del plantel, Verónica Súchil Peña.
Acompañada por la abogada Olivia Aguirre Bonilla, la directiva acudió a las instalaciones del Juzgado Octavo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos para formalizar el recurso de apelación contra la resolución emitida el pasado 29 de mayo dentro del expediente 996/23.
El documento solicita que un tribunal de segunda instancia revise el fallo que favoreció al exestudiante, quien demandó al colegio por daño moral y afectación a su proyecto de vida tras ser expulsado en 2022.
La controversia surgió luego de que alumnas del plantel señalaron al entonces estudiante por presuntas conductas de acoso y hostigamiento sexual. La escuela determinó su separación y posteriormente el exalumno promovió una demanda civil, argumentando que la decisión afectó oportunidades académicas, entre ellas su ingreso a una universidad en Estados Unidos.
De acuerdo con Aguirre Bonilla, la apelación será enviada a una sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, donde un magistrado analizará los agravios expuestos por la defensa.
“Se interpuso ya el recurso de apelación ante el Juzgado Octavo Civil por Audiencias y posteriormente se turna a una sala, es decir, con un magistrado o magistrada que resolverá este recurso atendiendo a los agravios que expusimos a lo largo de esta apelación”, explicó.
La litigante indicó que el recurso supera las 60 cuartillas y plantea presuntas violaciones a derechos fundamentales durante el proceso judicial.
Agregó que solicitaron que el caso sea revisado con perspectiva de género y de la infancia.
“Buscamos que se marque un precedente de que no se puede tolerar la violencia de género dentro de las instituciones educativas”, señaló.
La defensa estimó que la resolución podría emitirse en un plazo de tres a cuatro meses, aunque reconoció que dependerá de la carga de trabajo de la sala a la que sea asignado el expediente.
“Esperamos que revisen el caso de manera minuciosa y exhaustiva, porque es un expediente grande y existen varios agravios que deben analizarse”, comentó Aguirre Bonilla.
Durante la conferencia de prensa, Súchil Peña rechazó versiones que atribuyen la presentación de la apelación a una nueva estrategia jurídica. “Siempre hemos tenido asesoría jurídica. El trabajo de nuestro abogado ha sido impecable”, afirmó.
Indicó que, tras la sentencia, han recibido apoyo de abogados particulares, exalumnos del colegio que ejercen la profesión y personal relacionado con el sector educativo.
También señaló que la Subsecretaría de Educación Zona Norte les ha brindado orientación y recomendaciones jurídicas.
La directora sostuvo que el instituto no tiene vínculos partidistas, aunque reconoció el respaldo público de la diputada local Xóchitl Contreras, quien revisó información del caso junto con abogados de su equipo.
Respecto a la operación del colegio, aseguró que la matrícula no ha disminuido y que padres de familia han expresado respaldo a la institución desde que se conoció la sentencia.
“No va a cerrar”, reiteró.
Añadió que incluso han recibido solicitudes de ingreso de nuevos estudiantes y afirmó que el plantel mantendrá sus protocolos internos de actuación.
“Vamos a reforzar nuestros protocolos internos. No vamos a dejar de hacer lo que nos corresponde como institución educativa”, dijo.
Súchil Peña también rechazó que la escuela haya intentado afectar el futuro académico del demandante. Explicó que docentes del plantel elaboraron cartas de recomendación en inglés y español para apoyar su proceso de admisión universitaria en el extranjero.
Finalmente, sostuvo que el enfoque del caso debe mantenerse en la protección de las alumnas involucradas y en la seguridad dentro de los espacios educativos, mientras esperan la resolución que emita el Tribunal Superior de Justicia del Estado.
