Chihuahua, Chih.- En el estado de Chihuahua hay 14 mil 747 infantes violentados, contabilizados desde el 1 de enero de 2023 y hasta el 31 de mayo de 2026. La niñez está medida por carpetas de investigación que recaban los testimonios de menores de cero a 11 años que atravesaron por una situación.

En el estado ser niña es el doble de peligroso, según revela la información proporcionada por la Fiscalía General del Estado (FGE), ya que de los pequeños violentados, nueve mil 199 son mujeres, cinco mil 521 hombres y hay 27 expedientes que no especifican el sexo.

Agresión familiar, maltrato, violaciones, abuso sexual y homicidio, entre los delitos a los que están expuestos

Los delitos tipificados y contabilizados muestran que contra el cumplimiento de la obligación alimentaria hay 4 mil 360 menores; de violencia familiar, tres mil 846; por abuso sexual son dos mil 449; violación, mil 355; retención o sustracción, 768; de omisión de cuidados hay 407; por lesiones (dolosas e imprudenciales) son 359.

Además de maltrato infantil (169), daños (dolosas e imprudenciales) (140), abuso sexual (138) y el resto de los delitos (756).

Ciudad Juárez encabeza la lista con seis mil 663 casos, seguido de la capital con cuatro mil 221, Cuauhtémoc con 836, Hidalgo del Parral con 813, Delicias con 393, Nuevo Casas Grandes, 233, Guerrero con 120, Camargo, 119, Meoqui con 108, Ascensión, 106 y el resto de los municipios con mil 135.

Cada uno cuenta con un folio, una fecha y una historia que el Ministerio Público investiga; sin embargo, hay un delito que no se nombra, que no deja expediente y que termina con casas abandonadas y escuelas sin estudiantes en la Sierra Tarahumara.

En los municipios de la región noroeste la violencia se traza con balaceras. El desplazamiento forzado ha dejado a miles de menores de edad sin la posibilidad de estudiar debido a que al llegar a otro sitio no hay cupo, no hay papeles o hay miedo a inscribirlos.

Según datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) seis de cada 10 niñas y niños desplazados en el país interrumpen su ciclo escolar; la mayoría no regresa, rompiendo así su proyecto de vida.

“Nos salimos de nuestras casas por la guerra. Escuchábamos balazos y yo tenía mucho miedo”. “En esa ocasión no dejaba de llover, sólo que no era agua lo que llovía, eran balas y lágrimas”. “Lo que más extraño de mi casa es poder ir a los arroyos, al monte y jugar con los animalitos”, esas fueron algunas de las palabras que esta casa editora documentó en una visita a Parral y Delicias –junto con organismos locales, nacionales e internacionales- donde había varios bebés, niñas, niños y adolescentes de Sinaloa, Durango y de la zona serrana que fueron obligados por el crimen organizado a dejar sus viviendas.

Aunque el Congreso del Estado aprobó por unanimidad la tipificación de este delito, las víctimas no existen en la estadística.

No hay un registro oficial de cuántos menores tuvieron que huir de sus comunidades porque matar, reclutar o amenazar se volvió rutina.

Ellos compartieron las historias de terror por las que tuvieron que pasar. La psicología Karina Baltazares Mentado, quien trabaja directamente con este sector de la población, escuchó todas las vivencias y realidades que atraviesa este sector de la población.

“Nos tuvimos que venir todos; extraño mucho mi casa, mi escuela y a mis amigos. Aunque bueno, aquí he hecho otros amiguitos que también viven aquí por la guerra”, dijo otra de las niñas.

-¿Vas a la escuela?- “pues no he podido ir porque mi mamá no tiene dinero para la colegiatura ni para mi uniforme y como nos vinimos sin nada, tampoco me aceptaron porque no tengo mi acta de nacimiento ni un solo documento”.

Otra de ellas dijo “a mí me gusta mucho pintar, pero no hay dinero para comprar colores”.

Personas que participaron en la observación gestionaron unas crayolas y unas hojas blancas en las que las y los pequeños dibujaron flores, corazones, así como sus casitas de madera rodeadas de árboles y animalitos.

“Nos salimos de nuestras casas por la guerra. Escuchábamos balazos y yo tenía mucho miedo. Lo que más extraño de mi casa es poder ir a los arroyos, al monte y jugar con los animalitos”

Niña, Víctima de desplazamiento forzado

Las infancias no son las únicas que padecen esto; también hay mujeres adultas, jóvenes y hombres afectados.

En lo que respecta a la zona serrana, la mayoría son de Baluarte, Rancho de Enmedio, Guadalupe y Calvo, Atascaderos, El puerto de Ojuelos, Santa Rosalía de El Carrizal, Baborigame y El Vergel.

Además, algunas víctimas tienes dos o tres meses desplazadas, pero otras están así desde el 2013.

“Muchas familias se salieron también porque ya no había mandado, no teníamos qué comer y no había opción.

Era el miedo de que se tiraran entre ellos, entre los dos grupos criminales que operan en la Sierra. Cuando el Gobierno va ellos se salen; yo digo que el Gobierno está con ellos porque siempre saben cuándo esconderse”, refirió la madre de uno de los niños.

La mayoría de los afectados no ha puesto denuncia debido al temor.

“No hemos denunciado ante el Ministerio Público por miedo, ya no sabe uno si el Gobierno está coludido con ellos. Algunos denunciaron y luego luego supieron quién los había señalado”.

Independientemente del sexo y edad, todas las personas comparten un mismo sentimiento: sentirse ignoradas, invisibilizadas, discriminadas y desatendidas.

UNA CRIANZA AFECTADA

De acuerdo con Karina Baltazares Mentado, quien además de ser psicóloga es antropóloga e investigadora de los impactos en la crianza del desplazamiento forzado, este tipo de casos han generado una serie de afectaciones entre las víctimas.

“Uno de los impactos más fuertes que identificamos fueron los vínculos de las personas adultas con los niños, niñas y adolescentes. Observamos cómo el desplazamiento no solamente tiene que ver con que las personas dejaron sus territorios sino que además, hay toda una violencia estructural”.

En ese mismo sentido, dijo que aunque las autoridades han brindado algunos apoyos, estos no han sido suficientes.

“Hay una lucha histórica en estas familias quienes han intentado proteger el territorio durante años y que han tenido que salir para salvar su vida.

Muchos desplazamientos son porque algo pasó en el lugar en el que vivían; puede ser el homicidio de algún familiar, la desaparición de alguien; la violencia sexual contra las mujeres y niñas -que eso es algo de lo que tampoco se está hablando-, además de la depresión y la ansiedad que las personas afectadas muchas veces no saben cómo nombrarlo”.

Aunado a eso, la experta en este tema dijo que la violencia no acaba al llegar de un sitio a otro.

“Existen otras violencias como la discriminación, la precarización, el miedo a ser interceptados por estos grupos criminales. Les cambia completamente la vida y ahí es cuando hablamos también de un despojo cultural”.

De igual forma, Baltazares Mentado externó que en estas situaciones siempre está presente la nostalgia por lo que se tuvo y que ya no se tiene aquí.

“Creo que es importante también identificar que eso que tenían en sus territorios -a pesar de la violencia que existía-, de alguna manera les garantizaba cierta autonomía.

Por ejemplo, ahí los hombres eran campesinos y/o agricultores; las mujeres también sembraban y cuidaban a los animales. Los niños y las niñas de alguna manera también tenían ahí su actividad, tenían su trabajo”.

Entre las cosas que los más pequeños hacían están las ollitas de barro y los cantaritos.

“Toda la convivencia se pierde cuando se despoja. No solamente es lo que la gente aprende y sabe en su territorio. Va más allá ya que, la enseñanza de esos saberes es lo que permite vincular a las personas adultas con los niños y las niñas porque cuando les enseñan cómo sembrar, cómo barbechar la tierra y cómo cosechar, no solo les están enseñando eso, sino que se están relacionándose con los niños y con las niñas; pero también les están enseñando una filosofía de vida y a colaborar con la familia y es cuando dejan de vincularse desde esas formas de crianza”.

Otras de las cosas referidas por la psicóloga fue que las personas adultas también desconocen cómo caminar en la ciudad cuando está repleta de autos.

“Nos han contado que quienes llegan aquí a la ciudad se pueden llegar a perder. Ha habido personas que han sido atropelladas. El cambio es todo un proceso para los niños y niñas, pero también para las personas adultas”.

Por lo anterior, muchos prefieren el encierro –una especie de encapsulamiento-.

“Las personas pasan de estar en un espacio como la Sierra lleno de árboles y cerros a vivir en cuartitos pequeños y ese es otro de los impactos emocionales generando insomnio, pérdida de apetito, ansiedad por el miedo constante y depresión.

A eso se le suma la impunidad y la lucha constante de una vida digna”, señaló la antropóloga.

DERECHOS VULNERADOS

El desplazamiento forzado no rompe sólo un derecho. Por eso el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) lo llaman "violación múltiple y continua de derechos".

Además, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Ada Miriam Aguilera Mercado externó que cuando una niña, niño y adolescente es víctima de algún delito se vulnera en principio su derecho a la protección a la cual debe tener acceso de forma prioritaria y por consiguiente se abre la puerta a la vulneración de diversos derechos dependiendo del delito del que haya sido víctima.

Entre los derechos arrebatados están a vivir en familia, ya que esta se fractura para sobrevivir.

A la educación, al tener que abandonar la escuela de su comunidad; la salud y seguridad social dado a que pierden consultas, vacunas y tratamientos, además de que en algunos casos llegan con desnutrición, trauma, enfermedades no atendidas. Derecho a una vida libre de violencia: huyen para encontrar otra como discriminación en escuelas, explotación laboral infantil, violencia en albergues y riesgo de reclutamiento en zonas urbanas.

“Salen de la violencia del narco y caen en violencia estructural del Estado que no protege”.

También el derecho a la vivienda digna, pues pasan de su casa a cuartos rentados con más de 10 personas, albergues improvisados o la calle.

Al nivel de vida adecuado para su desarrollo, pues pierden patrimonio, tierras, animales, fuente de ingreso, y al acceso a la justicia, al no poder denunciar por miedo, entre otros.

“Muchos desplazamientos son porque algo pasó en territorio, ya sea homicidio de algún familiar, desaparición de alguien; la violencia sexual contra las mujeres y niñas es algo de lo que tampoco están hablando. La depresión y la ansiedad muchas veces no saben cómo nombrarlo”

Karina Baltazares Mentado, Psicóloga, antropóloga e investigadora

Según los organismos, el Estado Mexicano le falló a las familias y comunidades de la Sierra Tarahumara y de acuerdo con cifras estimadas, -ya que no hay un censo oficial-, entre reportes de organizaciones civiles y medios de comunicación calculan que en 2021 hubo un total de 500 personas desplazadas, mientras que para el 2025 estiman más de mil 500 personas.

Esto significa que el número de víctimas es el triple y que en 2026 el de personas afectadas sigue en aumento.

El desplazamiento forzado interno en el estado de Chihuahua comenzó desde hace más de una década. En 2008 registraron los primeros casos en la región de Baborigame.

Luego comenzó el asedio, amenaza y asesinato a defensores de la tierra, territorio y medio ambiente, desplazando a sus familias e incluso a otras personas de sus comunidades.

Las víctimas han narrado cómo siguen siendo criminalizadas por un sistema gubernamental y judicial que no toma en cuenta su contexto ni su historia y termina revictimizándolas, aun cuando está obligado a protegerlas y que además, lejos de cumplir con su deber constitucional de proteger a la población chihuahuense, los gobiernos municipal, estatal y federal han mantenido un quiebre político, vulnerando aún más a las comunidades indígenas.

Los organismos han sido enfáticos en que el Estado Mexicano en todos sus niveles ha negado mediáticamente la existencia de esta problemática en Chihuahua, con la esperanza de que desestimando los eventos, criminalizando a las comunidades y difamando a las personas y organizaciones defensoras el tema quede en el olvido, al igual que las personas, familias y comunidades que no han atendido.

Es así como el estado de Chihuahua ya contó 14 mil 747 infancias vulneradas, con folio, fecha y nombre, pero sin contabilizar a las que se fueron y hoy faltan en las aulas de la sierra porque su familia eligió huir antes de morir.