Chihuahua.- Desde la noche del jueves circuló el proyecto de dictamen entre los integrantes de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política Electoral, mediante la cual -con cambios menores- avalan la propuesta de reforma electoral enviada apenas el miércoles por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Morena tiene mayoría simple en dichas comisiones unidas, por lo que el proyecto sería avalado sin problema el próximo martes, cuando podría reunirse, al cumplirse los cinco días establecidos para la sesión.
El diputado federal Alejandro Domínguez, confirmó la veracidad del documento circulado a los integrantes de las comisiones; el también presidente del PRI en Chihuahua, forma parte de la Comisión de Puntos Constitucionales, de la cual es secretario.
Dicha comisión tiene 43 integrantes en total, de los cuales 24 son de Morena, 6 del Verde, 4 del PAN, 3 de MC, 3 del PRI y 3 del PT. La Comisión de Puntos Constitucionales es encabezada por Leonel Godoy, de Morena.
De acuerdo con un análisis realizado por El Diario, el dictamen presentado como proyecto, para ser votado en Comisiones, es casi idéntico a la propuesta de reforma de la presidenta Sheinbaum.
Las Comisiones Unidas determinaron que la iniciativa es una actualización constitucional "necesaria y razonable", resolviendo aprobarla en sentido positivo bajo los mismos ejes planteados en el proyecto, que son los de austeridad, representatividad y participación directa.
El dictamen ratifica la reducción del financiamiento público ordinario a los partidos del 65% al 48.75% del valor de la UMA; avala la eliminación de las 32 senadurías plurinominales, reduciendo el Senado a 96 integrantes, y el cambio en la asignación de las 200 diputaciones de representación proporcional, 100 para "mejores perdedores" distritales y 100 por listas regionales.
Asimismo, incorpora la propuesta de que los cómputos distritales inicien la misma noche de la elección, en cuanto se reciba el primer paquete electoral.
Aunque el dictamen sigue la línea de la presidenta, las Comisiones Unidas precisaron elementos técnicos. Mientras la iniciativa propone el uso de tecnologías para el voto en consultas populares, el dictamen de las CU añade una disposición expresa indicando que "las leyes establecerán lo conducente para hacer efectivo lo dispuesto en la presente fracción", delegando la operatividad técnica a la legislación secundaria.
El dictamen enfatiza mecanismos de coordinación institucional que no estaban tan detallados en el cuerpo inicial, estableciendo que las autoridades de seguridad, procuración de justicia e inteligencia financiera deben proporcionar información al INE para salvaguardar la integridad de los registros de candidaturas.
También, se ratifica la prohibición total de aportaciones en efectivo y la obligación del sistema financiero de reportar diariamente las operaciones de los partidos al INE e incorpora al texto constitucional la obligación de los partidos de garantizar espacios para grupos históricamente subrepresentados, basándose en criterios poblacionales y territoriales para asegurar una representatividad genuina.
El proyecto de dictamen incorpora plazos fatales para la adecuación normativa, tal y como lo presenta la iniciativa en su versión original. El Congreso de la Unión deberá aprobar las reformas a las leyes generales, como la LGIPE y la LGPP, a más tardar el 15 de mayo de 2026.
Señala que el envío cotidiano de reportes financieros al INE por parte de las instituciones bancarias deberá iniciar formalmente el 1 de septiembre de 2026 y que las remuneraciones de los servidores públicos del INE, OPLES y tribunales deberán ajustarse al tope del salario presidencial a partir del ejercicio fiscal 2027.